Los compromisos del gobierno: mentiras, engaños y más represión.

 ¿ Es Hinzpeter el verdugo?

La ley Anti-Terrorista es un pobre engendro de las mentalidades represivas y criminales como las de Pinochet, Manuel Contreras y otros "próceres" que se escondían en la oscuridad y, de los "intelectuales" que buscaban aterrar al país y hacer reinar el miedo. Me refiero a los guzmanes y algunos de los próceres actuales que las hicieron leyes sin un grano de democracia. Dedicados a reprimir a todo lo que impidiera ganancias a los magnates actuales, desde Los Matte y Angelini hasta los más recientes que eran protegidos en dictadura como los Luksic y Piñera... cuyas fortunas crecían al empobrecer al mapuche y a otros sectores del país.  Los financistas especuladores se multiplicaron.

Ese castigo preventivo, con el que se ha podido perseguir hasta asesinar de modo impune a los afectados del pueblo que exigen ser respetados, es la letra de la dictadura y que quedó en esa ley de marras. Cambiar todo eso es urgente.

La huelga de hambre de los cuatro dirigentes mapuche terminó con una declaración en la que figuraron los Ministros del Gobierno Felipe Bulnes de Justicia y el Ministro Larroulet (el mismo que firmara los acuerdos de Octubre del 2010 y que no fueron respetados de modo alguno aunque juren haberlo respetado: la evidencia del engaño ha sido clara para todos) Eso no da muy buen augurio...

Pues bien, a menos de 24 horas de haber hecho el acuerdo, aparece el Ministro Represor Hinzpeter y, en TVN, con la cara dura que le caracteriza (y la mucho menos inteligencia que pretende) dice "a la Ley Anti-Terrorista no se la toca". Eso es ser un provocador y pone, nuevamente, al gobierno todo, coherente consigo mismo: El Gobierno es torpe y de mala fe al actuar de este modo.

La enfermedad del "terrorismo en Chile" existe... desde el golpe de 1973 que lo llevaron adelante y mantienen como un forma de prevenir cualquier oposición. Los Hinzpeter, Von Baer, Piñera han demostrado ser administradores de empresas poco éticas que aumentan sus ganancias y limitan los salarios y derechos laborales… y ser también pésimos gobernantes, inmovilizados por la represión y la protección de sus socios.

La Ley Anti-Terrorista debe ser derogada... y una nueva Constitución hecha democráticamente y no con líderes fácticos y coludidos con este espantapájaros social que pretenden democrático.

Todos los habitantes de Chile (y crecientemente del mundo), han visto la dignidad del pueblo mapuche y de sus líderes. También la grosería y carácter repulsivo de las estructuras del estado y gobierno que se solazan en reprimir e inflarse con aire caliente... para subirse más alto. Derogar la ley anti-terrorista es lo que se necesita y, en lo inmediato, liberar a quienes sean perseguidos con ella (mapuche o no) porque no se ha podido demostrar absolutamente nada terrorista, salvo lo hecho por los afiebrados fiscales y del trío de gobierno que miente y amenaza. La calidad moral del gobierno se evidencia en los indultos a los criminales de lesa humanidad. Estas acciones son más que suficientes para impedir legalmente y desrielar a personajes como Hinzpeter, verdugo que ya no da para más.

El gobierno se empantana en la represión y en su incapacidad de mirar al país como tal y no como empresa. Esto lleva a más violencia y la creciente resistencia por los derechos fundamentales del pueblo. ¿Van a seguir criminalizando y justificando sus leyes inmorales? Si crece la decisión de luchar de los diversos grupos sociales, estudiantes, trabajadores, ANEF, universitarios, pescadores, mapuche, diaguitas, aymarás, jubilados, comunidades amenazadas por agresiones al medio ambiente, profesores, trabajadores pagados en forma miserable y pobladores y tantos más que protestan es porque el gobierno es incapaz como los anteriores, centrados en las ganancias y no en la calidad de vida del país todo.  ¿Van a reprimir hasta matar, con impunidad? No se podemos aceptar que todo lo cubran con imágenes estúpidas como eco-terroristas, universitarios terroristas y otras estupideces de ese tipo. La lucha social es un derecho inalienable. Equidad y justicia van de la mano: Esto es algo para lo que los gobernantes no fueron preparados y, si lo fueron, salieron mal. Demasiado tiempo aceptando la represión formó a muchos represores y corruptos sin que se hicieran preguntas. 

