1 de Junio 2011
La intimidación del detenido y la negación de los derechos que estos deben tener es sistemáticamente usado por el Ministerio Público. Éste se ha convertido en el látigo de castigo a quienes tengan posiciones contrarias al estado y Gobierno. El informe presentado sobre la visita a los presos del mal llamado “Caso bombas”, y en la que me tocó participar es verídico. Hice una segunda visita que me permitió ver las condiciones de salud de los detenidos políticos en huelga de hambre. Fue confirmatorio de lo denunciado. Quiero expandirme en el terreno de la intimidación del detenido y la negación de los derechos judiciales que estos deben tener. La realidad aún tiene características dictatoriales:
El marco represivo es el de criminalizar y condenar. El proceso no intenta siquiera hacer justicia sino castigar:
1. Las detenciones son violentas, brutales y tratan de intimidar a familias, vecinos o potenciales simpatizantes de estos detenidos por razones políticas. Se actúa con ensañamiento.
2. Acompañamiento de un campaña de los medios de comunicación (TV, Radio y Diarios del duopolio La Tercera-El Mercurio que los condena antes de ser juzgados. Usa todo tipo de recursos, presenta los montajes como si fueran reales. Estos montajes (conexión con grupos "terroristas" del extranjero de los que nunca han conseguido mostrar la menor evidencia y han debido abandonarlos) son presentados como pruebas, violando así, no sólo el Principio de Inocencia mientras no se demuestre dicha evidencia, sino que también el principio de ceñirse a la verdad. Esta es historia vieja y los violadores de este importante principio periodístico es ilegal, además de ilegítimo.
3. Cuando se detiene a alguien el Fiscal busca victimas y no trata de actuar como funcionario del aparato de Justicia. El fiscal Alejandro Peña en sus acciones no deja la menor duda de que son sus enemigos, de que no tienen derecho a la presunción de inocencia. Dice, irresponsablemente, tener miles de pruebas… que no existen y que son tan absurdas como tener un periódico sospechado de ser de oposición. O de que el detenido tenía un documento de Noam Chomsky… (Este es el autor -linguista, sociólogo, cientista político de una enorme reputación- más publicado del mundo: asociarlo con terrorismo demuestra ignorancia y mala fe extremas) El uso de “testigos” delincuentes es conocido. Se recurre a la tortura y violencia en las peores condiciones de encarcelamiento posibles. Se trata de quebrar al preso, mucho antes de que se le juzgue. Se niega la defensa. La asociación culposa ilícita la cometen los fiscales de modo sistemático y asocian supuestos anarquistas con cualquier bombazo en la ciudad.
4. Para intimidar se amenaza con sentencias de 100 años, cadena perpetua: esto deja al detenido indefenso y bajo una presión psicológica ilegal e ilegítima. Es expresión de un poder ilimitado de personajes que abusan del un poder abusivo que les otorga la Constitución actual y que no quieren perder. El gobierno los usa.
5. Que sean detenidos urbanos y de grupos que exigen respeto a sus demandas laborales, educacionales, por la tierra, el mar, el agua o los detenidos Mapuche, poco importa. Siempre utilizan la violencia contra sus familias y criminalizan hasta a sus hijos. Estos últimos, especialmente en el caso de detenidos mapuche, son torturados y existe evidencia de que sucede y que ha sido presentada internacionalmente.
6. La violencia es usada con un sentido mesiánico, fanático y que se pretende purificador, poseedor del derecho y la razón (lo que está muy lejos de ocurrir en la Justicia chilena): Desde imponer “su versión” implacable de una rectitud pretendida (e ignorante de la ética) no tienen la menor capacidad de análisis sobre actitudes ilegales, inmorales y claramente antisociales . El uso de los “recursos de protección” para los presos que tuvieron que llegar a la huelga de hambre porque no había posibilidad de poder defenderse, demuestra, nuevamente, ignorancia. Forzar terapias a cualquier individuo, especialmente alimentación que se hace en medio de violencia y tortura en la que se obliga a participar incluso a profesionales de la salud de la tortura para "salvar las vidas de los huelguistas de hambre" está reñido con la ética y la ley internacional. (La ley chilena, vista desde el punto de vista de los Derechos Humanos, es irrelevante cuando se hizo con mentalidad represiva y no de alcanzar justicia. Su diseño fue hecho bajo una dictadura interesada en intimidar y producir escarnio)) sin hacer nada por que estos presos tengan los derechos judiciales que piden y que son la causa de sus huelgas de hambre. Esto viola los convenios internacionales de Derechos Humanos y de la Asociación Médica Mundial (que está también en el Código de Ética del Colegio Médico de Chile aunque éste no lo haya manifestado saliendo en defensa de estas personas)
7. La mantención en celdas de Máxima Seguridad es una tortura en sí: los presos detenidos el 14 de agosto 2010, “supuestamente terroristas y anarquistas, venían siendo seguidos sin encontrarse nada importante. Pero fueron ingresados con un espíritu vengativo por el fiscal y se les mantuvo por más de siete meses en condiciones inhumanas y que ninguna legislación puede defender como aceptable. Sólo tenían 2 horas de luz, no tenían calefacción ni luz artificial ni elementos como un computador para trabajar en sus propias defensas. Ni siquiera de verse entre ellos: se trataba de asesinos peligrosos sobre los que no podían demostrar ni crimen ni participación, salvo la ira del fiscal que, obviamente actuaba bajo la demanda del Ministerio del interior. Ministerio que “quería resultados” en su política de criminalización de cualquier oposición y por la que estaba dispuesta a retribuir a su ejecutor. Y lo hizo: el Fiscal Peña, que cometió todo tipo de aberraciones salió antes de tener que defender nada y fue premiado con un alto cargo en el que se espera siga haciendo persecuciones con su furia y actos de abuso. Todo para alcanzar objetivos políticos.
