Saturday, April 30, 2011

Menor mapuche de 16 años es detenido ayer a las 15 horas por PDI en Temucuicui y esconden su paradero


Patricio Queipul Millanao, menor de 16 años
Detenido ayer a las 15 horas por PDI
en Comunidad Autónoma de Temucuicui, IXa. región

Fui informado a mediodía de hoy de que Patricio Queipul Millanao, sobrino del Lonko Víctor Queipul. Fue detenido ayer, cuando andaba a caballo en los caminos en torno a la Comunidad. No hay antecedentes penales ni de detenciones o imputaciones anteriores.
Luego de detenido por la PDI, se negó a familiares y dirigentes, hasta hoy, donde se encontraba. Como es siempre inquietante el arresto de un joven mapuche, familiares y dirigentes lo buscaron intensamente, siendo negado por PDI y carabineros. Este tipo de arresto  muchas veces llevan a violentas golpizas con las que los obligan firmar acusaciones que los inculpa a ellos y a dirigentes. Más arrestos siguen, como lo vimos en los Juicios de Cañete, donde terminaron condenando por LAT a cuatro dirigentes. Estos fueron acusados sin poderles demostrar que tuvieron participación y bajo testigos falsos. Carabineros confirmó su detención pero no el lugar. Se indicaba que sería por la Ley Anti-Terrorista, lo que es, una vez más, una violación de la llamada modificación a la LAT que NO SE APLICARIA A LOS MENORES, promesa hecha por los poderes Ejecutivo y Legislativo pero que es rechazado por el Fiscal Nacional.

Luego de intensos trámites, que incluyeron contactar diputados y organismos de DDHH’s, y búsqueda hemos sabido, en trámite hecho ante la Intendencia de la Araucanía por el Defensor Autónomo Mapuche, Werken Antonio Cadin, de que el joven Queipul estaría en Victoria y que hoy lo formalizarían.

Lo que no sabemos es por qué detienen a este menor, cuales son las imputaciones que se le atribuyen, el grado de violencia que haya sufrido, será detenido y enviado al Penal de Menores de Chol-Chol o enviado a su casa en arresto domiciliario o, como debería suceder, ser dejado en libertad incondicional. Además, se debe denunciar, si se confirma, que se le sometería a la Ley Anti-Terrorista. Y cuáles son las razones para hacerlo, dado que la historia es siempre antojadiza y usando testigos protegidos, lo que en sí es una violación legal y corresponde a la Ley Anti-Terrorista.

El Lonko Víctor Queipul ha ido a Victoria para estar presente en esta formalización.
La Comunidad de Temucuicui es una de las comunidades a las que el Estado, Carabineros y PDI acosan constantemente, son criminalizados. He visto personalmente como en “las tierras del latifundista René Urban” –conocido violentista contra los comuneros mapuche, existen, instalados de modo permanentes vehículos blindados de carabineros, con personal del GOPE y perros de ataque que son usados para amenazar y perseguir a los comuneros y sus niños cuando andan por los caminos públicos de la zona. Hay varios casos en que el mismo René Urban y su familia asaltan grupos en los caminos, apoyado por Carabineros y los detienen bajo el montaje de que son los comuneros los que los atacaron… En esa zona solamente, 50 casos de niños sometidos a violencia, tortura y acoso repetido, con daños físicos y psicológicos fueron presentados a la CIDH (Comisión Inter Americana de Derechos Humanos) el 23 de Marzo pasado porque el estado y Gobierno chilenos no hacen cumplir los convenios de protección a la Infancia y Adolescencia.

Se pide que personas, grupos de Derechos Humanos y personas exijan del Ministerio del Interior, de la SEREMI de la Xa. Región y de las autoridades correspondientes que sigan de cerca esta situación. El abuso al pueblo mapuche no ceja y demuestra que lo que el Estado busca es tener siempre al pueblo mapuche bajo la amenaza de encarcelamientos y así evitar discutir sus justas demandas históricas y sociales.

El Convenio 169 de la OIT, que debe ser ley del Estado sigue siendo violado y el gobierno pretende usar sus propias normas violando el Convenio mencionado.

El Estado de Chile debe hacer un compromiso de dar término absoluto a los asaltos a las comunidades y, especialmente, contra los menores, por parte de los cuerpos policiales que, en esa región, funcionan como represores y que desarrollan una guerra de baja intensidad que son inaceptable. El gobierno debe cumplir ahora. Nada se ha hecho con la violencia, que incluye muertos y el desaparecimiento de un menor de 15, José Huenuleo, cuyos raptores son carabineros conocidos pero aún intocables por el viciado sistema de Justicia vigente. (Los imputados, libres aún, son los carabineros Juan Ricardo Altamirano Figueroa, Patricio Alejandro Mera Hernández y Cesar Antonio Vidal Cárdenas). Ver: http://notascect.wordpress.com/2011/03/14/alfonso-podlech-michaud-sigue-su-juicio-en-roma-por-crimenes-contra-la-humanidad/

El Presidente y su Ministro del Interior deben tomar cartas en estas violaciones y ponerles término de inmediato. No han servido sus promesas y deben actuar en pro de la justicia. Ni más ni menos. No pueden dejar que se siga aplicando incluso a otros menores, la LAT.

