Más sobre la realidad de este imputado en Italia por crímenes contra la humanidad. El caso en especial es el de haber dirigido la tortura, desaparición y eventual asesinato en octubre del 1973 de Omar Venturelli. Podlech Michaud participó desde el primer día del golpe de Estado cuando se presentara en la cárcel de Temuco para dejar en libertad a los miembros de Patria y Libertad que estaban detenidos por actividades de ataques a civiles y colocación de bombas en diversos lugares como parte de la preparación del golpe de Estado.
Omar Venturelli era un ex-sacerdote, profesor de la Universidad Católica de Temuco que se presentó voluntariamente cuando fuera llamado por bandos radiales de las autoridades militares y de policía. Nada tenía que temer por tener actividades absolutamente legales y se presentó, acompañado por su padre. Pero fue asesinado. Tuve el triste privilegio de conocer a Omar en la misma cárcel. Conversamos por algo más de un día e intercambiamos impresiones. Entre ellas la calidad, tipo y saña con que fue torturado, bajo la vigilancia de Podlech mismo y de las amenazas repetidas contra su vida que éste le hiciera.
Alfonso Podlech Michaud, general en retiro del Ejército de Chile estuvo a cargo de las Cortes Marciales en Temuco y desde las que dirigió la represión ilegítima y brutal contra todos aquellos que le parecieran ser “sus enemigos”. Podlech en los juicios en Roma, donde se encuentra desde Julio del año 2008, continúa justificando sus actos porque “en ese momento estábamos en un Estado de Guerra”. Es decir, sigue usando el mismo leguaje de su “jefe”, el dictador Pinochet. Es conocido que bajo su mando se utilizó la tortura, los allanamientos violentos, repetidos contra civiles. Las desapariciones fueron muchas y éstas continúan sin ser juzgadas por la complicidad de la dictadura y de todos los gobiernos que la han seguido. Las Fuerzas Armadas, que mediante las leyes de la dictadura, especialmente luego del establecimiento de la Constitución que aún sigue en vigor, han rechazado toda posibilidad de juicios y, además, en cada posibilidad que han tenido, han atentado contra los tratados internacionales de justicia firmados por Chile. Vuelven repetidamente a tratar de indultar a los criminales de guerra. Han conseguido para estos presos todo tipo de prebendas y los cuidan en verdaderas “jaulas de oro” con acceso a todo tipo de facilidades. (Muy distinto es el trato de los detenidos Mapuche que lo son por una Ley Anti-Terrorista en la que permanecen por años en celdas inhumanas que solo pueden ser una forma adicional de tortura contra ellos. Y, además a estos les son negados los derechos más fundamentales de todo procesado. No tiene el debido proceso que Chile pretende respetar).
Podlech lleva ya casi tres años en la Cárcel de Roma y su juicio por crímenes contra humanidad se acerca a su fin. Podlech ha hecho tres apelaciones para obtener ser dejado en libertad bajo palabra y así asistir a su juicio. Aunque no es técnicamente un octogenario (tiene 75 años) la Corte italiana le otorgó la libertad en estos términos. No ha sido absuelto y debe seguir con su Juicio. La Corte pretende que no es un peligro público ni es un riego para que se puede escapar. Esto no es compartido por muchas organizaciones italianas porque los criminales de guerra en el pasado nunca han sido liberados cuando los crímenes que se les imputan son del grado de los de Podlech. Por cierto que una fuga pondría en movimiento a las policías del mundo. Teóricamente, hasta la chilena… Pero el Estado chileno no ha tenido sino actos de protección contra este tipo de individuos… Los desaparecidos por la presencia de Podlech como Jefe de las Cortes ilegítimas del Chile de Pinochet son muchos más que Omar Venturelli.
