TAMBIEN URGE UNA SALIDA DEMOCRATICA PARA LA SOCIEDAD CIVIL CHILENA.
Quisiera contribuir con
algunos elementos adicionales, para la discusión que plantea el excelente
artículo de Raúl Zibechi en La Jornada de México.
(http://www.jornada.unam.mx/2013/04/05/index.php?section=opinion&article=020a2pol&partner=rss ) Como lo he hecho por algunos años, visité a los presos
políticos Mapuche en la cárcel de Angol para la reunión mencionada por Raúl
Zibechi (era un acto de apoyo a la lucha llevada en la forma de huelga de hambre de los presos políticos Mapuche por sus derechos fundamentales) Luego retorné en Febrero y Marzo a Angol y visité también a los presos de Concepción, Temuco y
Valdivia donde se han encarcelado en forma ilegal, ilegítima, violenta y con una falta de
respeto inaceptable contra el pueblo Mapuche y sus autoridades. Varias han sido las organizaciones de Derechos Humanos que han participado en estas acciones. Entre ellas, la Comisión Ética Contra la Tortura, Pastoral Mapuche, Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico y el apoyo directo o indirecto de la gran mayoría de ellas, todas en busca de procesos de justicia para el pueblo Mapuche. Por ello mismo, el gobierno actual, como lo hiciera su inspirador histórico -el dictador Pinochet- agita la bandera de un complot terrorista de extranjeros, con grupos de Derechos Humanos y pueblos indígenas "contra el Estado de Chile".
Ante la exigencia histórica
de democratización, resolución de los conflictos impuestos por el Estado al
pueblo Mapuche y de acuerdo a los tratados firmado de respetoa los derechos de
los pueblos indígenas y del Convenio 169 de la OIT,
El Estado chileno, debe comprometerse en forma inmediata y
efectiva:
* Suspensión de la "guerra sucia" que se practica
contra las comunidades, en las que se trata de amedrentar, dividir, encarcelar
y empobrecer aún más la calidad de vida del pueblo Mapuche. Los allanamientos y
asaltos militarizados deben terminar por su carácter ilegal, ilegítimo y porque
viola los tratados mencionados al inicio de este documento. Las fuerzas
represivas, de donde ellas provengan deben ser controladas en su agresividad y
las órdenes de posibles actos judiciales deberán ser determinados por
procedimientos que se acuerden entre el pueblo Mapuche y el gobierno. Esto,
especialmente si se considera que la autodeterminación del pueblo mapuche es un
proceso que se viene delineando como preferible en estos momentos y que debe
ser respetado. El gobierno chileno, en sus diferentes versiones, defiende los
intereses de los sectores más agresivos económicamente que incluyen el uso de
la fuerza militarizada, los encarcelamiento, el uso de juicios violatorios de
los principios judiciales más elementales. Por cierto que el camino en el que está embarcado el Estado chileno y sus poderes económicos y fácticos solo llevan al empeoramiento de esta situación impuesta en dictadura y reforzada en una pseudo democracia o "dictablanda". La violencia represiva defensora del lucro por una ínfima minoría no
es salida ni solución aunque esta sea la única que ofrece el Estado chileno.
La mentalidad dictatorial prevalece en quienes ejercen el poder social real
actual. La sociedad chilena mira a las posibles direcciones que pueda
necesitar. De seguro las movilizaciones actuales buscan soluciones reales y no
aceptarán una mayor violencia represiva para defender un modelo inaceptable.
* Parar y desautorizar las autorizaciones que el Estado está
entregando a las empresas forestales para aumentar las superficies de
explotación comerciales que violan el Convenio 169 de la OIT, destruyen el
medio ambiente e impiden que se desarrollen las políticas de devolución de
tierras que fueron parte de despojos históricos y también recientes. El proceso
de reparación debe incluir apoyo técnico, financiero y legal, en los términos
que el pueblo Mapuche determine (i.e., considerar el derecho de la propiedad
colectiva). La paz no se construye violando los derechos fundamentales de un
pueblo: el Estado no puede esconderse detrás de un sistema legal basado en una
Constitución ilegítima, hecha en dictadura y que se pretende democrática cuando
actúa en forma represiva y anti-democrática. El uso de un sistema de
"Apartheid a la chilena" debe terminar y se debe hacer un sistema de
apoyo que incluya una discriminación positiva (es decir, de otorgar un apoyo
preferencial) en todos los campos sociales de profunda pobreza secundaria a las
inmensas violaciones y exclusiones que se han llevado adelante contra el pueblo
Mapuche por las políticas de Estado mencionadas.
* Los despojos de tierras hechos durante la dictadura y en
gobiernos de la post dictaduras -por cualquier mecanismo que hayan sido hechos
(compras ilícitas, desalojos, entrega de tierra en comodato a empresas
forestales o privados no mapuche, remates por deudas hechos por bancos y
empresas financieras, entre otras, deben ser anulados y el Estado debe
comprometerse en forma clara y respetada para que se les entregue el apoyo técnico,
financiero y humano que se requiera y en acuerdo con el pueblo Mapuche.
* Los encarcelamientos actuales deben terminar y una ley de
liberación de todos los presos políticos mapuche debe llevarse adelante,- esta
debe reconocer los montajes que se han usado con criminalización e imputaciones
falsas y con las que se han justificado los contínuos encarcelamientos cada vez
que el pueblo Mapuche plantea el respeto de sus derechos como pueblo. Con la
colusión de los Poderes del Estado -Ejecutivo, Judicial y Legislativo-
establecida por la dictadura y, en una colusión adicional al mal llamado
término de la dictadura, -la de los partidos políticos para la mantención del
modelo socio-económico impuesto por la fuerza- Chile quedó encerrado en un
sistema pseudo-democrático con el que justifica el empobrecimiento creciente de
la socieda chilena que se esconde detrás de las enormes fortunas especulativas
e inmorales que se obtuvieron en dictadura y que siguen presentando como
"el éxito del modelo chileno". Una farsa que debe ser denunciada y
terminada. LA URGENCIA DE UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE ES UN PASO QUE PERMITIRA
AVANZAR EN ESA DIRECCION. La electoralización ciega actual, cuyo diseño solo
permite mantener el mismo modelo represivo y una injusticia socio-económica inaceptable
debe ser repudiada: Una nueva Constitución es parte del camino de esta paz
necesaria para resolver los graves problemas de el país entero.
* Se debe priorizar un
camino de paz, justicia real que incluya la reparación y el establecimiento
urgente de una justicia por los crímenes sufridos por el pueblo Mapuche . Debe
respetarse y reconocer las caracterísitcas de este pueblo. El sometimiento
histórico a la represión y a la exclusión exige medidas de sociales mayores de
reparación, basadas en su cosmovisión y principios sociales y humanos para la
autodeterminación de su pueblo, en sus propios términos. Como lo han venido
proponiendo diversos foros y organismos internacionales y lo exige el pueblo
Mapuche y la sociedad civil chilena.
José Venturelli, Pediatra
Vocero del Secretariado Exterior de la Comisión Ética Contra la Tortura (Chile)
Vocero Internacional del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile
Vocero del Secretariado Exterior de la Comisión Ética Contra la Tortura (Chile)
Vocero Internacional del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile
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