La familia del Lonko Víctor Queipul ha visto ya varios de sus miembros, adultos y menores acosados, golpeados, detenidos y perseguidos. Es la forma del estado para intimidar e impedir que se avance en las negociaciones por cumplir los mandatos de los tratados firmados y de Naciones Unidas que deben respetar los derechos fundamentales del pueblo mapuche en Chile. Las condenas de los cuatro detenidos en Angol, con quienes conversé esta semana, han sido basadas en montajes y en medio de violaciones procesales y de tortura que todos debemos denunciar y detener.

Dr. José Venturelli, Vocero, Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura, desde Chile.

Thursday, April 21, 2011

¿La vía chilena a un paraíso infiernal?

Condenas inmorales al pueblo Mapuche y tortura a los disidentes políticos
+ Abusos con el medio ambiente para beneficio de pocos…
¿La vía chilena a un paraíso infiernal?

22 de abril de 2011

El contexto de los Derechos humanos, especialmente en el campo de la necesidad de erradicar la tortura sin ambigüedades de ningún tipo, aún no se implementa en Chile. El Estado no ha respetado ni puesto en acción el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Este decir sin hacer, “tan chileno”, es hoy en día, precisamente por esa falta de compromiso estatal y gubernamental, la razón del por que persiste un sistema de justicia ilegítimo que niega el Debido Proceso a los derechos de los detenidos políticos. Esto es el Derecho Penal del Enemigo, como ha sido rotulado por los abogados de los presos mapuche condenados y permite que Fiscales y Jueces actúen como prevaricadores estableciendo culpabilidades y condenas injustificadas e inhumanas. Ese fue el informe de una Observadora Internacional a los Juicios de Cañete. http://periodismosanador.blogspot.com/2011/01/jurista-mireille-fanon-acusa-juez-de.html

Desgraciadamente, las prácticas de tortura las hemos visto con los presos políticos mapuche, con los menores mapuche cuya evidencia ha sido denunciad ante Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de Derechos Humanos internacionales. Lo hemos hecho evidente como CECT ante el gobierno, en el Parlamento, ante el Ministerio de Justicia, Carabineros y Gendarmería en forma repetida. No hemos visto, sin embargo, implantación de los cambios urgentes que se requieren. Los presos del mal llamado “casos bomba” han tenido un trato que está tipificado como tortura por cuanto se trata de presos políticos a quienes se les monta evidencia, se les criminaliza y se les define, ante los medios de Prensa y TV como criminales: esas son las pretendidas acusaciones frenéticas de un Fiscal que se mueve políticamente y no en el campo de la Justicia. De hecho, estos jóvenes viven una situación de tortura por los montajes inconcebibles, el uso de testigos protegidos, sin rostro y muchos delincuentes usados por los fiscales. Además, al amenazarlos con condenas a penas perpetuas por el mero hecho de disentir políticamente sólo les queda recurrir a las huelgas de hambre. Huelgas que, a pesar de que el Ministro de Salud y varios personeros de gobierno las denigren, y el Presidente incluido por su silencio culpable, son el único recurso que el Estado chileno deja a los perseguidos políticos.


Las detenciones “preventivas” y los términos de su detención son brutales e inhumanas: se los tiene encerrados en una celda de máxima seguridad por 22 horas diarias por 8 meses y recientemente han pasado a Alta Seguridad. Pero el regimen de condiciones inhumanas, a menudo iniciado por iniciativa de jefes de gendarmería, persiste. Estos detenidos de Santiago han sido literalmente asaltados para sacarles muestras de sangre en una violación de la ética médica: ante el rechazo de los detenidos han sido llamados los equipos “técnicos” de Carabineros para que se cumplan las órdenes que el Tribunal ordenó, según el Alcaide. Esto es una violación adicional inadmisible, condenada por la Asociación Médica Mundial. La salud y los derechos sobre su propio cuerpo son exclusivos de cada persona. No respetarlo es tortura. El Alcaide pretende ser él quien decide si necesitan médicos y quienes deberían ser estos… ¿Es este el nuevo, moderno y ejemplar sistema carcelario que nos ofrece el director de Gendarmería? La carta abierta al Presidente Piñera de la Comisión Ética Contra la Tortura es muy clara y debe ser escuchada. (http://notascect.wordpress.com/2011/04/21/cect-pide-al-presidente-pinera-preocuparse-personalmente-de-presos-en-huelga-de-hambre/ )