Francia, donde se acaban de hacer juicios y condenas a varios chilenos que tenían crímenes similares a los de Podlech, tiene también una petición para que Podlech sea juzgado en Francia por crímenes contra franceses durante los años de la dictadura. Tanto los juicios en Italia y Francia resultan de la absoluta falta de voluntad de juzgarlo en Chile con un mínimo de respeto por las normas jurídicas internacionales. Los gobiernos chilenos, las autoridades de las fuerzas armadas y el sistema judicial han estado unidos en esta violación a los derechos humanos. Por ello es que los juicios de criminales como Podlech es un paso hacia la recuperación de la dignidad de Chile, en el camino aún muy largo hacia un país democrático y legítimo. El trabajo que hacen los familiares de los detenidos asesinados y desaparecidos, de las organizaciones de Derechos Humanos en Chile y en extranjero, exigen que Justicia sea hecha. Estos crímenes son imprescriptibles y, por la naturaleza tan aberrante de sus crímenes, no son indultables como insisten los Jefes de las Fuerzas Armadas chilenas. El nuevo gobierno se asocia a estas actitudes en forma oportunista y sólo esconde la mano cuando el rechazo social se hace evidente.
Podlech no ha sido absuelto y es muy poco probable que pueda serlo: su Juicio ha mostrado la total incapacidad de la defensa de Podlech de mostrar alguna evidencia que pudiera ser usada para probar una débil forma de inocencia. Su carácter y absoluta incapacidad de identificar sus propios crímenes y errores lo delata: sus actos los sigue justificando en sus intervenciones en la Corte.
Todos debemos seguir mirando como evoluciona el Juicio contra este militar chileno imputado por crímenes de lesa humanidad, sin olvidar que en Chile hay muchos de ellos y que se mantienen impunes, habiendo incluso progresado en grado en sus instituciones y que han obtenido grandes ganancias. Jefes de las fuerzas armadas de estos días son reconocidos como personas que han evitado ser enjuiciados por acciones durante los años de la dictadura. Esto con el apoyo del Estado y gobiernos y, por ello, podemos decir que el proceso de Justicia aún tiene por delante mucho que demostrar. Todo lo que es la implementación de medidas incluso precautorias, como la implementación de los Protocolos contra la Tortura sigue ausente. La tortura sigue siendo usada y enseñada en la formación de las fuerzas policiales y de seguridad. El Estado debe entender que no se puede hablar de justicia y respeto de los derechos humanos sin cumplir con las normas correspondientes. Deben cambiar su hablar por un verdadero hacer.
Podlech hace resaltar nuevamente la falencia en Derechos Humanos que demostramos. Los gobiernos deben cambiar su accionar y salir de la ambigüedad histórica, especialmente cuando la orientación actual del gobierno fue apoyar políticamente al dictador justificando los crímenes contra la humanidad. Sin querer olvidar ningún crimen, no quisiera dejar de lado que durante los años post dictadura formal ya hemos tenido 60 muertos de personas que han sido parte del pueblo mapuche y de otros luchadores sociales de las más amplias áreas de la sociedad chilena. El menor José Huenuleo sigue desaparecido y sus raptores son carabineros conocidos aún intocables (Juan Ricardo Altamirano Figueroa, Patricio Alejandro Mera Hernandez y Cesar Antonio Vidal Cárdenas). Oficiales de Carabineros como Walter Ramírez y el Mayor Marco Aurelio Treuer son también intocables por sus respectivos crímenes de Matías Catrileo (22 años, asesinado en enero 2008) y Alex Lemun (17 años, asesinado noviembre 2002). Lo mismo podemos indicar con el crimen de Jaime Mendoza Collío (24 años, asesinado en agosto 2009 por el sargento del GOPE, Patricio Jara Muñoz). ¿Deben entonces los Mapuche aceptar lo que se ofrece de “Olvídense de las Tierras ancestrales, si no, recibirán balazos o cárcel”? Quienes fallecieron en estas circunstancias lo hicieron bajo el signo de los crímenes de lesa humanidad, situación que persiste y que todos, sí, cada uno de los que viven en este país, debemos erradicar para siempre. Ellos “han fallecido como consecuencia de la violencia de agentes del estado chileno al reclamar legítimamente tierras ancestrales.”