Mientras los incrementos de ingresos sean “a la chilena”, la equidad seguirá disminuyendo. Las ganancias permiten a los Piñera, Luksic y socios aumentar con furia en su competencia escandalosa por ser "el más rico". La política del chorreo que permite el “choreo” de los poderosos, no resuelve nada: lo empeora. “Miren como sonrien los presidentes”... ¡especialmente el actual!
Las políticas de justicia (y justicia social para los sectores más pobres -70% gana menos de $30.000- deben reparar a los despojados y poner énfasis en eso y no en aumentar ganancias de magnates. La reparación al mapuche y no más la saña de Hinzpeter y pandilla debe imponerse. El que no hayan "gastado" el dinero de CONADI el año pasado les permite eliminarlo ahora... en vez de designar dinero para desarrollo, escuelas, tecnología, asistencia, salud, escuelas, etc... y no para meter más Comisarías y represión.  Negociar con el gobierno es pésimo negocio cuando no hay interés sino en mantener este estado de cosas.

Discurso de Juana Calfunao: Consejo de Derechos Humanos 17° período de sesiones, Ginebra del 30 de mayo al 17 de junio de 2011

Tema 4: Situación de los derechos humanos que requiere la atención del Concejo. Debate general.

(Intervención del Consejo Indio de Sud-América)

Señor Presidente:

La persecución política contra nuestros dirigentes y la criminalización de nuestras justas demandas por parte de la justicia chilena, quienes coludidos con las empresas nacionales y multinacionales, con la complicidad de las autoridades, es la norma que diariamente enfrenta nuestro pueblo Mapuche.

El objetivo del gobierno chileno es acallar las demandas de nuestro pueblo mediante el encarcelamiento de nuestros dirigentes. Que luchan pacíficamente por el respeto de sus derechos, y contra el exterminio de nuestras comunidades mediante el despojo de nuestro territorio y cultura cosmovisiónal.

Los abusos de poder de la policía que se expresan en allanamientos arbitrarios y montajes, están a la orden del día. La policía aplica violencia innecesaria y desmedida contra de niños y ancianos. Destruye los inmuebles y utensilios, se llevan las herramientas de trabajo: computadores, teléfonos, dinero, botan los alimentos y nos roban objetos valiosos y simbólicos de nuestra cultura ej. Joyas e instrumentos propios. Estos materiales nunca se nos devuelven dejándonos cada vez más empobrecidos.

La policía realiza montajes judiciales. Colocando ‘pruebas’, algunas de los cuales son de uso exclusivo de ellos. Desde el pasado 15 de marzo, cuatro hermanos se encuentran en huelga de hambre, en protesta por haber sido objeto de montajes policiales y judiciales; fueron juzgados por un supuesto delito, simultáneamente por tribunales militares y civiles. Un tribunal civil los condenó entre 20 a 25 años en la que se utilizaron testigos anónimos, sin rostro, método ampliamente condenado por organizaciones de derechos humanos internacionales. No obstante la clara violación al debido proceso, recientemente la Corte Suprema de Chile validó las irregularidades cometidas por el tribunal civil, a pesar que previamente un tribunal militar y otro civil los habían absuelto. La iglesia católica actuó como garante en una larga huelga que se realizó el año 2010 en donde el gobierno chileno se comprometió a no aplicar la ley antiterrorista en contra de nuestros dirigentes. Ni el gobierno, ni la iglesia cumplieron sus promesas pues lo único que ellos querían era que la huelga de hambre terminara, lo mismo que quieren hoy. Es decir nuestra demanda histórica por nuestro patrimonio ancestral del territorio sigue siendo criminalizado.