Esta violencia debe terminar ahora y el Presidente debe cumplir personalmente para que Chile cumpla en la práctica, con los términos de referencia correspondientes, los Tratados firmados contra la Tortura, por el respeto a los Derechos Humanos y confirmados por Naciones Unidas. Repetimos nuevamente, con el Obispo Salvadoreño asesinado, “No a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto y en nombre de nada”. Y que esto debe ser de inmediato, sin tiempos administrativos de espera. El contexto ilegítimo y las personas que la ejercen deben ser puestas en juicio ahora para que dichas prácticas de tortura no se repitan. Las leyes chilenas, y la Ley Anti-Terrorista (LAT) en especial, que persisten en una Constitución de origen dictatorial, deben ser cambiadas por una Constitución Democrática. La derogación o suspensión inmediata de la LAT es un primer paso humano hacia la eliminación de normas anti-democráticas. La permanencia de la Ley Anti-Terrorista, que el mundo rechaza sin ambigüedades, permite el abuso denunciado y debe terminar. Un gobierno que permite la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes a su pueblo practica actividades criminales contra la humanidad. Conozco estas cárceles y he visitado a los presos políticos que son afectados por tanta inmoralidad: allí se confina a los presos mapuche a cumplir condenas inmorales o se encierra a quienes se criminaliza como enemigos por pensar distinto.

Por ello se deben anular los juicios que permitieron las condenas de los dirigentes mapuche por fiscales que no respetan la Justicia. Del mismo modo, sólo el Debido Proceso, en términos de Justicia respetable, justa, debe ser implementado ahora. Los jóvenes anarquistas llevan ya más de 8 meses y sus juicios se eternizan, como hizo el dictador y han hecho sus seguidores hacia esta dictadura perfecta. No necesitamos más Fiscales prevaricadores que cada día manipulan las leyes con fines personales y por prebendas políticas. El Estado de Chile al olvidar al ser humano y solo ocuparse de las ganancias de los empresarios que destruyen el medio ambiente, aumenta la inequidad. Para hacerlo usa esta “Constitución” de generación enfermiza. ¿Por cuánto tiempo más?

En resumen el país democrático que queremos requiere:

1. Libertad incondicional para los presos mapuche que han cumplido, mediante la puerta giratoria de los fiscales, muchos años detenidos y de maltratos sin evidencia.

2. Libertad y juicios justos, con el término de prácticas de tortura y abuso sostenido para los presos de los montajes de los “casos bomba”.

3. Suspensión de todos sus efectos y pronta derogación de la Ley Anti-Terrorista.

4. Establecer el proceso para una Asamblea Contituyente, para que Chile tenga justicia, igualdad ante la ley y equidad. Así podremos tener un país que tenga un futuro para todos, sin la destrucción de éste y la alienación para las generaciones futuras que al protestar y expresar sus ideas, son hoy día criminalizadas a diario.

El Presidente debe cumplir con actos democráticos y no con palabras y manipulación.
Hacerse el desentendido no ayuda a nadie,
ni siquiera a sus propias ambiciones.


Dr. José Venturelli,
Profesor Emérito, Universidad de McMaster, Canadá
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura.

Thursday, April 14, 2011

Diez años de la Comisión Ética Contra la Tortura: la historia de por qué existe y debe seguir existiendo.

DIEZ AÑOS TRABAJANDO POR “TORTURA NUNCA MÁS…”

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Lucía Sepúlveda Ruiz.

(Reporte. Stgo. 1/4/011) La Comisión Ética contra la Tortura (CECT www.contralatortura.cl ) es una entidad de defensa y promoción de los derechos humanos que ha ido generando un espacio propio desde su fundación diez años atrás, por personalidades, sacerdotes y religiosas ligados al mundo obrero y poblacional, que trabajan junto a ex presos políticos, a ex militantes de la resistencia a la dictadura, organizaciones sociales y de derechos humanos y profesionales de profundas convicciones democráticas.
Nació cuando a nivel oficial no se hablaba en Chile de la tortura y prisión política, ya que la transición negociada sólo fue capaz los primeros años de reconocer a las víctimas de desaparición forzosa y a los fusilados y ejecutados (Informe Rettig), invisibilizando la prisión política y la tortura y protegiendo a los perpetradores.
Actualmente la Comisión continúa demandando del Estado la puesta en práctica del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura para que se pueda construir un mecanismo nacional de investigación y prevención de este flagelo,  y evitar que sigan muriendo personas tras atropellos infligidos por agentes del Estado. La Comisión Etica Contra la Tortura participó en las actividades de conmemoración del 31ª aniversario del martirio de Monseñor Arnulfo Romero (San Romero de América) que tuvieron lugar el 23 y 24 de marzo pasado.

