Grave maltrato de una
niña mapuche y su padre
Comunicaciones
ANIDE
Una
grave situación de violencia policial contra una niña mapuche de 12 años
y su padre denunció el Instituto Nacional de Derechos Humanos en
una querella criminal presentada ante el Juzgado de Garantía de Angol. Britany
Cariqueo Loncomilla, de 12 años, y su padre, José Osvaldo Cariqueo Saravia, lonko de la comunidad Cacique José Guiñón,
comuna de Ercilla, son las víctimas de este episodio que incluyó golpes,
tortura y detención en un recinto no oficial.
La querella criminal que interpuso Lorena
Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, fue
presentada ante la justicia civil, pero el juez la derivó de inmediato a la
justicia militar. Y aunque a los pocos días revirtió su decisión, al cierre de
este informe aun no se realiza ninguna de las diligencias solicitadas. Todo lo
cual, incluyendo un posible conflicto de competencia con la justicia castrense,
permiten suponer para el caso una tramitación larga y tortuosa,
Los hechos denunciados se remontan a las
manifestaciones protagonizadas por comuneros el 5 de diciembre de 2013 tras la
lectura del fallo condenatorio dictado por el Tribunal Oral en Lo Penal de
Angol contra tres jóvenes mapuches en el juicio por el asalto y asesinato de
Héctor Gallardo Aillapán. En esa ocasión, la violenta intervención de
carabineros concluyó con un saldo de 14 detenidos, entre ellos el lonko José
Cariqueo y su hija, estudiante de 12 años. De acuerdo con el texto de la
querella, fueron aprehendidos en la vía pública mientras abordaban un
vehículo para volver a su comunidad y llevados a una “casa institucional de
carabineros (…) que no es un lugar de detención” y donde por alrededor de 45
minutos “fueron víctimas de aplicaciones de tormentos o apremios ilegítimos,
tanto físicos como mentales por parte de los funcionarios de carabineros”.
El lonko Cariqueo declara que fue detenido de
manera violenta por carabineros que lo arrastraron por la calle y lo ingresaron
al inmueble institucional en medio de golpes e insultos procaces y racistas.
Agrega que en el interior del recinto fue esposado con las manos en la espalda
y mientras se encontraba en el suelo fue objeto de una brutal golpiza en la que
participaron “también mujeres, y no eran de fuerzas especiales”. “Después,
cuando se ensañaron conmigo, me quemaron el pelo con el encendedor, yo sentí el
olor a quemado, yo no sentía nada, estaba mi cuerpo adormecido, convencido en
ese momento de que yo iba a morir…”, señala el lonko. Menciona a un oficial entre los
autores de los golpes y los insultos.
Britany Cariqueo fue también detenida y
llevada a la “casa blanca” donde “me tenían dos carabineras y me trataban con
groserías, me daban cachetadas”. Agrega que alcanzó a ver que propinaban
puntapiés a su padre y que a ella le sacaron sangre de narices y la obligaron a
limpiar la sangre que escupió en el suelo.
En las declaraciones de padre e hija llama
la atención el elevado grado de animosidad y racismo contra el pueblo mapuche
expresado contra en los insultos y amenazas que dicen haber recibido de los
funcionarios policiales. La constatación de lesiones realizada en la Comisaría
de Angol por el médico Cristián Aguilera, en presencia de la defensora regional
Bárbara Katz, determinó en el caso de José Cariqueo “contusiones esquimóticas
en diversas partes del cuerpo” e incluye fotografías de esas lesiones. En
cuanto a la niña, se constató “contusión en labio superior y restos de
sangramiento”.
La situación, afirma el INDH,
configura la hipótesis de tortura tanto física como sicológica y destaca
que se ejecutó en un lugar que si bien es una edificación institucional
de carabineros, no es un recinto de detención. El escrito de la querella
acompaña abundante argumentación fundada en la legislación penal chilena y en
convenios e instrumentos internacionales referidos a derechos humanos, derechos
indígenas y derechos del niño.
En el tribunal de Angol, la querella
permanece paralizada. Marcos Rabanal Toro, abogado patrocinante, explica que la
acción fue presentada el 26 de enero y que el juez de Garantía prácticamente de
inmediato decidió declarar su incompetencia por tratarse de una denuncia
dirigida en contra de funcionarios de Carabineros. Fue presentado entonces un
recurso de reposición demostrando con precisos antecedentes lo arbitrario de la
resolución, tras lo cual el Tribunal modificó su postura declarándose
competente. Mientras tanto, el escrito de la querella había sido enviado ya a
la Fiscalía Militar y sólo hace algunos días retornó al Juzgado de Angol
y hasta el cierre de este informe “no fue proveído en su mérito”, lo que
implica que no se ha ejecutado ninguna de las diligencias investigativas
solicitadas. Sin embargo, ya el 6 de marzo el fiscal militar de Angol había
informado de la querella al Juzgado Militar de Valdivia recomendando trabar la
competencia.
El hecho de involucrar como víctima a
una niña indígena de 12 años implica la absoluta condición de que el caso sea
tramitado por la justicia civil. Sin embargo, la investigación solicitada por
el Instituto Nacional de Derechos Humanos hasta el momento no ingresa al curso
de tramitación que establece la ley.
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