Del lado de la Justicia, simplemente y no de "Justicia a la chilena"

Preguntas a la Corte Suprema, sus miembros 

y a nosotros mismos. 

Hablando de un "Chile: Hacia un Estado Fallido"

Comentario de José Venturelli al articulo de Lautaro Ríos del Diario Constitucional  Jueves, 5 de mayo del 2016) www.diarioconstitucional.cl/articulos/chile-hacia-un-estado-fallido,

L Ríos, Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional. Universidad de Valparaíso.

Es un artículo que, sin lograrlo, parece intentar buscar algunos elementos de racionalidad y rescatar la ausencia de elementos razonables, justos, para detener la corrupción y el terrorismo. Sin embargo, lo hace con un sesgo muy común del propio Estado chileno, donde el pueblo Mapuche puede ser marginado, definido como terrorista sin analizar la situación real existente.

No es aceptable que el Diario Constitucional, que debe ser muy estricto en evidencias y en que la justicia debe ser JUSTA, se identifique y haga cuerpo con las ya “oleadas y sacramentadas” afirmaciones insostenibles ética y legalmente contra un Machi y luego otros Mapuche. Sólo restablece las políticas históricas racistas y anti-Mapuche.  Al referirse al terrorismo se culpa al pueblo Mapuche. El que el Estado condene sin evidencias y con sentencias sesgadas acepte una condena injusta, impuesta por un Ministro de Interior (Andrés Chadwick de abiertas actitudes racistas y apegado al sistema de valores de la dictadura y que ”no necesita evidencias” sino obediencia total, impuso dicha condena. La Corte no necesitó tampoco evidencias y aceptó un juicio sin el Debido Proceso, con testigos falsos. Muy simplistas para un cuerpo de altísima responsabilidad. Y muy clasista: al Mapuche no se le escucha ni se le respeta. Los poderes del Estado  son poderes en franca colusión y que defienden a los poderosos.

Por ejemplo, en el triste caso del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mckay, al tomarlo como ejemplo es adjudicado automáticamente al pueblo Mapuche… pero no usa los datos de la realidad sino los que el gobierno impone. No hay evidencia todavía aunque ya tienen “al culpable”… pero la familia Luchsinger-McKay no es respetada al simplemente condenar a 11 Mapuche mediante procesos donde el Debido Proceso, los testigo adecuados y las evidencias no existen. Eso no es justicia, simplemente se trata de engañar usando poder pero no la justicia.  El que hayan detenido a diez personas más, nuevamente sin evidencias y golpeando a varias familias, es muestra de que el mismo sesgo racista sigue establecido. Inicialmente el Presidente Piñera –que había declarado que se terminaba la Ley Anti-Terrorista, para este caso él exigió usar la Ley Antiterrorista. El Ministro actual del Interior, Jorge Burgos, dice “que no le temblará la mano para usar la ley antiterrorista” y mantiene una creciente represión y gastos enormes que, de ser usados en lo que son los compromisos internacionales, podrían resolver los enormes problemas y inequidad y represión contra el pueblo Mapuche. Los diversos comités de Derechos Humanos y Justicia a nivel mundial han indicado que no procede el uso de leyes terroristas contra los pueblos indígenas. Pese a ser vinculantes, sin evidencias el gobierno las mantiene para pretender mediante su violencia un falso sentido de legitimidad. El que no tiene.