Por la Buena Memoria.
La primera gran tarea que se dio la Comisión Ética Contra la Tortura, fue llevar adelante una campaña que se llamó “Tortura Nunca Más” y apuntaba a exigir del Estado de Chile la creación de una instancia de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de tortura de la dictadura militar. Un masivo acto por la Buena Memoria se realizó el año 2003 en el Edificio  Gabriela Mistral – la ex UNCTAD de tiempos de Allende-, en el que participó como invitado especial, entre otros artistas, el cantautor uruguayo Daniel Viglietti.
Allí solidarizaron públicamente con las demandas de la entidad, destacados diplomáticos extranjeros como Frode Nils (ex embajador de Noruega) que había estado en Chile durante la dictadura, y otras personalidades que habían sido claves en la solidaridad desde Europa, a quienes se les rindió homenaje por primera vez.
En ese acto se rindió además el primer tributo público a todos los luchadores de la resistencia, los anónimos y los conocidos, los vivos y los muertos, con un video de la Buena Memoria que iba mostrando las fotos de los caídos para seguir también mostrando los nombres de quienes ayudaron en Chile y en el exterior, en la lucha de resistencia. El invitado “estrella” era el pastor luterano Helmut Frenz, de nacionalidad alemana, quien regresaba al país por primera vez desde su expulsión por la dictadura en octubre de 1975, cuando era miembro del Comité Pro Paz. El trabajó a la cabeza de Amnistía Internacional en Alemania, desde donde siguió apoyando la lucha contra la dictadura pinochetista.
La Comisión Ética Contra la Tortura considera fundamental el tema de la memoria para mostrar a las nuevas generaciones por qué lucharon los caídos en los años de la represión y cuáles eran los valores que defendían.
Como parte de las actividades que se realizaron al cumplirse 30 años del golpe de Estado, la Comisión Ética instaló junto a la corporación Ayun –que dirigía Carlos Liberona, integrante de la Comisión, ya fallecido- una placa en reconocimiento a la solidaridad internacional en el local de calle Santa Mónica, donde se inició el Comité por la Paz en Chile. Luego tuvo lugar el seminario “La memoria como fuerza de la historia: Chile a 30 años del golpe de Estado” en el museo Vicuña Mackenna, y las ponencias se publicaron en un libro del mismo nombre. Allí testimonió públicamente el actor Igor Cantillana – que había viajado especialmente desde Suecia con su grupo de teatro Sandino- su experiencia de tortura y detención en Chile. El poeta Oscar Aguilera publicó “Con los ojos vendados”, centrado en el paso por los centros clandestinos de tortura y detención. Por primera vez se hablaba en voz alta de la tortura y de los torturadores, rompiendo el ambiente de censura y temor imperantes.
Aprovechando una visita al país del Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel,  se realizó el lanzamiento público del “Pacto Moral contra la tortura” con el lema “Tortura Nunca, en nombre de nada… acuñado por Monseñor Romero, y comenzó una masiva recolección de firmas ciudadanas en plazas y en todos los actos que se realizaban a lo largo del país para suscribir el pacto, a lo largo de todo ese año.
La Comisión Ética exigió entonces al gobierno la formación de una Comisión gubernamental que estudiara los casos de prisión y tortura ocurridos en dictadura, demanda que cuajó poco después, cuando el entonces Presidente Ricardo Lagos – que recibió a la delegación internacional integrada por Helmut Frenz y el ex embajadores de Noruega, Frode Nils, entre otros– anunció la creación de la llamada Comisión Valech, que abordó finalmente el tema de la prisión política y la tortura.
Sus resultados fueron importantes pero insuficientes según estos luchadores por los derechos humanos, que sobre todo criticaron la prohibición gubernamental de dar a conocer públicamente los nombres de los torturadores, establecida en el decreto que creó esa instancia y refrendada  posteriormente por los tribunales chilenos.
Hervi Lara destaca que en el museo Vicuña Mackenna la entidad desarrolló un seminario con el destacado teólogo de la Liberación, Joseph Comblin –fallecido en marzo de este año- sobre ‘Ética, Política y Derechos Humanos’
La reciente reapertura de la Comisión calificadora de Prisión Política y Tortura que recibió miles de nuevos casos, respondió también a una demanda levantada firmemente durante estos años por la Comisión Ética, que ha denunciado al mismo tiempo el carácter secreto que el gobierno de la Concertación dio a los testimonios sobre tortura y prisión política y ha insistido en la necesidad de lograr verdad, justicia y reparación.
La lucha contra el indulto a los criminales ha sido una tarea que la Comisión retoma  con fuerza en las nuevas condiciones políticas.
Al pasar revista a estos diez años de trabajo, Hervi Lara, coordinador de la Comisión Ética sostuvo que hoy en Chile, la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes constituyen una práctica cotidiana de carabineros en respuesta a las movilizaciones sociales, que se ejerce en las cárceles y en los allanamientos a comunidades mapuche y en la cual también están involucrados instructores del personal de las Fuerzas Armadas, todos los cuales operan dentro de la más completa impunidad, ante la inexistencia de mecanismos de investigación y prevención de ese flagelo, y la falta de tipificación legal de la tortura.
La Comisión ha denunciado la formación –en realidad la deformación- que reciben los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y participa de la campaña por lograr que se detenga el envío de uniformados chilenos a cursar estudios en la ex Escuela de las Américas, responsable de la “capacitación” de 195 miembros  de las Fuerzas Armadas en 2008, bajo el mismo sistema que formó a los oficiales torturadores de la DINA y CNI.