Queremos dejar establecido que las autoridades tradicionales del pueblo Mapuche, jamás hemos renunciado a nuestros derechos de pueblo. Tales como el derecho de mantener nuestras propias normas y costumbres, nuestra relación armónica con nuestra Madre Tierra ya que somos parte de ella.

Chile violó los tratados celebrados con la nación Mapuche y los con la Corona de España y anexo de manera violenta e ilegal nuestro territorio y considerando que nuestro pueblo se encuentra en una absoluta indefensión. Queremos reafirmar una vez más que Chile no tiene jurisdicción sobre nosotros los mapuche, ni de nuestro territorio.

Por lo tanto no tenemos otra alternativa que reafirmar nuestra identidad cultural y luchar por nuestra autonomía y libre determinación que nos asiste como pueblo ante el derecho internacional.

Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT, pero no se da cumplimiento a la norma establecida por la ONU. Miente descaradamente en los informes que entrega en los exámenes periódicos de este organismo mundial. Nos niega el derecho a que los pueblos originarios controlemos nuestro propio territorio ancestral. Al contrario, el Estado chileno contamina y destruye impunemente

En mi calidad de autoridad solicito, que los miembros de la ONU hagan un contundente llamado de atención al Estado chileno. Por su incapacidad de respetar y cumplir los convenios y leyes nacionales e internacionales y los mínimos derechos humanos de las personas.

Si se practicara un reconocimiento a la diversidad, juntos lograremos realizar una vida justa, solidaria, sana, con respeto y dignidad para todos.

Muchas Gracias Sr. Presidente.

Juana Calfunao Paillaléf.
Lonko de la Comunidad Juan Paillaléf.

Ginebra, 7 de junio, 2011

Huelga de hambre en el prisionero de conciencia y “tratamientos forzados”.

Una discusión en un país donde no se discute (oficialmente, por lo menos) la necesidad de respetar los derechos más básicos, como el de la Autonomía ante la vida y las terapias.

La razón para no discutirlos es porque estos derechos se violan.

El artículo “Huelga de hambre y Estado de Derecho” de Antonio Bascuñan, escrito el año pasado  y que presenta ahora Mapuexpress (http://elpost.cl/content/huelga-de-hambre-y-estado-de-derecho) fue originalmente publicado en El Post (http://elpost.cl/content/huelga-de-hambre-y-estado-de-derecho) tiene una visión que es respetable y adecuada. Incompleta en algunos aspectos que quiero discutir por la relevancia que tiene en este momento.

Si bien el autor acepta el principio de que la autonomía de las personas es más importante que "las razones del Estado" para no deben violar esa autonomía creo que debemos llevar el análisis más lejos, especialmente porque el estado chileno (Gobierno y Cortes de Justicia) están a punto de cometer un delito adicional.

El artículo no va más lejos y termina indicando que el debate sobre que es la autonomía y lo que debe determinarla no se ha hecho en Chile. Este no es el caso en el extranjero donde, ya hace mucho tiempo se ha avanzado enormemente. Existen películas, centradas exclusivamente en el contexto de enfermedad y terapia, de enfermedades que son terminales y progresivas (cáncer incurable a pesar de todas las terapias llamadas de modo eufemístico, heroicas, que no sólo no impiden la muerte sino que se transforman en agonías intolerables para el individuo, y son carísimas) También están aquellas enfermedades o condiciones que sin ser progresivas ni terminales. Este es el caso del film español (“Mar adentro" 2004, actúa el artista Javier Bardem. Es un hombre que sufrió una lesión en un accidente en el mar que lo deja tetraplégico (parálisis con pérdida de la sensibilidad y movimiento desde el cuello abajo). Es curioso que el director del film es chileno de nacimiento, Alejandro Amenábar, y vive en España donde trabaja) El film, adecuadamente, discute el problema de la autonomía de una decisión para pedir muerte asistida, porque la calidad de vida es intolerable, que es razonamiento ético central del principio de autonomía. Ella determina la decisión de un individuo. Y esto es lo que los especialistas en ética consideran como la razón central decidir. Y es una decisión personal que debe ser respetada.  Anteriormente, en cierto modo, esto ya se había determinado en las discusiones que llevaron al rechazo ético mundial de la pena de muerte. Los encarcelamientos injustos, como los que vemos en esta situación, se transforman en condenas a vida y de vida por el recurso de las leyes injustas que les son aplicadas. Y esto es evidente para los detenidos, para sus familias y para todo el pueblo mapuche.

