Monday, February 17, 2014

Estado de Chile usa y abusa normas de justicia y derechos humanos mediante la contratación clandestina de infiltrados y provocadores en las luchas Mapuche.

El uso de infiltrados y provocadores por parte del Ministerio del Interior y de sus agentes administrativos y locales, como son los intendente y Carabineros con sus fuerzas especiales, es muy conocido. Y eso por todos lados. Los encapuchados por los que los ministros del interior juran que justifican nuevas leyes represivas, cuando son detenidos terminan siendo de las mismas fuerzas represivas. Esto, sabemos, ha sucedido muchas veces con los estudiantes en las ciudades donde para desvirtuar en la justeza de sus luchas hacen aparecer encapuchados.

El infiltrado actual, Raúl Castro Antipán, que participó en acciones violentas y en las que él mismo reconoce su participación de infiltración, su cercano contacto con las fuerzas especiales de carabineros y el que fuera informado por los mismos Carabineros de actos violentos antes de que ellos sucedieran es prueba adicional de lo que ya se sabía. Ha participado armado y  haber disparado, reconoce desde por lo menos el año 2009. Y, por las formas como se detiene y acusa sin evidencias, esto lógicamente, sucede en diversos sectores. La enorme mayoría de los detenidos con estas intervenciones ilegales patrocinadas por el Ministerio Público y favorecidas por el Ministerio del Interior son absueltos. Y eso es parte del acoso y persecución constante contra el pueblo Mapuche. Esto es también típico dado el enorme número de detenidos sin evidencias y que deben ser liberados. Indica Castro Antipán que a él “no le pagan sueldo pero que le dan un Departamento”… “A confesión de partes”, como se dice, y dicho en forma tan clara es obvio que tanto Carabineros como el ministerio Público (o el Ministro jefe de orquesta de los montajes, Andrés Chadwick) nada dicen y solo hablan vaguedades, lanzándose la pelota de un lado a otro. Ellos son parte del problema pero no de la solución. (Oriana Miranda, de Radio Universidad de Chile y del Diario Electrónico lo ha detallado en sus ediciones de los días 15 al 17 de febrero. Otros medios también lo mencionan y, algunos, buscan minimizarlo y justificarlo).

La denuncia del Lonko Víctor Queipul, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, es muy importante. Da transparencia en lo que son las conocidas violaciones del sistema policial, gubernamental y de la misma Fiscalía y constata que las denuncias hechas por los dirigentes Mapuche, las que son constantemente criminalizadas por la “autoridad”, son verdaderas. El Ministerio del Interior, por ya varios años usa la táctica de acusar y lanzar la Ley Anti-Terrorista (LAT) en todas las direcciones. Basa sus acusaciones aún antes de iniciar sus acciones y previene las verdaderas investigaciones que los casos ameritan, pidiendo penas y condenas por razones políticas, sin evidencias y poniendo montajes y usando estos provocadores e infiltrados que tenemos muy claramente al frente. La violación de las normas judiciales y seguridad es una constante y esto incluye la persecución de menores.

En el caso de la inmediata demanda de anulación hecha por el ministro Chadwick, en el reciente juicio que absolvió al Vocero Mapuche de la Comunidad Wente Huincul Mapu, Daniel Melinao, el ministro demuestra seguir los pasos de su inspirador, el mismo dictador Pinochet, quien nunca aceptaba perder la oportunidad de reprimir o que le limitaran su capacidad de condenar a sus enemigos. Es importante relacionar que ese dirigente es perseguido con furia. Hace poco, en octubre 2013, un sobrino de él, Rodrigo Melinao, fue asesinado y nada ha hecho el gobierno ni el ministerio público para resolverlo. En el caso de Luis Melinao, quien fuera acusado junto con Patricio Queipul, se condenaba a dos menores que llevaban largo tiempo presos y perseguidos por dos bien conocidos casos-montajes: el “asalto al Peaje de Quino” y el “incendio del TurBus”. Solo los menores fueron mantenidos bajo persecución. Pero ahora fueron absueltos por falta absoluta de pruebas.  Ambos jóvenes son familiares de dirigentes importantes Mapuche y de comunidades que luchan por sus derechos y que sus demandas se ajustan a las normas del Convenio 169 de la OIT.