Alto a la Violencia Policial.
La visión de la Comisión Ética respecto del uso de la tortura hoy en Chile  se basa en un trabajo llevado adelante en temas que hasta hace muy poco no eran asumidos por otras organizaciones de derechos humanos, como por ejemplo, la represión a las comunidades y luchadores sociales del pueblo mapuche; la criminalización de la protesta social, y la utilización de montajes político-policiales para intimidar a sectores movilizados.
En 2008 la Comisión Ética llevó adelante una campaña bajo el lema “Alto Ahí, Basta de violencia policial”, junto a Amnistía Internacional y organizaciones sociales y sindicales, orientada a denunciar la creciente violencia ejercida por carabineros contra jóvenes estudiantes y trabajadores.
En esa oportunidad, la Comisión analizaba que en Chile se estaba aplicando la lógica de la "guerra preventiva", la que de manera real o virtual "divide al mundo en enemigos y amigos". Denunciaba ya hace tres años, que en Chile han sido declarados “enemigos” los jóvenes que expresan su descontento por la ausencia de perspectivas de futuro; los estudiantes que se oponen a la mercantilización de la educación; los trabajadores sindicalizados que luchan por condiciones laborales dignas y los mapuche que exigen la restitución de sus tierras ancestrales.
El pastor Helmut Frenz sostenía entonces (gobierno de Michelle Bachelet) que tenía la impresión de que los gobernantes "aceptaron la herencia del sistema pinochetista, al comienzo por fuerza mayor, pero se dieron cuenta que es más fácil gobernar dentro de un sistema casi dictatorial que dentro de una verdadera democracia”.
En esa oportunidad se denunció como inaceptable que en Chile haya que pedir autorización para realizar marchas públicas y que Carabineros pueda disolver las manifestaciones amparándose en un decreto publicado en dictadura, bajo el número 1.806 de 1983.

Informes Anuales.
Anualmente la Comisión publica un documentado informe relativo al estado de situación del país en relación a la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes, así como a los pasos dados en relación a la reparación a las víctimas y el castigo a los victimarios.
Estos dossiers entregados a los sucesivos gobiernos han alcanzado vasta difusión nacional e internacional en organismos como la Federación Internacional Contra la Tortura y las comisiones de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, entre otros. Listados de prisión política mapuche y de muertes por tortura elaborados por la Comisión Ética Contra la Tortura, y documentos de análisis sobre la violencia institucional, y las demandas no resueltas de importantes sectores de la población chilena, se han constituido en valiosos elementos de apoyo a la lucha de los movimientos sociales, que han sido retomados posteriormente también por otras organizaciones sociales y de DDHH.
En Europa se ha constituido una sección Exterior de la Comisión Ética Contra la Tortura que cumple un rol de vocería y lobby ante las instancias internacionales. El Dr. José Venturelli asistió como observador internacional al juicio realizado en Cañete contra luchadores sociales mapuche, elaborando un informe sobre las irregularidades, vicios y contravenciones al debido proceso que se registraron allí, posibilitando la condena de cuatro dirigentes indígenas.
La Comisión ha formulado varios llamamientos públicos y recolectadas firmas de centenares de personas para exigir el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista y la reforma de la justicia militar para que no sea aplicada a civiles y para que los uniformados que cometen actos delictuales sean juzgados por tribunales civiles.
En ese marco, la Comisión ha recordado que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha planteado al Estado de Chile la necesaria integración de la definición de tortura al Código Penal, de tal manera que se ajuste a la Convención de la ONU con el fin de garantizar la investigación imparcial.

Organizarse contra la impunidad.
La Comisión Ética ha expresado asimismo su voluntad de acoger “a los familiares de quienes han sido víctimas de abusos policiales, que hayan sufrido acosos y torturas, que han perdido la vida a manos de agentes policiales y militares, y a las personas y organizaciones sociales que han sido víctimas de montajes de parte de funcionarios del Estado en complicidad con la prensa ligada a los dueños del poder económico”, con el fin de denunciar estos hechos ante los tribunales nacionales y organismos internacionales de derechos humanos, para identificar y sancionar a los victimarios, pidiendo fin a la tortura.
Asimismo considera indispensable  la investigación de las acciones violentas que han comprometido la integridad física, psíquica y moral de las personas afectadas, especialmente de quienes son hoy objeto de “montajes”, como es el caso de los presos políticos mapuche y de los presos del llamado “Caso bombas” que se encuentran en huelga de hambre desde hace varias semanas.-

Lucía Sepúlveda Ruiz. www.periodismosanador.blogspot.com

Wednesday, April 6, 2011

Libertad a todos los presos políticos y derogación de la Ley Anti-Terrorista. ¡Ahora!


