Cornelio Saavedra fue impuesto como prócer de Chile aunque fuese un asesino. Llevó adelante miles de crímenes contra el Mapuche y estableció el DESPOJO DEL PUEBLO MAPUCHE.
- Chadwick dice en el titulo mercurial:
“GOBIERNO EXPRESA MOLESTIA Y EXIGE A CARABINEROS INFORME SOBRE FALLAS EN
VIGILANCIA EN ZONA MAPUCHE” (El Mercurio, sábado 28 de diciembre de 2003). El artículo detalla su plan pacificador que aumenta la represión.
- Chadwick “descartó
escenario de “guerrilla”(…) Ajusta planes de carabineros en La Araucanía. Sin asco ninguno, trata de calmar a quienes directamente le dicen que ellos mismos se van a defender. Les reprocha que lo digan pero nada hace para verificar lo que se sabe: están armados hasta los dientes y las muertes mapuche no ocurrieron solas... aunque Chadwick se niega a investigarlas. Para él no merecen esa atención.
- Chadwick jamás ha actuado en función de la ley y de su cargo en
asegurar que se juzguen a los asesinos de Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime
Mendoza Collío o del joven Rodrigo
Melinao recientemente asesinado. Menos ha hecho por la desaparición del menor
José Huenante. Ellos, por ser crímenes de lesa humanidad y del pueblo Mapuche,
son crímenes pendientes y su función es que se debería hacer justicia.
- Tampoco ha investigado los actos del Comando Trizano que atacan al
pueblo Mapuche. Estos días, como muestra El Mercurio en su orquestación de la represión, anda en el sur. Obviamente no quiere darse cuenta de que el uso que ha hecho, desde el primer día de ese crimen inexcusable, ha sido bajo su criterio estrecho de asegurarse que "tiene una víctima a quien condenar: El machi Celestino Córdova a quien nunca han probado nada.
- El que el Fiscal Público Hermosilla (que antojadizamente descarta y "anula" en declaraciones a El Mercurio del 4 de enero del 2014, el valor del informe del Relator de Naciones Unidas Ben Emerson en lo que refiere a la Lay Antiterrorista en Chile) y el Estado se autofeliciten es comprensible. Pero que en realidad sigan con el machi preso por un año gracias a esa misma ley, refleja que no tienen otra "evidencia" que sus Testigos Protegidos y la orden política dicha a cada momento por Chadwick, desde el comienzo, de que ese es el autor que él quiere sea condenado. No solo refleja su desprecio por la justicia. También es un insulto para la Familia Luchsinger-MacKay a la que no se le ha respetado ni siquiera para hacer un juicio honrado, con las normas de la Justicia Internacional. El uso de la Ley Anti-Terrorista, típica de Chadwick y de sus equivalentes, es el linchamiento legal que pretende este Estado post dictadura. Y así, esconder su incapacidad y mediocridad humana. Solo muestra, como lo dice la misma familia afectada "que no han hecho nada por resolver el problema". (Y el problema es el Despojo y la no solución tampoco para las víctimas de un conflicto armado por el Estado chileno. Conflicto que se usa sobre todo para proteger a las forestales que destruyen el medio ambiente y fomentan el crimen contra el pueblo.
- El ministro del interior se está ganando el seudónimo de Don Segundo Cornelio… , aunque el primero, el original, tenía la disculpa relativa de
haber nacido en un momento de la historia en que no se hablaba ni se quería saber de
derechos humanos, y que los crímenes, asociados al poder socio-económico colonial seguían en pie. Y en eso el Chile oficial se quedó pegado hasta este milenio. Y Chadwick, el profesor de Derecho, no sabe hacer otra cosa diferente.
- Su protagonismo en la guerra
sucia y la actitud insultante y potencialmente criminal lo hace peor. El que en
Chile se sienta respaldado por la Constitución, es porque esta fue dictada por el dictador y sostenida por los socios y cobardes que fabrican un enemigo predilecto de nuestros hermanos. Y una vez fabricado el enemigo, solo basta reprimirlo hasta hacerlo desaparecer, como toda la clase en el poder lo intenta a diario.
- Chadwick sigue siendo el merecido heredero del dictador Pinochet quien lo
nombró Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de
Chile. Bajo esas banderas agredió a la Vicaría de la Solidaridad y apuntó su dedo regordete y cobarde para exigir más represión. En la foto de agradecimiento y adoración al dictador, en Chacarillas, se
revelaba en su futuro actuar en Chile.