Hemos visto como desde enero del 2013, inmediatamente luego de que sucediera el crimen de la pareja Luchsinger-Mackay, el Ministro exigía el uso de la LAT y pedía cadena perpetua para el Machi Celestino Córdova. (En esos meses fueron cinco los/as Machi que fueron detenidos, incluyendo a la Machi Millaray que exigía que la Central de Pilmayquén fuera mirada bajo el Convenio 169 de la OIT, con la participación de las comunidades Mapuche porque dañaba a su comunidad en forma grave. Incluso un Machi ciego, de Chol-Chol fue detenido. Era un ataque contra otro grupo de autoridades Mapuche, que es la forma como criminalizan todas las justas peticiones del pueblo Mapuche. Fueron muchos los meses durante los que esa Machi estuvo detenida: las razones son siempre las mismas… El gobierno ha criminalizado a todo un pueblo y no sabe salirse de esa posición. Pero al hacer eso, tampoco busca soluciones objetivas y de acuerdo con los convenios internacionales y que, por haber sido firmados por el gobierno de Chile, deben ser parte de las leyes chilenas que deben resolver estos litigios.  Las “pruebas” que esgrimen el Ministerio Público y los tres fiscales que tienen en el juicio, más la constante orquestación que el gobierno y los medios de información hacen (El Mercurio, la 3a. Y los canales de Televisión) no logran demostrar el carácter de terrorista ni de articulación evidente con la violencia que pretenden. Tampoco de que el Machi estuviese en el lugar del crimen. Tampoco logran explicar las incontables vainas y cartuchos encontrados en el lugar del crimen o de que la bala que él recibió fue efectivamente disparada en el lugar que se dice, ni que provenía de una pistola del Sr. Werner Luchsinger. Un año entero han tenido para investigar con seriedad este brutal caso. Sin embargo, nada han avanzado. Repetidamente utilizan políticamente el justo y comprensible dolor de la familia pero nada hacen por investigar en forma correcta. Cuando el abogado querellante del gobierno insiste en repetir de que el “ataque de Vilcún iba dirigido contra en contra del estado chileno” intenta crear el temor y el racismo como un mecanismo que promueva apoyo al Estado y, al mismo tiempo, el dejar al Mapuche como el “enemigo”.  (El Austral www.australtemuco.cl - Martes 4 de febrero 2014, página 2 a la 5) Es decir, quieren hacer creer que todo proviene de un pueblo criminal y al Machi le atribuyen todas las maldades del mundo pero no son capaces de investigar y encontrar evidencias o cómplices que podrían confirmar la tesis del “terrorismo”. El gobierno adolece de la peor falla legal: no se ha atrevido a que sus investigaciones se basen en evidencia y sigan mecanismos legales justos y de acuerdo al debido proceso.  Las lesiones sufridas por el machi no han sido consideradas.  “Si está herido tiene que ser el criminal”. Y eso no es suficiente para condenarlo, especialmente cuando se sabe de los montajes y de las intervenciones que el gobierno y carabineros hacen para luego acusar a sus “enemigos políticos”. No olvidemos que el Machi fue herido a bala con la intención de matarlo y la golpiza sufrida al momento de su arresto le ha hecho perder la visión en un ojo.  Ha habido intento de matar al Machi porque eso habría permitido al gobierno acusar a un Mapuche más y reforzar el concepto del "enemigo" del que tanto habla el gobierno. De haber muerto al Machi éste no habría podido ser defendido y la acusación habría sido puesta como indiscutible. La tesis del gobierno habrá salido perfecto. Pero la presencia de los  provocadores e infiltrados de Carabineros no solo no resuelve el caso del crimen de la familia Luchsinger –Mackay, sino que lo complica y pone la actitud del gobierno muy lejos de lo que debe ser, es decir, buscar hacer justicia. Además, en el caso de esta pareja, no existen los elementos de que hubiese litigio por esas tierras tampoco. El gran conflicto del pueblo Mapuche es con las empresas forestales, las que son apoyadas con las fuerzas especiales dado que las forestales han invadido todo el territorio de las regiones VIII y XI. En los incendios de bosques, fuera de “acusar a los terroristas Mapuche nada dice sobre los incendios que afectaron a comunidades Mapuche”  el gobierno se negó por días en asistirlas en contener el fuego.  Estos incendios, como en los del año 2012 cuando el gobierno acusaba incluso a los detenidos en las cárceles antes y durante esos incendios, terminaron con el silencio del gobierno. Fueron usados para mantener el terror de la población y promover el miedo a los Mapuche.

La denuncia del lonko Queipul, de Temucuicui trae nuevas argumentaciones contra el quehacer del gobierno en su guerra sucia contra el Mapuche: la manipulación de las familias con el uso de los infiltrados y provocadores (incluso delincuentes usados en otros juicios y que son pagados por Estado)  Carabineros y la Fiscalía se culpan entre sí pero no resuelven nada que sea eficiente. Los gobiernos de Chile, por ya mucho tiempo, al hacer estas manipulaciones demuestran que las violaciones del Debido Proceso y el manejo de la información van a apoyar a los sectores que se benefician con la guerra contra el pueblo Mapuche. Así empujan a las familias a mantener un odio artificial promovido por el Estado y por empresas impúdicas que lo controlan. ¿Qué va a decir el Ministro Chadwick cuando la inmoralidad no puede sino salir de su escritorio? ¿A quién va a culpar ahora, o va “a morir piola”, como también acostumbra?

La situación de la Araucanía y la destrucción del medio ambiente y de la tierra por las forestales: un drama nacional

Acabo de hacer un viaje por amplios sectores del WallMapu (Araucanía según el Estado) y veo con tristeza e inquietud como todas las tierras de la VIIIa. y IXa Regiones están totalmente invadidas por las forestales y que el daño que se le hace a la tierra y al medio ambiente es gravísimo. La tierra se ha secado, se la destruye. Los ríos y lagos han sido polutados y tanto la flora lacustre como la vida se han perdido. Los ríos se han embancado para mayor daño de nuestro país. Vayan a ver los ríos Bio-Bio, Maule, que son de los mayores del país y verán que la pérdida de la tierra y del agua, incluso para beber, en esas zonas son fabricadas por la escala criminal de querer vender la madera a todo el mundo y mantener las ganancias inmensas de miles millones de dólares para unos pocos poseedores de las forestales y de las plantas de celulosa. Y todo esto sucede cuando el Convenio 169 de la OIT define claramente –y eso lo hace parte de la legislación chilena- del derecho a la protección del agua del pueblo Mapuche. Chile firmó dicho Convenio en el 2009 aunque el gobierno impide su aplicación a cada paso. (Ver libro: “Los pueblos Indígenas y el Derecho”, J Aylwin, M Meza, N Yáñez, y referencia 171 de una decisión de la Corte Suprema, página 180. Ediciones LOM 2013 )


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