Las enseñazas dejada por el dictador y sus peones, como Podlech, han seguido en práctica y, mientras esto no sea erradicado con una práctica honesta, consistente y moralmente transparente no podremos hablar de tener un país democrático. Esto va a requerir establecer una nueva Constitución, genuinamente participativa, democrática y que se preocupe del ser humano, de todos nuestros pueblos, de ancianos y niños, de mujeres, de los detenidos, de los jóvenes y trabajadores, que busque una verdadera justicia social y equidad. Una carta magna que elimine el terror de Estado, la Ley Marcial y que sus Tribunales, que producen discriminaciones inexcusables con la Ley Anti-Terrorista usada para impedir luchas sociales totalmente legítimas. No más una Constitución que justifica todo en nombre de una diosa de esta economía de ganancias pingües para de unos pocos, de un Don Dinero que todo lo pudre y de un país lleno de injusticias sociales. Las fuerzas policiales deberían ser respetadas y no temidas, deben ser fraternales y no represivas. Deben ser democráticas, educadas y con valores éticos que aún no se vislumbran. Con autoridades que no nieguen las violaciones que continúan ocurriendo en contra de nuestro pueblo.
El Estado debe recordar que los tratados internacionales de paz, justicia, derechos humanos, el convenio 169 de la OIT y otros son obligaciones legales que incluyen a todos los poderes del Estado y a todos y cada uno de los miembros de gobiernos y fuerzas policiales y armadas. A todos. Y así, todo esto nos sirve para recordar a las víctimas y llevar a la práctica el Juicio de Alfonso Podlech en Roma. Y más aún: recordar lo que cada uno de nosotros debe hacer para que ocurra. Para recordar, deberíamos construir la Memoria Histórica. Por ejemplo, construir el Memorial de Lonquén, donde fueron asesinadas 18 personas inocentes, campesinos. Hacerlo allí, en el lugar donde el crimen ocurrió y que fuera destruido por quienes niegan los derechos humanos en este país. El Gobierno tiene la obligación de hacerlo. Para ello se necesita voluntad humana, coherencia y decisión , Señor Presidente.
Omar Venturelli era un ex-sacerdote, profesor de la Universidad Católica de Temuco que se presentó voluntariamente cuando fuera llamado por bandos radiales de las autoridades militares y de policía. Nada tenía que temer por tener actividades absolutamente legales y se presentó, acompañado por su padre. Pero fue asesinado. Tuve el triste privilegio de conocer a Omar en la misma cárcel. Conversamos por algo más de un día e intercambiamos impresiones. Entre ellas la calidad, tipo y saña con que fue torturado, bajo la vigilancia de Podlech mismo y de las amenazas repetidas contra su vida que éste le hiciera.
Alfonso Podlech Michaud, general en retiro del Ejército de Chile estuvo a cargo de las Cortes Marciales en Temuco y desde las que dirigió la represión ilegítima y brutal contra todos aquellos que le parecieran ser “sus enemigos”. Podlech en los juicios en Roma, donde se encuentra desde Julio del año 2008, continúa justificando sus actos porque “en ese momento estábamos en un Estado de Guerra”. Es decir, sigue usando el mismo leguaje de su “jefe”, el dictador Pinochet. Es conocido que bajo su mando se utilizó la tortura, los allanamientos violentos, repetidos contra civiles. Las desapariciones fueron muchas y éstas continúan sin ser juzgadas por la complicidad de la dictadura y de todos los gobiernos que la han seguido. Las Fuerzas Armadas, que mediante las leyes de la dictadura, especialmente luego del establecimiento de la Constitución que aún sigue en vigor, han rechazado toda posibilidad de juicios y, además, en cada posibilidad que han tenido, han atentado contra los tratados internacionales de justicia firmados por Chile. Vuelven repetidamente a tratar de indultar a los criminales de guerra. Han conseguido para estos presos todo tipo de prebendas y los cuidan en verdaderas “jaulas de oro” con acceso a todo tipo de facilidades. (Muy distinto es el trato de los detenidos Mapuche que lo son por una Ley Anti-Terrorista en la que permanecen por años en celdas inhumanas que solo pueden ser una forma adicional de tortura contra ellos. Y, además a estos les son negados los derechos más fundamentales de todo procesado. No tiene el debido proceso que Chile pretende respetar).