Por supuesto que en Chacarillas, como muestra la foto, allí era ya Segundo... entre otros "próceres" como Longueira, Lavin y Larroulet, que escuchan "la sabiduría" del dictador. (foto de Archivo de Cambio21) Todos han seguido igualmente dispuestos a mantener el modelo de marras impuesto en 1973 con sangre y fuego.
Para entender mejor la situación actual, sugiero lean el análisis actual de José Aylwin que discute sobre el papel que juega el Estado
chileno y su acción ilegítima contra el pueblo Mapuche.
Los dilemas del
Estado en la Araucanía
04 de enero de 2014
Por José Aylwin*
Los medios de comunicación dan cuenta de
una serie de hechos de violencia -incluyendo la quema de bosques, el ataque a
helicópteros que combaten los incendios forestales, el incendio a la propiedad
de un agricultor en un sector urbano de Temuco, entre otros-, ocurridos en la
Araucanía en días pasados.
Tales hechos se verifican en momentos en
que se conmemoran otros hechos de violencia ocurridos en la Araucanía en años
anteriores, como el homicidio de Matías Catrileo a manos de carabineros hace
seis años atrás, y el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, cuya autoría
aún es investigada, ocurrido el año pasado en esta misma fecha. Se trata de
hechos lamentables que deben ser condenados con la mayor energía. Por lo mismo
deben ser investigados, y sancionados quienes resulten ser responsables de su
autoría.
Como lo hemos señalado en el pasado reiteradamente, la violencia
-provenga ésta de agentes del estado, de integrantes del pueblo mapuche, de
agricultores, o de cualquier otro sector de la sociedad- no es el camino
adecuado para enfrentar los problemas de relaciones interétnicas pasados y
presentes que persisten en esta parte del país, y solo contribuye n a
dificultar la superación de las situaciones de injusticia, postergación y
discriminación que siguen afectando al pueblo mapuche.
Su ocurrencia en las fechas conmemorativas
de los hechos antes señalados, así como las reivindicaciones que grupos mapuche
habrían realizado de algunos de estos hechos -otros habrían sido reivindicadas
por grupos anarquistas- han llevado nuevamente a algunas autoridades, así como
a medios de comunicación, a presumir la responsabilidad de los mapuche. Cabe
rechazar categóricamente esas presunciones de responsabilidad realizadas antes
de que la justicia investigue y determine quiénes están detrás de estos hechos,
las que por lo mismo deben ser consideradas arbitrarias y discriminatorias.
Junto a ello, las autoridades han vuelto a
proponer la aplicación de la ley antiterrorista para la investigación de estos
delitos. Al respecto cabe observar el doble estándar de dichas autoridades, las
que tratándose de delitos cuya autoría presumen corresponde a los mapuche,
proponen la aplicación de la ley antiterrorista, en contraste con aquellos
delitos en cuya autoría existen antecedentes del involucramiento de agentes
policiales del estado, casos en los que ellas parecen seguir tolerando la
competencia de la justicia militar para conocerlos. Sin instar además por la
realización de las modificaciones legales ordenadas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en su sentencia en el caso Palamara (2005), para poner
término a la competencia de dichos tribunales para conocer casos que involucren
a civiles.
Cabe recordar que la justicia militar ha dejado
sistemáticamente en la impunidad los delitos cometidos en los últimos años por
agentes policiales en contra de mapuche en el marco de los conflictos por
tierras. El caso del homicidio de Matías Catrileo, ocurrido el 3 de enero del
2008, es ilustrativo en este sentido. La justicia militar que conoció el caso
condenó al cabo de carabineros Walter Ramírez a la pena de tres años y un día
de libertad vigilada por el delito de “violencia innecesaria con resultado de
muerte”, pena que cumple en libertad. Ello a pesar de que la pena que tiene
asignada el delito por el Código de Justicia Militar es de entre 5 años y un
día a 15 años de presidio. Es más, el cabo Ramírez permaneció en las filas de
la institución hasta inicios de 2013, cuando las autoridades -frente al recl amo
de la familia y de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales-
decidieron exigir a Carabineros lo diera de baja. En la misma impunidad que
este crimen han quedado los homicidios, también a manos de efectivos de
carabineros, de Alex Lemún y Jaime Mendoza Collio, procesos que igualmente
fueron sustanciados por la justicia militar.