Complicado el asunto de la promoción del Fiscal Alejandro Peña, quien ha estado envuelto en los mal llamados "casos bomba", y desde donde ha demostrado total desprecio por el Debido Proceso y por los derechos de los detenidos. Se confirma la colusión desde el Ministerio del Interior con este personaje a quien ahora "premian" con la responsabilidad de la Seguridad. Estas son malas noticias: confirman que el gobierno se sigue alineando con las violaciones de los DDHH's. Obviamente el Fiscal Peña ha estado haciendo carrera (y vaya que corre bien y tiene quienes le aplauden) cuando el Ministerio del Interior lo premia con un cargo de tan alta responsabilidad.

El problema es que funciona sólo con su imaginación y su virulencia persecutoria, dispuesto a humillar y a abusar de todos aquellos que no le agraden ideológicamente. La persecución política es lo que el Ministerio parece haberse acostumbrado a hacer y, habiendo sido formado bajo la Constitución anti-democrática que nos rige, seguramente seguiremos escuchando de sus  reiteradas violaciones. El gobierno debe recapacitar y parar este total contrasentido social de atropellos "legales".
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados escuchó hoy atentamente a familiares y a organismos de DDHH's en estos casos y reconocen que la situación de los DDHH's sigue siendo grave y de que el mundo identifica en Chile a un país que no cumple los tratados firmados sobre  DDHH's. La Ley Anti-Terrorista, que permite y fomenta esta irracionalidad represiva debe ser derogada. Hay que apaciguar la imitación que continúa de querer eliminar, por razones políticas, a quienes no sean del gusto del poder político. Chile actúa de modo anti-democrático. También la Comisión Constiucional reprueba la relación entre el Ministerio del Interior y su apoyo a medidas represivas del fiscal Peña.

Los jóvenes perseguidos por el Ministerio Público llevan ya casi 8 meses detenidos en Alta Seguridad. Son 8 hombres y dos mujeres. Cuatro imputados adicionales están con medidas cautelares fuera de prisión. Las amenazas del Fiscal Peña ofrecen prisión a perpetuidad a dos “líderes” (El Mercurio, con su clara forma de sugerir y ordenar represión, como lo ha hecho con los dirigentes mapuche, ya los ha condenado y no es capaz de ejercer ni la más mínima capacidad crítica o de duda cuando se trata de las violaciones de los DDHH’s. Una tradición vergonzante en un país donde no existe el derecho real de informar o de ser informado sobre la realidad política). Se les acusa de asociación ilícita sin haber demostrado nada. No hay evidencia participativa tampoco y, simplemente, se trata de culparlos por un pasado anarquista que, bajo ninguna norma internacional judicial o de DDHH's puede justificar las condiciones inhumanas en que se los tiene y que los ha forzado a esta huelga de hambre para que sus derechos sean respetados.

Ninguno ha estado en acciones terroristas -pese a haber sido investigados por cinco años y con los medios persecutorios ilegítimos que usan los cuerpos políticos policiales. Lo que procede es dejar de torturarlos con estas formas de detención y de negación de su libertad de modo prolongado.  Tres de los detenidos estuvieron once años presos por sus ideas. Pero de ahí a acusarlos de ser líderes terroristas es la evidencia misma de que la represión sigue siendo rutina en estos poderosos mandamases que aún siguen en un pasado inmoral.
El gobierno acepta que se sigan usando métodos anti-democráticos de Testigos Protegidos, de detenciones preventivas con castigos prolongados y de una permisividad  irresponsable, abusiva, contra los detenidos. La forma como esta ha sido usada con los dirigentes mapuche por simplemente ser dirigentes de su pueblo en la defensa de los derechos fundamentales y a quienes tampoco lograron demostrarles ni una sola evidencia, debe hacer capacitar al gobierno de que los tiempos de la represión abusiva ya pasaron y que en Chile, como en el mundo, el rechazo a esos métodos crece. La dictadura perfecta y el pinochetismo sin Pinochet no son tolerables.  Esta actitud se confirma en el despido de la Defensora Nacional, Paula Vial quien ha denunciado estas mismas violaciones a la Justicia. La eliminación de los presupuestos a las acciones de apoyo a la construcción de una Memoria Histórica y el desmantelamiento del equipo de Derechos Humanos en el mismo Ministerio del Interior forman parte de la única asociación perfectamente ilícita del Estado. El Presidente debe dejar de esconderse: aún no cumple lo que prometiera a los huelguistas de hambre mapuche. Estos han retomado su huelga por la mantención de la Ley Anti-Terrorista a la que sólo le pintaron la cara diferente pero se sigue usando a todos los que se atrevan a denunciar la realidad y a luchar por sus derechos. Esta Ley Maldita se está usando hasta con los menores Mapuche y con otros sectores de la sociedad.  Las huelgas de hambre proliferan por la incapacidad de entender que la democracia, los derechos humanos y una justicia verdadera deben ser para todos y cada uno de los ciudadanos de este país. La salud de los detenidos se deteriora y Gendarmería agrega su propia violencia y falta de cumplimiento en lo que corresponde a su responsabilidad de protegerles su salud y derechos carcelarios. Sumarse a esta represión es inquietante e ilegal. La salud obedece a patrones éticos que no están siendo considerados y en Gendarmería se pretende que “ellos deciden” cuando y a quien llamar para que atiendan a sus presos. Ignorancia y violación de los preceptos éticos van de la mano: Gendarmería tiene la obligación de que esos preceptos sean respetados. La atención de la salud es un derecho inalienable, especialmente en personas a los que no se les ha juzgado y que están presos por el carácter permisivo y abusivo de la Ley Anti-Terrorista.

