La represión contra el pueblo Mapuche y la actitud del sistema Judicial y Corte Suprema
LA CIUDADANIA EXIGE PARTICIPACION Y NO REPRESION.
Chile se encuentra en un momento muy especial de su vida social y política. El último tiempo se ha caracterizado por las inmensas manifestaciones de ciudadanos que en forma masiva se han lanzado a las calles para sostener sus demandas sobre problemas que interesan a todos los chilenos.
Miles y miles de chilenos se pronuncian en contra del proyecto de construcción de la mega represa en la región de Aysén. Es una inmensa mayoría de chilenos los que se plantean la defensa del medio ambiente contra la política depredadora de las grandes empresas. La defensa del medio ambiente natural es un derecho y una obligación para todos quienes queremos preservar el mundo de su destrucción a manos de intereses egoístas. El proyecto de la mega represa constituye una respuesta cómoda pero irracional frente a los desafíos de generar las energías que se necesitan para el desarrollo del país. Está claro hoy en día que existen alternativas que se pueden asegurar un desarrollo sustentable en lo ambiental. Como ha señalado el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile “La respuesta técnica tiene que ser pensada desde la finalidad humana, como un medio que responde a un fin que la justifica y le da sentido. La ciencia sin conciencia constituye una verdadera amenaza para el bien común de la sociedad.”
No es extraño que en forma transversal los más amplios sectores ciudadanos y personalidades sociales y políticas están decididamente por la defensa de nuestro medio ambiente.
La respuesta del gobierno a este clamor de la ciudadanía, sin embargo, ha sido hasta aquí de un enceguecimiento cerrado que se niega a toda real alternativa. Y, por el contrario, ha descargado sobre los manifestantes la fuerza de una represión desmedida con uso de armas dañinas que atentan contra la salud y contra la dignidad de las personas.
Contrariamente a lo que dice el gobierno y la fuerza pública esta represión no es la respuesta a supuestas manifestaciones violentas de los defensores del medio ambiente. Por el contrario, lo que origina la violencia es la forma en que se reprimen las manifestaciones pacíficas y la inexistencia de conductos reales de participación de la ciudadanía en la solución de los conflictos.
Esto no puede desconocerse. Entre muchos otros testimonios, tenemos el del Vicario General de la Iglesia de Aysén que señaló que “la violencia no cabe en un recinto sagrado” y condenó la “abrupta intromisión de efectivos policiales en la Catedral de Coyhaique”.
Los mapuches que se movilizan por sus derechos con el apoyo de los trabajadores, estudiantes, profesionales, artistas, sectores religiosos y defensores de los derechos humanos, son objeto de una brutal represión que ya ha causado víctimas fatales sin que jamás se castigue debidamente a los culpables. A los mapuches, en cambio, se les aplica una ley anti-terroristas que la Asociación Americana de Juristas no puede dejar de denunciar como absolutamente aberrante, con testigos cuyo nombre no se conoce, a quienes no se les ve la cara y, además, a quienes los abogados defensores de los mapuches no pueden contra-interrogar como debe ocurrir necesariamente en todo debido proceso. Los ministros de la Corte Suprema dicen que a ellos les cabe sólo aplicar la ley existente. Los mapuches condenados realizan ya por decenas de días una heroica huelga de hambre y parlamentarios, el Arzobispo de Santiago, y muchos otros sectores piden se aplique el indulto presidencial a los mapuches en forma inmediata como única salida a la situación. La Asociación Americana de Juristas comparte plenamente este planteamiento. Desgraciadamente hasta este momento no se ve de parte de las autoridades una actitud para dar una solución real y humana.
Los estudiantes universitarios y secundarios, los profesores y apoderados protestan por el estado de la educación, por la defensa de la educación pública, contra la usura que significa el crédito universitario con aval del estado, por la gratuidad del pasaje escolar y, cada vez con mayor insistencia por el término de la fracasada municipalización de los colegios y en contra de la concepción neoliberal que hace de la educación (como de la Salud, la Previsión, etc.) una mercancía para el lucro de los empresarios.
