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Mirando lo que sucede en Chile y con el uso de la LAT vemos que se perfila "el perfil autoritario" que Chile ofrece a quien se detenga tan solo un momento a observarlo de modo crítico. Las líneas que siguen las mandé como comentario a Radio U de Chile. ahora con ediciones menores..
Al usarse la Ley Anti-Terrorista, el estado de Chile viola sus propias firmas de los tratados de respeto a los Derechos Humanos, al Convenio 169 de la OIT, a la Tortura y a otros que indican la importancia de negociar con el pueblo mapuche y no de reprimirlos para excluirlos de la solución de una histórica violación de los derechos fundamentales de este pueblo.
Elegir la represión en Chile se hizo costumbre y quienes la aplican lo aprendieron durante la dictadura. Obviamente no tienen el nivel ético ni deocrático para dejar de hacerlo. Eso es oportunismo. La inclusión de abogados representantes de la industria forestal entre los querellantes, que son los que se benefician con la persecusión del pueblo mapuche, deja muy claro la naturaleza y objetivos del actuar del Ministerio Público.
Los tratados que se violan en Chile deben ser cumplidos por todos los funcionarios del aparato judicial chileno y el gobierno es responsable de asegurar que así sea. Pretender que puede hacer “promesas” oportunistas y no preocuparse de que estas se lleven a cabo de modo práctico y de acuerdo a las normas legales existentes es inmoral y genera luchas sociales crecientes.
El gobierno se esconde de sus responsabilidades y sigue dejando que la represión continúe como siempre. Tuve la oportunidad de ver como esto se hace en el Tribunal de Cañete, en el de Temuco donde estaban incluidos menores mapuche. Se hace con los detenidos en huelga de hambre de la cárcel de alta seguridad donde están los presos del llamado caso “bombas”, donde las únicas bombas son los montajes y manejo abusivo del sistema judicial. Los presos en Chile detenidos por su participación en luchas sociales o porque tienen enfoques ideológicos son presos políticos y sus derechos penales y procesales son violados. La criminalización de la lucha y discusión social sigue siendo castigada del mismo modo que lo hiciera el mismo dictador en su tiempo. Este gobierno lo apoyó entonces y lo venera en sus métodos, ahora. “El fin justifica los medios”: y estos eran anti-democráticos, mortales en sus resultados y enriquecieron a muchos de los que lo celebran. Lo que sucede con la industria minera, forestal, no se aparta de estas mismas tedencias e intereses. Y la represión se aplica crecientemente a todos los que desafíen el Estado y sus fines mercenarios. Los niños, que terminan siendo rehenes en este contexto, no escapan a esto como lo vemos con la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vista Chile para intentar que los menores sean respetados.
La rutina represiva persiste y, como nos indica Felipe Portales, Chile se ha transformado en una “dictadura perfecta”: es decir, el país es usado para el beneficio de los pocos, la inequidad persiste, se tiene una Constitución represiva y se la aplica con fuerzas policiales entrenadas para ello. Mientras tanto, el gobierno pretende ser inocente y mantiene, ya por más de veinte años, una cara de inocencia para su tranquilidad pero que causa un desagradable sensación de abuso constante y que se perfecciona. Es mentira que quieran tranquilidad social: ésta se obtiene con justicia social, con democracia, con equidad, con respeto a todo los que viven en este país y con una Constitución legítima.
La actitud que aquí vemos es IRRESPONSBLE y DEPLORABLE.