Una exigencia creciente está ante nosotros: Libertad a todos los detenidos  y derogación de la Ley Anti-Terrorista. Ahora, para terminar con la brutalidad que está ocurriendo. 


  • http://radio.uchile.cl/noticias/109441/ ;  
  •  http://www.biobiochile.cl/2011/04/06/alejandro-pena-renuncia-a-fiscalia-sur-para-ocupar-alto-cargo-en-ministerio-del-interior.shtml ; 
  • http://www.elciudadano.cl/2011/04/06/por-la-libertad-de-todas-y-todos-los-presos-politicos-contra-la-represion-de-la-protesta-social/ 

Monday, April 4, 2011

Carta al Presidente de la Corte Suprema de Justicia por las condenas a los presos mapuche injustamente condenados.

 
Buin, 2 de Abril de 2011
Sr. Milton Juica Arancibia
Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Santiago, Chile

De mi más alta consideración: Sobre la represión sostenida contra el pueblo Mapuche

Respetado Ministro de la Corte Suprema,

Como lo he expresado en varios artículos e intervenciones en que se discute la violación constante de los derechos de los presos políticos mapuche y a quienes se les han violado las más elementales garantías y derechos procesales, me adhiero en forma total a la demanda (anexa) hecha por los detenidos y familiares que exigen la anulación de los juicios a los que fueron sometidos y que sólo por razones políticas, sin demostrar participación ni asociación ilícita, han sido sentenciados con condenas inmorales. Mis impresiones provienen también de haber visitado varias veces los diferentes centros de detención de estos presos, cuyas condiciones son infra-humanas en grado máximo e incompatibles con los principios de justicia más elementales.

Mi impresión como Observador de los Juicios de Cañete coincide con la de muchos observadores chilenos y extranjeros, incluído el de la Defensora Nacional, Paula Vial, de que la Ley Anti-Terrorista LAT no fue ni derogada ni eliminada de sus juicios. Peor, los Juicios Orales fueron llevados adelante bajo el “beneficio” para un Fiscal, Andrés Cruz, profundamente sesgado contra los imputados, a imponer sus condenas y permitía un “fiscal informal”, en el juicio mismo y que representaba a la empresa forestal, en la petición de esas condenas.  Tales conductas abusivas del Ministerio Público están claramente coludidas con los intereses que dañan específicamente al pueblo mapuche en  su medio ambiente, en su espacio vital, su cultura, en el uso de recursos naturales, agua y sobrevivencia económica y, sin duda, del bien más preciado por todo pueblo, su libertad. El carácter de prevaricación de algunos jueces y del sistema fue denunciado por la Magistrada Mireille Fanon Mendès-France, de Francia, con amplia experiencia internacional quien asistiera a los Juicios de Cañete.

Existe una concentración del poder estatal y del gobierno, como objetivo único de su gobierno, los beneficios de un sector de empresarios –nacionales e internacionales que destruyen el medio ambiente y que obtienen ganancia abusivas inmensas- por una parte. Por otra, se mantiene al pueblo Mapuche todo en torno a su defensa de los encarcelamientos y abusos de justicia. Esto permite que el gobierno no negocie los principios que Naciones Unidas y los mismos Mapuche han insistido por décadas (para hablar sólo de los tiempos post-dictadura). Me refiero a sus derechos fundamentales. Los conflictos de intereses, que incluyen hasta al Presidente Piñera, no permiten que se hable de las restituciones de tierras, de recursos para trabajarlas, de los recursos para salud, educación y calidad de vida que deben ser considerados procesos de “discriminación positiva” para una reparación formal, necesaria, urgente y justa.

Dado que los detenidos cumplieron en torno a los dos años de prisión “preventiva” y que esta fue solo conseguida por la LAT, creando además un grado de miseria familiar, a la que se agregan los acosos y violencia contra las familias y niños –de las que hay evidencia y que se ha presentado a nivel internacional- es necesario que la Corte Suprema considere no sólo la anulación definitiva de sus Juicios, sino la libertad incondicional de los presos y que se tomen las medidas de reparación a todos y cada uno de los presos políticos mapuche. Estas medidas deben considerar el enjuiciamiento de  quienes abusaron de sus prerrogativas y han causado tanto daño a las familias, al pueblo mapuche y al país en sus fundamentos cívicos y de relaciones fraternales.

Procede la libertad incondicional porque los juicios orales no aportaron un ápice de evidencia a los montajes denunciados. Demostraron sólo el carácter represivo de un sistema que se quedó en los sueños represivos.