El doble estándar de la autoridad vuelve a quedar
en evidencia estos días con los dichos del Ministro del Interior, Andrés
Chadwick, cuando manifestó su preocupación por los elevados estándares de
pruebas exigidos por la justicia, lo que dificulta desarrollar acciones que
permitan terminar con la “cadena de impunidad”, refiriéndose evidentemente a la
impunidad en que hasta ahora han quedado los delitos que han afectado a
propietarios agrícolas, pero no a aquellos que han afectado a los mapuche.
Parece pertinente a este respecto recordar las
palabras del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la
Lucha contra el Terrorismo, Ben Emmerson, al concluir su visita a Chile el
2013, donde sostuvo que la ley antiterrorista “se ha aplicado en forma
desproporcionada contra los defendidos Mapuche, y se ha implementado sin una
política coherente y objetiva para distinguir aquellos casos que cumplen con el
umbral para determinar si un acto es de terrorismo y los que no.” En su informe
de visita al país dicho Relator concluyó que la aplicación de esta ley en el
marco de las protestas por tierras “se ha convertido en parte del problema y no
parte de la solución”, recomendando por ello poner término a su aplicación
frente a estas situaciones.
Llama la atención también el que las autoridades
de gobierno propongan como alternativa para abordar esta espiral de violencia,
la del reforzamiento de las fuerzas policiales en la región. La militarización
de la Araucanía que algunos proponen y a la que las autoridades parecen apostar
en el contexto actual, no solo resulta una opción riesgosa, puesto a que en
última instancia se trata de una propuesta de violencia represiva para
enfrentar la violencia que se imputa al mundo mapuche, sino que además, es
inconducente para dar respuesta a los problemas de fondo que están detrás del
complejo escenario que hoy se vive en la Araucanía y regiones aledañas.
Como las autoridades bien saben, dichos problemas
no solo son históricos y tienen su origen en la forma -a sangre y fuego- como
el estado y la propiedad se establecieron en esta parte del país, sino que son
también presentes, y están relacionados con el insuficiente y errático actuar
que el estado ha tenido en las últimas décadas frente a los pueblos indígenas
en general y al pueblo mapuche en particular. En efecto, a pesar de toda la
retórica y promesas de un nuevo trato para con ellos, dichos pueblos no solo
siguen sin contar con un reconocimiento de su existencia y derechos en la
Constitución Política, sino que además no cuentan con mecanismos -cuotas de
representación especial, legislación sobre partidos políticos, entre otros- que
posibiliten su participación política en instancias de toma de decisión al
interior del estado, como el Congr eso Nacional, los gobiernos regionales y
comunales. Tampoco la institucionalidad chilena considera mecanismos que
posibiliten formas de autonomía indígena en aquellos espacios territoriales -regionales,
comunales u otros- en donde estos pueblos constituyen una mayoría demográfica.
Más aún, la institucionalidad del estado para los pueblos indígenas -la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, creada por ley en 1993- es
una instancia reconocidamente sobrepasada y carente de representatividad y de
poder para abordar los problemas que hoy afectan a estos pueblos. Sigue
pendiente a su vez en el Congreso Nacional la aprobación de un proyecto de ley
para la creación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, como instancia
pública de representación indígena ante el estado.
Por otro lado, el Convenio 169 que el estado
chileno demoró 17 años en ratificar, no ha sido, en lo sustancial, puesto en
práctica. Uno de los derechos centrales en el establecido, la consulta frente a
las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a estos
pueblos directamente, solo fue regulada el 2013. Ello a través de un proceso
que no ha generado consenso en los pueblos indígenas, y que estableció un
procedimiento de consulta que está por debajo de los estándares del propio
Convenio, dificultando el ejercicio de este derecho fundamental.