Podlech lleva ya casi tres años en la Cárcel de Roma y su juicio por crímenes contra humanidad se acerca a su fin. Podlech ha hecho tres apelaciones para obtener ser dejado en libertad bajo palabra y así asistir a su juicio. Aunque no es técnicamente un octogenario (tiene 75 años) la Corte italiana le otorgó la libertad en estos términos. No ha sido absuelto y debe seguir con su Juicio. La Corte pretende que no es un peligro público ni es un riego para que se puede escapar. Esto no es compartido por muchas organizaciones italianas porque los criminales de guerra en el pasado nunca han sido liberados cuando los crímenes que se les imputan son del grado de los de Podlech. Por cierto que una fuga pondría en movimiento a las policías del mundo. Teóricamente, hasta la chilena… Pero el Estado chileno no ha tenido sino actos de protección contra este tipo de individuos… Los desaparecidos por la presencia de Podlech como Jefe de las Cortes ilegítimas del Chile de Pinochet son muchos más que Omar Venturelli.
Francia, donde se acaban de hacer juicios y condenas a varios chilenos que tenían crímenes similares a los de Podlech, tiene también una petición para que Podlech sea juzgado en Francia por crímenes contra franceses durante los años de la dictadura. Tanto los juicios en Italia y Francia resultan de la absoluta falta de voluntad de juzgarlo en Chile con un mínimo de respeto por las normas jurídicas internacionales. Los gobiernos chilenos, las autoridades de las fuerzas armadas y el sistema judicial han estado unidos en esta violación a los derechos humanos. Por ello es que los juicios de criminales como Podlech es un paso hacia la recuperación de la dignidad de Chile, en el camino aún muy largo hacia un país democrático y legítimo. El trabajo que hacen los familiares de los detenidos asesinados y desaparecidos, de las organizaciones de Derechos Humanos en Chile y en extranjero, exigen que Justicia sea hecha. Estos crímenes son imprescriptibles y, por la naturaleza tan aberrante de sus crímenes, no son indultables como insisten los Jefes de las Fuerzas Armadas chilenas. El nuevo gobierno se asocia a estas actitudes en forma oportunista y sólo esconde la mano cuando el rechazo social se hace evidente.
Podlech no ha sido absuelto y es muy poco probable que pueda serlo: su Juicio ha mostrado la total incapacidad de la defensa de Podlech de mostrar alguna evidencia que pudiera ser usada para probar una débil forma de inocencia. Su carácter y absoluta incapacidad de identificar sus propios crímenes y errores lo delata: sus actos los sigue justificando en sus intervenciones en la Corte.
Todos debemos seguir mirando como evoluciona el Juicio contra este militar chileno imputado por crímenes de lesa humanidad, sin olvidar que en Chile hay muchos de ellos y que se mantienen impunes, habiendo incluso progresado en grado en sus instituciones y que han obtenido grandes ganancias. Jefes de las fuerzas armadas de estos días son reconocidos como personas que han evitado ser enjuiciados por acciones durante los años de la dictadura. Esto con el apoyo del Estado y gobiernos y, por ello, podemos decir que el proceso de Justicia aún tiene por delante mucho que demostrar. Todo lo que es la implementación de medidas incluso precautorias, como la implementación de los Protocolos contra la Tortura sigue ausente. La tortura sigue siendo usada y enseñada en la formación de las fuerzas policiales y de seguridad. El Estado debe entender que no se puede hablar de justicia y respeto de los derechos humanos sin cumplir con las normas correspondientes. Deben cambiar su hablar por un verdadero hacer.
