Monday, March 24, 2014

LA LEY DEL EMBUDO PERSISTE EN CHILE: Delincuentes "condenados" no cumplen penas gracias a la complicidad del sistema.

La Tercera, diario que ha apoyado a la dictadura y al poder económico, sorprende al publicar que en Chile hay sobre 400 miembros de las fuerzas armadas (que incluye policías uniformados y civiles) que siguen simplemente en sus cargos pese a haber sido juzgados por diversos delitos (http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/03/680-570786-9-informes-revelan-que-400-uniformados-condenados-siguen-en-servicio-activo.shtml

Es raro que se impresione porque los miembros de las fuerzas policiales o armadas no cumplen sus penas… cuando ha sido un promotor de la impunidad tristemente célebre que existe desde el año 1973. En realidad, esos 400 no  incluyen, ni de lejos, a todos los que han cometidos delitos. Especialmente no incluye a los de lesa humanidad y, raramente los crímenes que implican abusos económicos que significan estafas inmensas.  

La represión en Chile siempre ha necesitado de sus esbirros: que sean los asesinos de Mapuches,  o los que asaltan bancos o se quedan con la droga incautada en sus operativos. O, peor aún, los grandes magnates, que siempre terminan tranquilos y siguen engordando. El que el ex-presidente, antes de ser elegido, haya hecho un fraude en el Banco de Talca por sobre 250 millones dólares y su proceso haya sido escondido por orden de Pinochet mismo no es para sorprenderse. Tampoco que se haya "comprado" 115.000 hectáreas en Tantauco (Chiloé) y jamás haya aceptado discutirlo con el pueblo Huilliche, propietarios históricos de esas tierras. Los crímenes de Mapuche o estudiantes han sido "juzgados" por la justicia militar que no es otra cosa que el timbre de la impunidad total dada la Constitución que nos dejarán Pinochet y que Ricardo Lagos haya firmado sin democratizarla para nada. Los ministros del Interior se han dado el lujo de exigir cierto tipo de condenas, de imponer la ley anti-terrorista y, sobre todo, de asegurar la impunidad de los crímenes del Estado. Todo esto pese a que Naciones Unidas y las organizaciones de Derechos Humanos siguen condenan al país por esos actos
La opinión del nuevo Intendente Francisco Huenchumilla, interesante y valiosa como es, lo va ser realmente si se mantiene en el tiempo y se traduce en actos reales de justicia y respeto para el pueblo Mapuche.  No en frases de compromiso o en consideraciones que quieran sobrevalorarse cuando solo sean limosnas. 

Sin embargo, el proceso seguido “para este perdón” es inadecuado. Debería de haber seguido un curso diferente:  es curioso que sea un Mapuche el que pida perdón al pueblo Mapuche por los crímenes del Estado y no el Estado mismo que es el que ha dirigido la represión contra este pueblo hermano.  Sin pretender que la situación de los pueblos indígenas de Australia o de Canadá sea realmente una vida democrática y de equidad para sus pueblos porque en sus respectivos países son los más pobres y excluidos de todos. Pero allí han sido los jefes del gobierno los que pidieron perdón.... Así, dejada la declaración del Intendente aislada, como la opinión de un Mapuche que no es respaldado por la Jefa del Estado, bien podrá pasar sin ser eficaz, por bien intencionada que, creo, pueda ser. Es muy posible que al Intendente en Temuco,a quien bien pueden sacarlo porque se cumple el principio de que "el mejor Mapuche es el indio muerto" (o descarrilado, preso o ignorado, y siempre el que vive en la miseria y recibe los peores servicios. El gobierno debe actuar en forma responsable y la presidente debe confirmarlo, apoyarlo y hacer los actos correspondientes. Las buenas razones serán las que se hagan y no aquellas por las que solo se lamenten algunas personas.

Por eso, nada hay de extrañarse en que a los peones represivos los dejen en libertad y se intente que estos sean olvidados. Pero, siguiendo en este tema, el oficial Pedro Fernández Dittus, quien fue el jefe de la patrulla que quemó vivos a Carmen Quintana y a Rodrigo Rojas de Negri (este fue asesinado) lo hayan nombrado en el gobierno anterior de Bachelet, como sostenedor de un Colegio en La Reina, en calle Arrieta, y que este se mantenga como un absceso en la frente, igual que las estatuas de los "próceres" de la dictadura... Y este criminal de lesa humanidad sigue muy tranquilo, impune y haciendo negocios con la educación. Los más de 180.000 personas que desfilaron ayer en la marcha de todas marchas, exigiendo una verdadera democracia, respeto a los derechos humanos, una educación y salud, así como el respeto al medio ambiente y al futuro, el de los niños, de las mujeres y el de trabajadores por todo el país. Que El Mercurio diga que fueron "25.000" no debe extrañarnos... pero el nuevo gobierno tiene un mensaje muy claro del pueblo.  ¿A quien va a escuchar y que es lo que va a hacer?

Un ejemplo adicional: desde 1993 existe una ley de protección para resguardar los derechos indígenas para el uso de las aguas (Ley 19.253) Nada se ha avanzado y hoy las comunidades han perdido no solo sus tierras y viven bajo una guerra sucia, sino que han perdido sus ríos, lagos y lagunas, canales de agua y ni siquiera tienen agua potable para su consumo diario. Invito a que se recorran lo campos y caminos de nuestro país, especialmente todo el mundo Mapuche para verificar el crimen del agua. Ahora, cuando la Unión Europea ha declarado un derecho inalienable el acceso libre al agua, como se va a implementar este derecho en un país que se lucra con el agua y mineras y forestales destruyen los recursos de agua y la tierra? Ante los crímenes de lesa humanidad, como se ha demostrado en el mundo y sigue avanzando en Argentina, deben ser actualizados con juicios justos y jamás esconderlos en los mecanismos inmorales de la impunidad que otorga este país con la "justicia militar" que es una vergüenza nacional.

La ley del embudo sigue siendo el centro de la justicia en Chile y este gobierno debe delimitar sus campos y llevar este país hacia la justicia y la equidad. Las demandas populares y el futuro no van a permitir que se les ponga de lado para mantener un equilibrio político como el que hemos visto por ya más de 23 años.

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