En materia política, las legítimas reclamaciones
de tierras de los mapuche, siguen sin ser acogidas por el estado. La política
del Fondo de Tierras de CONADI ha demostrado su ineficacia para abordar la
demanda por la restitución de las tierras que les fueran reconocidas por el
estado a los mapuche. Los escasos fondos destinados por el estado a estos
efectos en los últimos años, unidos a los elevados precios de mercado que
CONADI paga por su compra a sus propietarios legales -generalmente quienes les
usurparon las tierras reconocidas por el estado- han impedido avances
significativos en esta materia, prolongando innecesariamente conflictos por
tierras. El estado sigue haciendo oídos sordos a las recomendaciones hechas por
la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato creada desde el estado, la que
hace una década atrás propuso la utilización de un mecanismo constitucional -la
expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional- para dar
solución efectiva y a precios justos, a un problema histórico provocado por el
mismo estado.
Por otro lado, muchas comunidades mapuche siguen
siendo violentadas cotidianamente al no poder decidir sus prioridades en
materia de desarrollo, derecho que les es reconocido a los pueblos indígenas
por el Convenio 169. Ello toda vez que el estado sigue empecinado en imponer su
propuesta de desarrollo en los territorios indígenas. Lo que se manifiesta en
esta parte del país en la expansión de las plantaciones exóticas sobre tierras
de propiedad legal y ancestral mapuche, plantaciones que hoy ocupan al menos
1.5 millones de hectáreas al sur del Bio Bio, así como en la imposición de
centrales hidroeléctricas, de pisciculturas sobre los ríos y playas de
ocupación y uso tradicional, sin procesos de consulta y sin considerar su
participación en los beneficios económicos que estas generan.
No es casual entonces que un porcentaje de la
población bajo la línea de pobreza en la Araucanía, región con casi un tercio
de población mapuche, alcance al 27%, siendo la más pobre del país; y que en
las comunas de mayor expansión de la forestación exótica -como Lumaco, Ercilla,
Chol Chol, Galvarino, donde la demografía mapuche es superior al 50%-, se
encuentren todas entre las comunas más pobres del país, siendo a su vez las
comunas donde los hechos de violencia interétnica es más álgida.
Se trata de una situación que deberá abordar el
futuro gobierno de Bachelet. El desafío no será menor, puesto a que el
tratamiento que ella dio a los mapuche como presidenta frente a los conflictos
por tierras verificados durante su administración -al menos en el plano
policial y persecutorio-, no difirieron en lo sustancial al que fue otorgado
frente a la misma realidad bajo la presidencia de Piñera.
Los dilemas que se presentan para el estado en el
futuro próximo en su relación con el pueblo mapuche son significativos: o se
sigue en la lógica del abordaje policial y la criminalización de su protesta, o
entiende que, tratándose de un problema esencialmente político, se requiere de
un abordaje mucho más integral, que debe tener al diálogo, el entendimiento y
la negociación -y no la represión- como elementos centrales.
Aquí también resulta pertinente tener presente las
recomendaciones que sobre esta materia realizó el Relator Especial Ben Emmerson
al concluir su misión a Chile, subrayando la urgencia de impulsar la que
denominó una “estrategia nacional” para abordar no solamente el tema de las
tierras mapuche, sino además los temas más amplios relativos al “reconocimiento
constitucional del derecho Mapuche de existir como pueblo indígena dentro del
Estado de Chile” y “el fin de la discriminación institucional y judicial.”
Ello, junto con recomendar el establecimiento de una institucionalidad adecuada
-que el identificó como un Ministerio de Asuntos Indígenas, dotado
adecuadamente de personal y financiamiento- para coordinar la política estatal
hacia estos pueblos.
Para el diseño e implementación de esta estrategia nacional el Relator Emmerson
propuso a su vez la conformación de una Comisión Consultiva Nacional, con
representación de los propios pueblos indígenas, de los partidos políticos, de
pequeños y grandes propietarios rurales, víctimas de la violencia rural, además
del Instituto Nacional de Derechos Humanos, expertos nacionales e
internacionales. Comisión cuyo objetivo sería la construcción de un consenso
sobre los principales desafíos y posibles soluciones a los problemas que afectan
a los pueblos indígenas, en especial al pueblo mapuche.
Todo parece indicar que ha llegado la hora de un diálogo de esta naturaleza
para abordar un tema histórico nunca resuelto; el de la justicia para el pueblo
mapuche como base para una convivencia interétnica armónica en la Araucanía.
Sino lo hacemos ahora, es muy posible que sigamos lamentándonos, quizás por
muchos años, por escenarios de conflicto y de violencia como el que hoy concita
el interés de los medios.
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* Co Director Observatorio Ciudadano.
