El patrimonio es el legado de nuestros ancestros, la unión de las actuales generaciones con su pasado. Es lo que nos da una identidad particular como grupo étnico o como nación.
Según la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales, son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia. Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), en la forma que determina la presente ley.
En este contexto y bajo esta normativa, en 2004, Minera Los Pelambres, propiedad en un 60% de Antofagasta Minerals, brazo minero del Grupo Luksic, presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el  “Proyecto Integral de Desarrollo”, que contemplaba, entre otros, la construcción de un mega tranque de relaves en el fundo El Mauro, Provincia del Choapa, comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo.
El proyecto fue aprobado por la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) medianteResolución de Calificación Ambiental (RCA) Nº 03 8 de abril de 2004, poniendo como una de sus condiciones que, con antelación, Pelambres debía construir un parque rupestre en Monte Aranda, al que serían trasladadas todas las piezas y materiales arqueológicos que se sacaran del fundo El Mauro. Así consta en la página 10 de la mencionada resolución 038, bajo el subtítulo “Respecto del patrimonio cultural”.
En julio de 2004, con permiso de la empresa, visité el fundo El Mauro con el objeto de hacer una propuesta de proyecto de investigación en mi especialidad: la arqueoastronomía. Recorrimos el sitio, siguiendo las indicaciones del estudio arqueológico realizado por el arqueólogo Gastón Castillo, que declaraba la existencia de un centenar de petroglifos y más de medio centenar de sitios arqueológicos.
En 10 minutos de recorrido descubrimos 10 petroglifos que no estaban en el informe, lo que dadas las características del sitio, auguraba la existencia de decenas o cientos de petroglifos más. También descubrimos sitios no declarados en el informe.
Realizada la denuncia al Consejo de Monumentos, este rechazó el informe, como indica el acta del CMN de 6 de octubre 2004 (página 18) . El CMN exigió un nuevo estudio, pero el proyecto ya estaba aprobado por la resolución 038 de la Corema (RCA Nº 038).
En 2005 se inició el nuevo estudio del sitio, esta vez con la participación de cien arqueólogos, 150 estudiantes de arqueología y con un costo de US$ 5 millones.
En solo dos meses se “descubrieron”, excavaron y removieron de su emplazamiento original 148 sitios arqueológicos, conteniendo toneladas de piezas arqueológicas y 500 rocas, que contenían alrededor de 2000 petroglifos.
El país nunca fue informado de este “mega proyecto arqueológico”. Según la RCA 038, Pelambres tenía que publicar un libro, folletos y otros elementos de difusión, que nunca realizó. La minera nunca entregó los informes del trabajo realizado y el Consejo de Monumentos nunca fiscalizó el trabajo, como lo señala la ley. Esto dos últimos hechos están acreditados en el informe de la Contraloría del 30 de mayo de 2012 .
La participación de un centenar de arqueólogos en un proyecto tan importante debió generar un número similar de artículos científicos, exposiciones, libros, etc. Sin embargo, no hay nada de eso. ¿La razón?, el proyecto fue mal ejecutado. Así en lugar de ser un triunfo de la arqueología, es hoy el maloliente cadáver bajo la alfombra.
Pero de esto no son responsables todos los arqueólogos participantes, sino solo quienes estaban a cargo, que nunca entregaron los informes finales y realizaron el trabajo aún contra lo señalado en la RCA 038, según se desprende del mismo informe de la Contraloría del 30 de mayo de 2012.
Simultáneamente con el desarrollo del nuevo estudio, se inició la remoción de petroglifos y traslado de piezas arqueológicas, pero sin haber construido el parque rupestre de Monte Aranda, único destino autorizado por la RCA 038 tanto para los petroglifos como para las piezas arqueológicas.
Desde 2005 a 2011 solicitamos reiteradamente, por medio de la Ley de Transparencia, copia de los informes técnicos. El CMN se negó siempre a entregar los informes, violando lo dispuesto en la Ley de Acceso a Información Pública.
Quien sí acogió algunas de nuestras peticiones fue la Contraloría General de la República, que en 2006 emitió el Informe Nº 19, que entre otras cosas señalaba que la minera Los Pelambres había recortado informes de la arqueóloga Dra. Andrea Seelenfreund, los que señalaban la pérdida patrimonial en caso de realizar el proyecto en ese lugar. Esto, dejó al descubierto la discrepancia entre los sitios declarados por la empresa, para la aprobación del proyecto y los posteriormente descubiertos. Pero también quedó establecido que el profesor de historia Gonzalo Ampuero, miembro de la DIBAM, miembro del Museo de la Serena y Visitador Regional del Consejo de Monumentos, aprobó el proyecto y que el CMN solo ratificó esta aprobación sin tener copia del informe, que nunca le fue remitida por el Sr. Ampuero, lo cual es ilegal.
Habiendo solicitado reiteradamente investigar el tema, la Contraloría emitió finalmente el 23 de agosto de 2010, el informe de un sumario administrativo que sanciona en resumen lo siguiente:
Tres miembros de la DIBAM trabajaron de manera ilegal para Minera Los Pelambres en los estudios de Impacto Ambiental:
1.- Cristian Becker, arqueólogo del Museo de Historia Natural de Santiago.