La  calidad de vida es algo que debemos siempre identificar porque estos casos de forzar terapias o respetar el derecho, en el caso de enfermedades, a una “muerte digna” sucede en todas las edades. Desde el recién nacido hasta el anciano. Los ancianos con enfermedades terminales con demencia progresiva e irreversible, para las que no hay tratamientos eficientes, es hoy uno de los casos más comunes. Persistir en tratarlos y resucitarlos es lo que se llama “terapias fútiles” 1, o inútiles.  En realidad son más que inútiles: son peligrosas, de alto costo t violan el principio de autonomía y de la calidad de vida. En el otro extremo de la vida podemos encontrar muchísimas enfermedades congénitas o adquiridas que impiden toda calidad de vida.  Así, un feto diagnosticado antes de nacer con ultrasonido de holoprocencefalia (una condición congénita en que el cerebro tiene tales anomalías que llevan a la muerte muy temprano en la vida y que impide una vida normal. de total dependencia y sin capacidad de funcionamiento independiente, emocional o creativa) puede plantear problema éticos mayores. Hemos visto como los padres llegan a ser forzados (por el Estado, Hospital, Médicos u otros grupos: un miembro de la familia, grupos religiosos) a permitir que los tratamientos más agresivos, con el dolor y agonía que sí producen, sea mantenido vivo a toco costo hasta que el recién nacido fallece. Es sobre calidad de vida que el diálogo entre la sociedad (abogados, sistema de salud, y otros) y quienes tengan la custodia del paciente (generalmente los padres) se deben hacer y decidir si se hacen estas terapias heroicas o no. Los conflictos en lugares como Chile ocurren porque, de modo irracional, grupos que actúan como fundamentalistas y sin razones éticas impiden que prevalezca una toma de decisiones que respeten este principio de autonomía. Y este no es antojadizo: debe basarse en  los conceptos de calidad de vida. Y eso tiene variaciones entre las personas: por ejemplo, para los que exigían que los presos (aquellos que la autoridad tiene detenidos) irlandeses debían “vivir” y no “dejarlos morir” era simple y tomaban la vida como un fin en sí. Este era de represión y castigo y, por ese mismo castigo esa vida les era importante. Castigar y amedrentar. Hacer escarnio. Para los presos en huelga, ellos habían llegado al punto de que sus vidas, sin las libertades que exigían, no eran vidas dignas de vivirse. Nada diferente de lo que vemos con el pueblo mapuche. Por ejemplo, en Chile "aún se evita" discutir estos temas por razones múltiples, pero, generalmente porque quienes exigen “tratar sin exclusiones” ven un sentido para ellos mismos: castigar a los que presentan como sus enemigos. Es el ensañamiento: un acto de sadismo, en realidad. Y es el establecimiento del poder el que se ha negado a reconocer que sus funciones tienen repercusiones éticas importantes.  Se escudan detrás de un “en Chile las leyes se cumplen, olvidándose del origen de esas leyes y de las razones para las que fueron promulgadas. Entre los profesionales médicos los hay  que pretenden que ellos hacen lo que los pacientes o familias les mandan. Es un concepto escapista, basado mucho en ignorancia y en una potencial consideración mercantilista: "ellos son los que me pagan". A menudo esto es apoyado por los sistemas de salud primordialmente privados, donde la salud es considerada una mercancía) partes pero la norma es que la calidad de vida debe determinar la decisión del individuo (o quienes tengan la custodia o poder de decisión como es el caso de estos recién nacidos). Pero nada se dice de la obligación ética del médico mismo, enfrentado a detenidos políticos en huelga de hambre y para los que el Estado, mediante órdenes de sus jefes o con documentos legales (aunque ilegítimos) les obliga a “tratarlos”. Las sociedades medicas, la chilena incluida tienen códigos muy estrictos en este caso. (Lo que no quiere decir que esto sí se cumpla) Ningún órgano de estado o autoridad tiene el derecho de obligar a un profesional a imponer por la fuerza terapias que el que las reciba –un preso político en este caso) rechaza aceptar. Pero, en el Chile acostumbrado a la represión como expresión cotidiana y que se “quedó pegada” como rutina por el miedo impuesto durante la dictadura se siguen violando estos principios. Y se esconde, como se ha hecho con los desaparecidos, los torturados, (hasta los niños desaparecidos y torturados!) Una razón, sin duda, es el uso de miedo que se manifiesta con las enormes limitaciones que existen en Chile de respetar el derecho a informar y el de ser informado. Y ese miedo también tiene su base entre los que dominan el país a perder sus privilegios. Los profesionales en centros militarizados y en gendarmerías son profesionales de muy alto riesgo a ser obligados a efectivamente violar el principio de autonomía. Así, efectivamente, el estado los transforma en torturadores.  Los códigos de ética prohíben esas acciones. Sin embargo sólo ahora se lleva adelante el diálogo entre los médicos. El haber tenido el Código de Ética no impidió que se hiciese silencio cuando Patricia Troncoso, detenida Mapuche con montajes fue textualmente “torturada para ser alimentada a la fuerza” . El Colegio Médico de Chile, en ese momento no sólo se mantuvo en silencio sino que, venido el momento en que se sintió que su vida peligraba, dio el consejo a los médicos “que había que darle alimentación y no dejarla morir”.  En otras legislaciones eso le habría significado juicios muy, pero muy onerosos a quienes lo hicieron y a quienes actuaron como consultores y que faltaron a la ética por ellos mismos aceptada. Había allí también el delito de connivencia entre los represores y los detentores del poder económico, y, en forma subrepticia, se prefirió aparecer como salvavidas y evitar tener problemas con el poder establecido. Además, la prensa y otros medios, lo esconderían. Como entonces sucedió 1.

