Wednesday, March 23, 2011

Terrorismo de Estado y un Juicio que nos llena de vergüenza.

El fraude judicial contra el pueblo Mapuche.

No queda duda alguna sobre el carácter político de la represión contra los presos políticos mapuche: El Estado chileno y el gobierno, sigue manteniendo presos a los dirigentes mapuche. Ese es su único objetivo: impedir el derecho a rebelarse contra las continuas y constantes violaciones de sus derechos fundamentales. Estas han sido hechas por los sectores más amplios, que van desde el silencio presidencial culpable (él posee tierras mapuche reconocidas como Mapuche) hasta el silencio de empresarios que se benefician con este saqueo del pueblo mapuche.

Que el tristemente célebre Fiscal Andrés Cruz tuviese a su lado nada menos que un “representante legal privado” –una especie de fiscal privado de las forestales en el juicio de Cañete y que este le ayudara a establecer condenas inmorales contra el pueblo Mapuche no es algo aceptable ni justo, aunque se hagan los desentendidos los jefes de la justicia y las autoridades de gobierno. Es inmoral y es un crimen social.  Los mapuches luchan por los derechos violados por las mismas forestales que los persiguen y que el gobierno apoya: esto demuestra las características de un Chile pretencioso, injusto y falso. Las penas impuestas no son justas: pretenden intimidar a todo el pueblo mapuche y a todos los que se atrevan a disputarle al Estado su rol protector de quienes se creen dueños del país. La participación “legal” de empresarios en los juicios cierra el círculo de robos históricos, uso de un sistema legal para encubrir dichos robos y un enorme aparato represivo en el que los jueces han permitido que dichos juicios sean absolutamente ajenos a las normas más elementales de los derechos de los detenidos. Jueces prevaricadores y militantes de un Chile aún antidemocrático, dijeron los observadores internacionales.  El Estado crea miedo y enemigos por todos lados. El Presidente ha llegado a decir que “es bueno que se le tenga miedo a los cuerpos policiales”. ¡Qué vergüenza!
Los juicios, hechos al cabo de dos años de encierros preventivos injustificados usaron montajes, tortura y, aún así, les fue imposible demostrar participación en los supuestos delitos. Al usar testigos falsos y declaraciones supuestamente comprometedoras pero sacadas bajo tortura se usa el sistema de la dictadura. Fue un Juicio Viciado, que violó todos los preceptos de un Juicio Justo y del Debido Proceso. Los observadores internacionales se horrorizaban al ver como se desenvolvía.  Ya veremos los juicios que se inician contra los presos que estaban en Angol y Temuco. ¿Será el gobierno capaz de permitir que siga esta farsa o reconocerá su profundo error?

Chile sigue violando Tratados sobre DDHH’s hoy leyes nacionales.   
Al mantener la Ley Anti-Terrorista –LAT- violamos entre otros:
·       Convenio contra la Tortura: Esta se practica y el Estado chileno no ha implementado ninguno de los aspectos clave para impedir que la tortura ocurra
·       Derechos de los Pueblos Indígenas: es la violación sistemática del Convenio 169 de la OIT que pide respeto a los pueblos indígenas y de nunca usar la violencia para intentar acallarlas. También el uso de la violencia contra las comunidades para seguir ambientando la represión continuada y producir miedo en la sociedad chilena. También violan el Convenio 169 también para favorecer inmensos créditos y liberaciones de impuestos a la industria forestal. Esto bajo gobiernos anteriores y actual.
·       Protección a la Infancia y adolescencia: En estos días se presenta ante la CIDH - Comisión de Derechos Humanos- un documento sobre la violencia institucional contra la Niñez Mapuche, la que ocurre de modo sistemático. Esta lista de 50 niños no es la primera ya que documentos similares, con otros casos, ya han sido mandados a Naciones Unidas, a Amnistía Internacional (Londres) y otros centros legales y de DDHH’s.  No es menos indignante ver a los hijos de los condenados llorar de impotencia al escuchar veredictos ajenos a la justicia, dados con voces violentas, vengativas y arrogantes. Cuando ellos lloran, el Juez se molesta y expulsa a todo el mundo de los tribunales. Una justicia que genera rabia no queremos. Queremos un país, no una cárcel.
·       Derechos de las Mujeres: hemos visto y escuchado de las bocas de mujeres y de sus niños como las madres han sido torturadas y humilladas ante sus propios ojos. En las mismas cárceles se intimida a las mujeres para que no vean a sus esposos, hermanos, hijos, padres: con violencia y humillaciones en el trato y en el chequeo corporal que se les hace. Esto le sucede allí también a niños. Lo he visto. La miseria es consecuencia inmediata del sector más pobre de Chile,. Las mujeres la enfrentan ante detenciones preventivas injustificadas y encubiertas por la LAT
·       Violación de Tratados y Convenios carcelarios: las condiciones de las cárceles donde se los ha mantenido “preventivamente” por cerca de dos años (y a muchos en forma repetida por la llamada puerta giratoria): He visto de cerca, me he reunido en las celdas de Angol con los presos políticos mapuche antes y durante la huelga de hambre. Es un lugar inhumano, de celdas hacinadas, con vidrios rotos, sin espacio ni para pararse, donde se los encierra desde las 4 de la tarde hasta la 9 de la mañana del día siguiente. Nada se respeta de las llamadas normas humanas que permiten al detenido estudiar, rehabilitarse. Sin esperanzas de juicios estos presos viven una tortura continuada, que los cuerpos de DDHH’s han condenado ya por mucho tiempo. Quieren producir zombies.
·       Han hecho del pueblo Mapuche un enemigo y lo juzgan con el derecho penal del enemigo. Vergonzoso.