8. Las visitas familiares en el “caso bombas” se ven amenazadas en forma abusiva y grosera de modo casi sistemático: las mujeres son forzadas a desnudarse parcialmente en un gesto de atropello y humillación que sólo tiene lugar por la autorización e impunidad que otorga el sistema represivo a sus funcionarios n cualquier nivel de acción. He visto los alimentos llevados por familiares a detenidos ser destruidos solo por el placer de demostrar poder. Se trata de gente entrenada para tener mentalidades fanáticas:y obedientes:se les acostumbró a la represión como derecho desde la dictadura y así creen que siguen "ejerciendo" la ley, que tienen un derecho natural para hacerlo. Los asesinatos del pueblo mapuche lo han sido en forma impune. Más que eso, el establecimiento del Poder, el o la Presidente/a y los ministros de turno los han felicitado por “su profesionalismo y contribución a la paz social”. Un menor desaparecido por seis años y, aunque se sabe quienes lo detuvieron y raptaron hasta hacerlo desaparecer., siguen intocables. El problema es que esto lo permite la Justicia en la Constitución actual y “la autoridad” sigue pretendiendo que en Chile se respeta la ley, como lo dicen, frecuentemente, las subsecretarías de gobierno.
9. La violación de los derechos humanos se expresa también en la vehemencia con que se la niega: mientras mayor es la represión más se miente sin empachos sobre la inocencia de los que la perpetraron. Carabineros y PDI niegan totalmente sus acciones violentas. Me ha tocado comprobarlo y tanto el Ministerio del interior como las fuerzas policiales han negado todo. En el peor de los casos se declaran ellos las víctimas, aunque hayan llegado armados hasta los dientes, en carros blindados y con la violencia del invasor. (Declararse víctima por los miembros de la policía tiene un beneficio muy grande: ellos serán juzgados, con la idea de protegerlos exclusivamente como se ha visto, por la Justicia Militar) Las violaciones mencionadas, además, cuentan con la negación de que estos hechos realmente ocurren. Esto se hace desde el ministerio del Interior cuando se les pide que justifiquen estas acciones.
10. La cadena de mando se esfuerza permanentemente en mantener la Cadena de Impunidad. Es lo que permite que podamos ver en vídeos tomados durante el acto mismo como se propinan patadas en la cara a menores, se torture a menores, se usen bombas, caballos (en manifestaciones en las ciudades,) disparos mortales (con comuneros mapuche) y uso de fusiles antimotines a mansalva y a quemarropa que dejan daños enormes. La cadena de la impunidad es muy sólida y muestra la anuencia total de las autoridades del país y de las instituciones represivas como Carabineros y PDI. Peor aún, estos funcionarios llevan adelante procesos de tortura para obtener "confesiones o declaraciones" de los detenidos que luego son usados para condenar a las víctimas y a sus hermanos.
11. Uso de la Tortura: En Cañete la tortura de uno de los presos condenados fue la “pieza clave” de la acusación del Fiscal: Se trataba de un joven detenido en Temuco y torturado por más de 18 horas. Al fin “obtienen una confesión” que implicaría a los cuatro condenados a largas penas pero que el detenido cuando tiene consejería legal rechaza con razón. (Caso J. Huillican) Las penas son de 20 a 25 años que serían injustificables si la tortura y los testigos protegidos no hubiesen sido usadas) Es decir, el sistema de funcionamiento del Ministerio Público promueve y confirma la utilidad de la tortura. Los abogados que la denuncian son acosados por los mismos fiscales (Caso hermanos Viluñir: Es un ejemplo de la más sórdida violación de los derechos de las personas. Uno de los hermanos torturados, Rodrigo Viluñir, declaró que vio al fiscal (Andrés Cruz, que dirigió la investigación y acusaciones) dos veces, “la primera vez cuando ratifiqué la primera declaración sin leerla y la segunda, hace un mes atrás en Talcahuano.” (Revista Punto Final Nº 718) Este Fiscal es el que inició una querella contra el abogado defensor. Chile aún no implementa el Protocolo Facultativo por la prevención de la Tortura y, así, impide que ésta sea erradicada.
Hay algo muy podrido en este pretendido reino de Chile que quiere ser modelo… La Corte Suprema tiene que recuperar su función normativa para una verdadera justicia. Aprobar el recurso de Anulación de los juicios de los cuatro condenados en Angol sería un comienzo. Pero debemos insistir en avanzar hasta que las leyes de este país sean justas, sean generadas democráticamente con la más amplia participación ciudadana, no entre cuatro muros y con objetivos antidemocráticos. Muy distinta de la Constitución actual. Porque en lo que respecta a los Derechos Humanos, o se está por ellos o contra ellos. Las ambiguedades sólo fortalecen un estado de cosas inaceptables: eso es el Chile que tenemos, cada día más parecido a una dictadura perfecta.
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