En el caso que  golpea a la sociedad chilena está centrado en el hecho de que la Autonomía se niega a un individuo por el Estado (fundamentalmente por acciones de el aparato de Justicia, que tiene un sesgo inmenso ya que está supeditado no a las normas de justicia sino a las que le sirven a un sistema altamente represivo que, además criminaliza a quienes se le opongan)

·     Hay algunas premisas que es necesario identificar 2 :

·     Estado de autovalencia e independencia del huelguista de hambre (en este caso, el preso político en huelga de hambre que ha sido detenido en el ejercicio de sus derechos fundamentales y que son apoyados por todos los organismos de Derechos Humanos además de los organismos mundiales normativos, como Naciones Unidas en todas sus dependencias que tratan del derecho a la Autonomía y también las relacionadas con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

·       En el caso concreto de los presos políticos mapuche, no hay duda alguna de que su decisión es el resultado de un proceso consciente, autónomo, en el que los individuos considera sus opciones personales y sociales.

·       La calidad de vida estos individuos está directamente determinada por el estado de sus derechos fundamentales: sus tierras, cultura, comunidades, idioma, subsistencia, capacidad de movimientos y estilo de vida fueron afectados gravemente por la invasión, primero de los españoles y, luego, por la imposición del Estado chileno que, en ningún momento liberó al país y, menos aún fue un proceso de independencia de los pueblos chilenos. Los mapuche fueron mantenidos en situaciones de exclusión, pobreza impuesta e incorregible en el sistema impuesto. Pobreza en todas las expresiones de la vida del pueblo Mapuche.

·       Los presos políticos mapuche fueron detenidos con una ley anti-terrorista que viola todos los principios del derecho del detenido y del debido proceso. (Nótese que este derecho está consignado en las leyes chilenas de la Constitución que está en ejercicio desde la dictadura y las llamadas reformas no han alterado esa situación. El problema es que la Constitución “reformada” por la Administración del Presidente Lagos “mejoró’ para los fines de la represión, la Ley Anti-Terrorista (LAT) y, esta se sobrepone a las demás leyes.