Todo sucede tal como lo hizo Pinochet , que los entrenó y les dió las vergonzosas leyes que siguen usando.
Si esto es vergonzoso y una ignominia es porque el sistema Judicial entero es una vergüenza, cómplice del sistema mercenario en todos sus niveles institucionales. Quienes no crean esto, entonces, deben demostrar con la cara en alto el papel represivo e inmoral del sistema judicial: vergonzoso y a años luz de lo que la Justicia debe ser. Y cambiarlo.

La Ley Anti-Terrorista debe ser derogada ahora y no seguir jugando con ese instrumento de tortura y terror contra los activistas sociales que tratan de democratizar este injusto país.
Si tenemos justicia está deberá: libertad de todos los luchadores mapuche, reparación, uso de la llamada discriminación positiva para que el pueblo reconstruya su cultura, su vida y sus esperanzas. También deberán ser juzgados quienes han abusado de la ley y ellos mismos contribuir a la reparación que debe ser obligatoria. Establecer en el mismo proceso fechas y formas muy claras, que deben ser decididas con los representantes genuinos del pueblo Mapuche (como lo dice el Convenio 169) para la restitución de tierras, derechos y reparaciones históricas así como la asistencia técnica y fondos que restauren rápido la dignidad del país entero. Este país, supuestamente de ricos, debe dedicarse a su pueblo y a no a sus magnates que exigen represión.
El llamado atentado contra el Fiscal Mario Elgueta (victima y victimario a la vez) quien tiene enormes conflictos de interés es una opereta de mal gusto. Elgueta es íntimo amigo José Santos Jorquera, supuesta víctima de robo con intimidación”  que no reconoce a ninguno participante pero luego indica “que su sobrino se había llevó las cosas”. Este amigo no es un santo: es un conocido usurpador de tierras mapuche, además de haber participado apoyando a la dictadura en la tortura de mapuches en su “propia propiedad”. Nuevamente, no hubo participación. Pretender que cuatro asaltantes (los condenados, usando un escopeta para conejos que nunca fue demostrada ni ellos visto usarlas)) iban a media noche atacar a un fuerte contingente de 24 vehículos –varios blindados- con más de 70 miembros del GOPE y de la PDI y salir ilesos, no identificados por nadie. El Fiscal dicen que recibió un rasguño que nunca fue comprobado…

Esta misma Justicia, que inventa culpable, ante verdaderos crímenes de lesa humanidad, en esta supuesta “democracia” no hace nada. Veamos estos casos de ejemplo:
·         El menor José Huenuleo sigue desaparecido y sus raptores son carabineros conocidos aún intocables (Juan Ricardo Altamirano Figueroa, Patricio Alejandro Mera Hernandez y Cesar Antonio Vidal Cárdenas.
·         Oficiales de Carabineros como Walter Ramírez y el Mayor Marco Aurelio Treuer son también intocables por sus respectivos crímenes de Matías Catrileo (22 años, asesinado en enero 2008) y Alex Lemun (17 años, asesinado noviembre 2002) y, finalmente,
·         Jaime Mendoza Collío (24 años, asesinado en agosto 2009 por el sargento del GOPE, Patricio Jara Muñoz). Los culpables, conocidos, siguen “progresando en rango y regalías”.

La Justicia chilena, si existiese, no tendría como culpar a los cuatro prisioneros políticos mapuche. Héctor Llaitul es un trabajador social que por ser intransigente en seguir luchando por los derechos de su pueblo y ser líder de una organización que nunca han demostrado ser terrorista es criminalizado por los protectores de los criminales antes nombrados y de los empresarios dueños de Chile. “Le dan” 25 años de cárcel.  Reciben una vergonzosa condena de 20 años Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical (este último implicado por desautorizar una declaración que obtuvieran de él bajo tortura y, por ello, implicado como imputado por el fiscal Cruz.

Pero esta “Justicia a la chilena” tiene varios escollos que pasar:
La Corte Suprema, que esperamos, se ponga el manto de justicia de verdad y anule este vergonzoso juicio hecho por marionetas judiciales. Los abogados están preparando dicha apelación.
Las Cortes Internacionales, que ya han condenado a Chile como país que viola de modo sistemático los DDHH’s
Y, más importante, el repudio creciente de todos los habitantes de Chile y la lucha, justa, consecuente y necesaria para que Chile llegue a ser el país democrático y justo que necesitamos todos. No más abusos de justicias para defender a los empresarios inescrupulosos ni a los que destruyen el medio ambiente y el Mapu de todo el país.
El camino democrático exige la Derogación de la Ley Anti-Terrorista, el término del circo judicial permitido por una Constitución antidemocrática y avanzar… para poder todos decir:

¡Libertad, Justicia y Equidad al fin!

Dr. José Venturelli, Pediatra, Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura
24 de marzo del 2011

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