Podlech hace resaltar nuevamente la falencia en Derechos Humanos que demostramos. Los gobiernos deben cambiar su accionar y salir de la ambigüedad histórica, especialmente cuando la orientación actual del gobierno fue apoyar políticamente al dictador justificando los crímenes contra la humanidad. Sin querer olvidar ningún crimen, no quisiera dejar de lado que durante los años post dictadura formal ya hemos tenido 60 muertos de personas que han sido parte del pueblo mapuche y de otros luchadores sociales de las más amplias áreas de la sociedad chilena. El menor José Huenuleo sigue desaparecido y sus raptores son carabineros conocidos aún intocables (Juan Ricardo Altamirano Figueroa, Patricio Alejandro Mera Hernandez y Cesar Antonio Vidal Cárdenas). Oficiales de Carabineros como Walter Ramírez y el Mayor Marco Aurelio Treuer son también intocables por sus respectivos crímenes de Matías Catrileo (22 años, asesinado en enero 2008) y Alex Lemun (17 años, asesinado noviembre 2002). Lo mismo podemos indicar con el crimen de Jaime Mendoza Collío (24 años, asesinado en agosto 2009 por el sargento del GOPE, Patricio Jara Muñoz). ¿Deben entonces los Mapuche aceptar lo que se ofrece de “Olvídense de las Tierras ancestrales, si no, recibirán balazos o cárcel”? Quienes fallecieron en estas circunstancias lo hicieron bajo el signo de los crímenes de lesa humanidad, situación que persiste y que todos, sí, cada uno de los que viven en este país, debemos erradicar para siempre. Ellos “han fallecido como consecuencia de la violencia de agentes del estado chileno al reclamar legítimamente tierras ancestrales.”
Las enseñazas dejada por el dictador y sus peones, como Podlech, han seguido en práctica y, mientras esto no sea erradicado con una práctica honesta, consistente y moralmente transparente no podremos hablar de tener un país democrático. Esto va a requerir establecer una nueva Constitución, genuinamente participativa, democrática y que se preocupe del ser humano, de todos nuestros pueblos, de ancianos y niños, de mujeres, de los detenidos, de los jóvenes y trabajadores, que busque una verdadera justicia social y equidad. Una carta magna que elimine el terror de Estado, la Ley Marcial y que sus Tribunales, que producen discriminaciones inexcusables con la Ley Anti-Terrorista usada para impedir luchas sociales totalmente legítimas. No más una Constitución que justifica todo en nombre de una diosa de esta economía de ganancias pingües para de unos pocos, de un Don Dinero que todo lo pudre y de un país lleno de injusticias sociales. Las fuerzas policiales deberían ser respetadas y no temidas, deben ser fraternales y no represivas. Deben ser democráticas, educadas y con valores éticos que aún no se vislumbran. Con autoridades que no nieguen las violaciones que continúan ocurriendo en contra de nuestro pueblo.
El Estado debe recordar que los tratados internacionales de paz, justicia, derechos humanos, el convenio 169 de la OIT y otros son obligaciones legales que incluyen a todos los poderes del Estado y a todos y cada uno de los miembros de gobiernos y fuerzas policiales y armadas. A todos. Y así, todo esto nos sirve para recordar a las víctimas y llevar a la práctica el Juicio de Alfonso Podlech en Roma. Y más aún: recordar lo que cada uno de nosotros debe hacer para que ocurra. Para recordar, deberíamos construir la Memoria Histórica. Por ejemplo, construir el Memorial de Lonquén, donde fueron asesinadas 18 personas inocentes, campesinos. Hacerlo allí, en el lugar donde el crimen ocurrió y que fuera destruido por quienes niegan los derechos humanos en este país. El Gobierno tiene la obligación de hacerlo. Para ello se necesita voluntad humana, coherencia y decisión , Señor Presidente.
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