No olvidemos que la legitimidad en Chile está ausente desde hace tiempo. Los ministros de la corte deben hacer “algo” y no esconderse lejos de la realidad pontificando ‘nosotros somos el poder” y que “los otros no son ni siquiera escuchables”. Deben, independientemente, porque ya van 26 años de “dictadura post-dictadura” (llamarla dicta-blanda es cada más difícil) El Tribunal Constitucional, en el caso de Agustín Figueroa, hace más de 10 años, siendo él miembro de dicho Tribunal, consiguió que se torciera la ley y así se rechazó, en su favor –a lo compadre- los juicios de inocencia emitidos antes, dos veces, contra Nicolás Pichún, Patricia Troncoso y otros. El TC forzó condenas basadas en un juicio que violaba los derechos fundamentales y, especialmente, el Debido Proceso. Diez años de cárcel, por encima de los poderes del Estado que hace de una “Constitución chilena de la dictadura” una simple farsa. Dichas condenas fueron rechazadas por el CIADH (Consejo Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica).  Chile no reparó el daño hecho por esa injusticia, nada, mantuvo los mismos patrones abusivos y aceptó esa violencia inmoral del Estado. Entonces, ¿qué papel realmente de justicia hace el Poder Judicial?

Reconocer que tenemos un Estado Fallido es importante Sin embargo, hacerlo sin considerar la necesidad de que los derechos a tener justicia debe ser para todos: pueblos originario incluidos y todos los demás, es una inconsistencia inaceptable. Como es inaceptable seguir con “justicias Militares” o “arreglada”, como lo hizo el gobierno del presidente Ricardo Lagos” en que “los crímenes económicos no se deben encarcelar”  y que, peor aún, había que esperar 50 años para que los crímenes de lesa humanidad pudieran ser revisados y juzgados. ¡Esto ejemplifica una justicia de clase!

¿“Hay que esperar por cuanto tiempo”. ¿O debemos seguir esperando que se imparta esta “justicia”, es decir,… impidiendo que se haga justicia, identificando crímenes conocidos pero sin juzgarlos, condenar según corresponda a los intereses de magnates y/o delincuentes de derechos humanos y de estafas mayores? ¿Los crímenes de lesa humanidad son o no reconocidos? Muchos hoy generales, que dirigieron masacres, fueron honrados con altos cargos altísimos y desde los que pudieron hacer estafas de todo orden y protegidos. Es decir, Impidiendo honrar la verdad, el derecho, reparación y reconciliación. Por ello se debe buscar una legítima constitución porque la actual es parte del problema y un gobierno elegido con 40% del electorado y sin el respeto de la sociedad no puede ser la base para hacer una Constitución realmente digna y democrática de la Corte para sus decisiones.

Pregunto también: ¿Cómo pueden coludirse los señores ministros de la Corte Suprema con quienes, por la fuerza y con el Decreto 701 entregado por Pinochet a su yerno, Julio Ponce Lerou "para que resolviera el asunto de las tierras Mapuches", y así vivir tranquilos? De ese modo solo aseguran a las fortunas en torno a las forestales que exigían poder explotar todo en su exclusivo beneficio. Resulta que han despojado al Mapuche del 94% de las tierras Mapuche del Wallmapu (dizque, “legal y brutalmente”).  Aunque las cifras oficiales se escondan y al Mapuche se les siga desconociendo sus derechos, su calidad ciudadana única y que debe ser respetada, su cultura, educación, idioma, visión histórico-social, debemos reconocer que ellos son sobre 1.500.000 personas. Es decir, 10 veces superiores a la población existente a inicios del siglo XX, y hoy, acorralados en ese 6% que “legalmente” la ley los encierra y reprime ¿Es posible, que en forma casi sistemática, violando las normas procesales y las claras indicaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos, de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de la obligatoriedad de proteger a estos pueblos, a su infancia, mujeres, ancianos y de la absoluta condena al uso de la violencia, de la tortura, las Cortes chilenas, -es decir, el conjunto los Ministros de la Corte- puedan hacerse ajenos al problema? Hoy aceptan las imposiciones de gobiernos represivos, sin transparencia y una seudo legalidad acomodaticia que no tienen empacho alguno en declarar TERRORISTAS a todo un pueblo y aplicarse, con arrogancia y mentiras, en apoyar, una "GUERRA SUCIA" con  condenas inmorales, y “aquí no pasa nada".