2.- Gastón Castillo, arqueólogo del Museo de La Serena.
3.- Gonzalo Ampuero, profesor de historia, funcionario del Museo de La Serena.
Este último en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo Regional del Consejo de Monumentos Nacionales aprobó el proyecto de Los Pelambres en el cual él participó, contraviniendo las disposiciones legales.
De los tres, solo Cristian Becker fue sancionado. Antes de la resolución sancionatoria Gastón Castillo renunció a su cargo y Gonzalo Ampuero se acogió a jubilación.
La Contraloría también sancionó a Nivia Palma Manríquez, en su calidad de directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y de vicepresidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, por no tomar medidas que impidieran estas situaciones, a pesar de conocer los ilícitos.
La DIBAM se ha negado durante años a investigar lo ocurrido en El Mauro, a pesar de estas sanciones. Esto contradice lo que la actual directora de la DIBAM ha señalado en medios de prensa al respecto.
Tras innumerables cartas a la Contraloría, entregando antecedentes concretos y solicitando investigar, este organismo me envió copia de informe DAA Nº 656/12 de fecha 30 de mayo de 2012, de Contraloría Regional de Coquimbo . Este documento deja clara la absoluta negligencia del Consejo de Monumentos y el proceder ilegal tanto de la empresa como de los arqueólogos a cargo.
En un párrafo el informe dice textualmente:  “En el mismo orden de importancia, al solicitar un mapa actualizado de los sitios y la ubicación que tenía cada bloque, ya sea rescatado o por rescatar, al Consejo de Monumentos Nacionales, éste mediante el oficio Nº 2.988, de 10 de junio de 2011, señaló que no cuenta con un plano actualizado que indique la cantidad de sitios rescatados, indicando  que dicha información será solicitada a Minera Los Pelambres”.
De los 148 sitios declarados en el Informe Nº 19 de 2006, actualmente existe información parcial de sólo 40, ignorándose toda información de los 108 sitios restantes, es decir toneladas de piezas arqueológicas no están documentadas y por lo tanto no se cabe dónde están actualmente.
Debido a la suma de éstas y otras irregularidades, la Contraloría exige al CMN realizar un sumario interno, el que debiera estar en proceso en este momento.
Lo que señala la Contraloría es de tal gravedad que le hemos solicitado a esa misma entidad, al Ministerio de Medio Ambiente y al Consejo de Defensa del Estado, investigar el posible robo y posible tráfico de piezas arqueológicas.
Esto es de extraordinaria gravedad, por cuanto este proyecto estaba bajo el control del CMN con un equipo de arqueólogos a cargo, el que tendrían parte de la responsabilidad, pues aún cuando no se hubieren apropiado de piezas arqueológicas, permitieron que éstas quedaran en bodegas, sin supervisión y no entregaron catastro detallado, ni informe final (ver fotos 1, 2, 3 y 4).
Por otra parte, los miembros de la empresa Gestión Ambiental Consultores (GAC), que realizó el estudio del Proyecto El Mauro, y que como hemos visto violó la ley, pasaron a hacerse cargo del actual Ministerio del Medio Ambiente.
Según se ha informado en medios de prensa, los miembros de GAC que ahora están en el gobierno son:
-    María Ignacia Benítez: ministra de Medio Ambiente, ex gerenta de Proyectos de GAC.
-    Ricardo Katz: dueño y gerente general de GAC, representa a los centros académicos independientes en el consejo consultivo del Ministerio de Medio Ambiente.
-    Leonel Sierralta Jara: jefe del Departamento de Recursos Naturales.
-    Ignacio Toro: director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
-    Claudia Rivera: directora Conama Coquimbo.
En carta del 20 de junio de 2012, le hemos solicitado al Ministerio de Medio Ambiente, investigar estas denuncias. También solicitamos la inhabilidad de la Ministra María Ignacia Benítez, por haber sido parte de la empresa GAC.
Nadie está en contra de la minería o del desarrollo, pero tienen que hacerse respetando la ley y haciéndose cargo de los efectos negativos sobre el patrimonio natural, ambiental y la calidad de vida de sus habitantes. Si no se modifica esta forma ilegal de proceder, un negro panorama le espera a las futuras generaciones.
Bastaría que la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, los otros órganos del Estado competentes y la justicia, investigaran a fondo, para así detener el avance de esta grave enfermedad que afecta al país y que podría llegar a ser terminal.
Toda la información expuesta está basada en informes de Contraloría y otros organismos públicos. Si en algún caso se ha cometido un error y éste es demostrado con documentos, estamos dispuestos a ofrecer las disculpas públicas correspondientes.
Mientras los antecedentes no sean presentados a la Contraloría, tenemos derecho a pedir que se investiguen estas irregularidades y se sancione a los responsables.
Las fotografías siguientes muestran el estado de los petroglifos en El Mauro, a julio de 2012, con embalajes abiertos, cajas vacías cuyos petroglifos podrían haber sido robados y trozos de petroglifos. Un tratamiento indigno e ilegal para el patrimonio nacional.
¿Cómo es posible que esto pase, en un país con una legislación que lo prohíbe?, la respuesta es bastante simple.
(*) Fotógrafo e investigador en arqueoastronomía. Diplomado UC en Conservación y Restauración del Patrimonio.