Los campesinos denuncian y luchan en contra del sistema de semillas cautivas y el proyecto de ley que al respecto prepara el gobierno para favorecer a las grandes empresas que monopolizan esta actividad. En particular las mujeres campesinas, organizadas en ANAMURI, encabezan reivindicaciones que no sólo les interesan a ellas sino son fundamentales para la independencia alimentaria del pueblo chileno.
Los trabajadores agrupados en su organización CUT han anunciado ya una movilización nacional para el mes de Octubre porque la injusticia se desarrolla en nuestro país con mayor fuerza y se manifiesta en la violación continua de los derechos sociales contemplados en los acuerdos internacionales que Chile ha firmado. Chile es uno de los países con menor tasa de sindicalización, con permanente burla a los derechos de los trabajadores, con el trabajo precario hecho sistema generalizado, con una ola de despidos que no se veía desde los tiempos de la dictadura, etc. Toda esta situación es el resultado de las leyes laborales que dejó la Dictadura y que no se pueden modificar por el carácter rígido de la constitución política y de las principales leyes.
Hemos llegado a una situación en que el descontento es generalizado. Las manifestaciones continuarán y aumentarán porque de parte de las autoridades no hay decisión política de producir cambios.
Una gran parte de la ciudadanía se da cuenta de que la institucionalidad en que vivimos no permite al pueblo chileno hacer valer lo que es el principio de la soberanía nacional. Vivimos en una sociedad en que no existe participación real del pueblo en la toma de decisiones. La Constitución de 1980 se dictó por los sectores antidemocráticos para asegurarse que el sistema neoliberal que a sangre y fuego impuso la dictadura no pudiera ser alterado. El sistema electoral binominal, los quórum prácticamente inalcanzables que se necesitan para modificar las leyes, la ausencia de instituciones políticas de participación ciudadana como las que existen actualmente en las constituciones modernas, como la iniciativa popular de ley, el plebiscito vinculante como manera de resolver diferencias, la posibilidad de revocar el mandato de los representantes. Todo esto conspira en contra de una efectiva participación ciudadana, es decir en contra de auténtica democracia.
No puede hablarse de estado de derecho y de respeto efectivo a los derechos humanos mientras subsista esta situación. Ella explica, además, la profunda decepción que existe en vastos sectores ciudadanos, en especial en los jóvenes, respecto de la política y sus representantes.
La derogación de la Constitución de Pinochet y el llamamiento a Asamblea Constituyente para que el pueblo de Chile se de la organización que refleje su voluntad soberana se convierte hoy por hoy en una tarea que debe congregar a todos los demócratas de nuestro país.
El problema de la mega represa de Aysén no puede ser resuelto por una simple reunión de “Seremis”, nombrados todos por el mismo gobierno. Lo que se resuelva al respecto va a incidir en forma permanente en el futuro de Chile. Es necesario exigir que sea la ciudadanía la que resuelva a través de un plebiscito. Está claro que la Constitución de Pinochet no contempla explícitamente entre sus normas un plebiscito como este, pero justamente lo que se necesita es modificar la Constitución actual para dar lugar a la genuina expresión de la voluntad popular y avanzar hacia una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución con participación efectiva de la ciudadanía.
Es indispensable resolver el problema de expresión de la voluntad soberana cuanto antes.
SANTIAGO, 8 de Junio de 2011.
ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS, RAMA CHILENA
Juan Subercaseaux Amenábar Secretario General - Ramón Vargas Heyer Presidente
Fabiola Letelier del Solar Vicepresidenta - Manuel Jacques Parraguez Vicepresidente
Juan Guzmán Tapia Vicepresidente
Yénive Cavieres Sepúlveda Directora - Estrella Zúñiga Poblete Directora
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