¿Cómo pueden ser tan insensibles y acusar a las víctimas y luego juzgarlos violando sus propias leyes? La incapacidad irresponsable de no honrar la verdad ni el respeto de todos y cada uno de los habitantes de Chile es la base de ese Estado Fallido. Un estado irrecuperable, mientras no se respete a todos y las leyes juzguen y castiguen a quienes corresponda, sin usar el sesgo de raza, niveles sociales o cargos especiales (banqueros, militares, marinos, carabineros o aviadores, magnates, altos empresarios, aristócratas y arribistas, etc, etc) que, en Chile han sido y se les trata de asegurar que son y seguirán intocables.

He recorrido las tierras históricas del pueblo Mapuche, sus comunidades, las cárceles inhumanas, y he visto a los torturados, muchachos menores, a los niños con balines de plomo y que el Estado se niega a atender con eficiencia. Mujeres golpeadas, llorando con sus hijos pequeños casi ahogados con gases lacrimógenos lanzados por Carabineros al interior de sus modestas casas… Todo ese sufrimiento les es impuesto porque luchan y exigen sus derechos como pueblo.  He visitado varias veces al Machi Celestino Córdova en Temuco, donde Gendarmería ni siguiera le aseguran sus derechos y ha sido desprotegido sufriendo agresiones criminales sin siquiera investigar la situación (aduciendo, por supuesto que era él, el culpable). Este Machi no es el criminal… aunque el Estado chileno, justifique el todo: lo acusan por el solo hecho de ser Mapuche, de que andaba a cerca de dos kilómetros del lugar y fue baleado, no por el Sr Luchsinger sino por bala de reglamento.  Su propia arma no fue disparada.

Fui médico en la región del WalMapu, hoy llamada Araucanía, y he seguido la opresión contra el pueblo Mapuche. Me pregunto si para los miembros de la Corte existe la obligación de conocer esa realidad y no pretender ser los oráculos que conocen todo y exigen, nuevamente, obediencia total. Hace unos años, como miembro de la Comisión Ética Contra la Tortura de Chile, me reuní con otro miembro de la misma CECT, con el Presidente de la Corte Suprema. Si bien fue una reunión cordial, el Presidente parecía no conocer la realidad que le presentamos. Prometió establecer reuniones regulares para cambiar esa realidad inaceptable. Desde entonces, no hemos tenido ninguna evidencia de corrección de esta falta tan seria para un cuerpo de justicia.

Este país no sólo está “fallido” sino que el grado de inmoralidad y la ausencia de una justicia medianamente justa -si, justa- usa una ceguera social y se aprovecha del sesgo racista impuesto en el país. Los jueces están tan lejos de la realidad... Peor aún, de la justicia elemental, humana, y del respeto social. Cuando se observa la forma como Carabineros golpean y abusan con el pueblo Mapuche (o estudiantes, Pescadores, huelguistas) y el Estado les protege con una justicia inmoral como es la Justicia Militar, es obvio que los poderes no han aprendido que es un pueblo. Violencia bruta, nunca originada en justicia, no respetable por irrespetuosa.  Sería bueno que volvieran al país real: este Estado fallido, -aún fiel a los preceptos del golpe cívico militar- es represivo, corrupto, capaz de mentir sin arrugarse, donde se hacen leyes estafadoras por estafadores instalados en el parlamento, en ministerios y pagados (mediante sobornos, coimas) en cohecho. El todo con una falta de equidad increíble que, de mirarse en un espejo lo quebrarían de vergüenza.

No es posible que el poder judicial, y la Corte sigan siendo un sello de aceptabilidad para un país injusto, inaceptable, opaco y represivo. La historia mira y juzga, señores ministros.  ¿De qué lado se van a poner? 

Espero sea del lado de la justicia, simplemente

José Venturelli, Médico, Profesor Emérito de Pediatría,

Universidad de McMaster, Hamilton, Ontario, Canadá

Residente en Canadá y Chile

Comentario fue enviado al autor, Lautaro Ríos y al Diario Constitucional