Reciba mis saludos y aprecio más considerados,

 
Dr. José Venturelli B. Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura
Profesor Emérito de Pediatría, Universidad de McMaster
Hamilton, Ontario – Canadá / Domicilio Permanente: Hamilton, Ontario – Canadá / Domicilio secundario: Buin, Chile /



CARTA DE LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS MAPUCHE CONDENADOS
AL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA

Sr. Milton Juica
Presidente de la Corte Suprema de Chile,
Santiago

Los familiares de los presos políticos mapuche enjuiciados recientemente, en la ciudad de Cañete, región del Bío Bío, queremos hacer llegar a Ud. nuestra profunda preocupación por la situación de vulneración sufrida durante todo el desarrollo del proceso judicial y que concluyó, finalmente, con una sentencia condenatoria, razón por la cual nuestros familiares mantienen una huelga de hambre líquida, desde el día 15 de marzo.

Como Ud. sabrá ellos formaron parte del grupo de 34 mapuches que estuvieron más de 80 días en huelga de hambre para pedir, entre otras cosas, que no se les aplicara la ley antiterrorista (18.314), es decir, tener la posibilidad de un juicio justo. Sin embargo, pese al acuerdo con el gobierno, entre los meses de noviembre y febrero se desarrolló un juicio oral en contra de 18 comuneros mapuche, a quienes se les aplicó dicha normativa por parte del Ministerio Público y los querellantes particulares: empresas forestales y representantes del gobierno, éstos últimos a través de su adhesión a todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, incluyendo a los testigos secretos que la ley antiterrorista faculta.

En la sentencia condenatoria conocida el día 22 de marzo, los miembros del Tribunal Oral en lo Penal, los Sres. Carlos Muñoz y Jorge Díaz, expresaron haber formado su convicción de la supuesta participación en los hechos investigados y juzgados principalmente a través del testimonio de un testigo secreto (denominado “testigo Nº26”). Sin embargo, en la sentencia se rechazó la calificación de terrorista de los hechos, lo cual resulta una evidente contradicción.

Una situación alarmante es que los Sres. Jueces consideraron en su sentencia el “testimonio de oídas” de un policía de investigaciones quien habría escuchado la declaración “voluntaria” de uno de nuestros familiares (igualmente imputado y condenado), quien supuestamente se habría auto inculpado e incriminado a otros comuneros mapuche. Al respecto, queremos insistir que este hecho fue denunciado ante la justicia y la opinión pública, pues dicha declaración fue obtenida bajo tortura constando con la certificación médica de las lesiones producidas. Sin embargo, en un hecho sin precedentes, la Fiscalía de Temuco decidió no perseverar la querella, archivando la causa, y no investigando los graves hechos de tortura denunciados por el comunero mapuche.

Por otra parte, la aberración jurídica más grande la constituyó el hecho del doble juzgamiento al que fueron sometidos nuestros familiares, quienes por el mismo hecho fueron procesados por la justicia civil y militar al mismo tiempo. A pesar de que el Juzgado Militar de Valdivia, el 16 de diciembre de 2010, resolvió absolver a nuestros familiares por no encontrar creditados los hechos investigados. Actualmente la causa se encuentra radicada en la Corte de Apelaciones de Concepción, sin que se tenga conocimiento de cuál será su siguiente tramitación. Nos produce consternación la situación de que si el fallo absolutorio no fuera ratificado y tuviera un retroceso, es decir, volviera a procesar a cada uno de nuestros familiares se generaría de este modo, nuevamente, un doble juzgamiento, ya que este mismo hecho fue visto, juzgado y absuelto por la Justicia Militar, y ahora juzgado y condenado por  en el Tribunal de Cañete.

Ud. tendrá conocimiento que el Estado chileno ha recibido un informe por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre del 2010, en el cual se constata la violación de los derechos humanos de los dirigentes y miembros del pueblo mapuche que han sido juzgados y condenados mediante la Ley 18.314, particularmente por el uso de testigos “sin rostro” (Informe CIDH 176/10). Hoy el Estado arriesga una condena internacional por parte de un Tribunal Internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no puede ser sino motivo de preocupación para esta Excelentísima Corte.

Nuestros familiares, todos ellos luchadores sociales de nuestro pueblo, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman, Jonathan Huillical Méndez fueron condenados a 20 años de prisión y Héctor Llaitul Carrillanca a 25 años. Estamos convencidos de que fueron vulnerados derechos garantizados por la constitución, estos son: un debido proceso y un juicio justo.

Por lo tanto, demandamos la nulidad del juicio y la realización de un nuevo juicio con un tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista. Además, exigimos la ratificación inmediata de la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Militar de Valdivia.

Queremos presentar además a Ud. algunas de las personas y organizaciones que nos acompañan en esta petición de justicia y se solidarizan con nuestro justo reclamo.


Atentamente,


Familiares de los Presos Políticos Mapuche condenados en Cañete.


31 DE MARZO DE 2011