·       La LAT ha quebrado el principio de que todo ciudadano de este país tiene derecho a una Defensa. “Sin Defensa no hay justicia” dice el emblema de la defensoría Nacional Pública. Este hecho, que ha persistido por cerca de 30 años ha también llevado al pueblo mapuche a indicar que, en esos términos, la ciudadanía chilena les ha sido impuesta y no la aceptan. Situación complicada porque es similar a la de un pueblo bajo un estado que ejerce un poder tipo Apartheid, como lo fuera el Estado Sud-Africano (blanco) contra la mayoría negra. Más aún existe una no declarada pero efectiva en los hechos, guerra de baja intensidad o “guerra sucia”.

·       El sistema judicial chileno ha usado la llamada “puerta giratoria” que permite al Ministerio Público detener de modo repetitivo a quienes desee. De hecho los detenidos llevan más de dos años, varios 6 y 7. Se detiene a familiares, a niños ( Contra estos hay una política de abuso que ha sido denunciada y que exaspera a los comuneros  de forma inmensa.

·       El Ministerio Público, que es el que ejerce el brazo represivo, anuncia sin problemas que “les va a dar condenas a perpetuidad o a 100 o más años”. Esta aberración judicial lleva al prisionero de consciencia a encontrarse en un callejón sin salida. Por una parte es estimulado a, es lícito hacerlo y debe ser apoyado (con normas como el Convenio 169 de la OIT) a recuperar sus derechos fundamentales (que incluyen sus tierras ancestrales y todo lo que eso conlleva) . Sin embargo,  es este mismo Estado el que lo criminaliza, detiene, tortura y le extrae ”confesiones” que la LAT acepta como “legítimas y legales” y que son las únicas pruebas presentadas como evidencia!  Este cuadro de verse encerrado en una situación sin salida (en que la misma Corte Suprema pasa por encima de los veredictos de dos cortes que los habían sobreseído precisamente porque los juicios eran inválidos y, aceptan “las pruebas” de un fiscal  calificado como prevaricador por los observadores internacionales, los vuelve a condenar) y es lo que lleva al detenido, cuando lo ha hecho antes y se ve forzado a hacerlo de nuevo, a persistir en su huelga de hambre. Esta ocurre exclusivamente porque sus derechos de vida son violados.

·       La calidad de vida ha sido violada y es inaceptable para vivirla. Este principio de autonomía es válido y violarlo sólo pone al Estado en la situación repetitiva de “patear la pelota hacia delante”, es decir, usar a cada momento las opciones represivas que son las que se dan este momento.

·       La negación del gobierno y del Estado a permitir que los detenidos sean respetados legalmente, que tengan los derechos del detenido (y no el ser tratados con el Código Penal del Enemigo) y sean juzgados con el debido proceso invalidan el juicio. La confirmación por la Corte Suprema, que se erige como “la última palabra” y “que ahora les queda sólo cumplir las penas”, dicho por el portavoz de la Corte Suprema,  los pone en derecho lógico, legítimo, legal y social de rechazar, con la única herramienta que tienen, la alimentación. La represión es tal que no les queda otra alternativa porque la calidad de vida no les es aceptable. Y ese derecho es de ellos y nadie, a menos que sen los mismos que los reprimen, debería alterarlo  Estas son las  situaciones que llevan a la huelga de hambre y, bajo ningún punto de vista ético, social o moral es sostenible el que ahora, mediante un “recurso de protección del Estado, puedan impedirles seguir hasta el punto que ellos determinen en su huelga de hambre. No son suicidas ni dementes: son presos políticos y el derecho de autonomía no se pierde en la cárcel. Esta es la razón por la que en Chile, bajo el poder establecido y sus leyes impuestas de modo anti-democrático e ilegítimo, tampoco han querido discutir los aspectos éticos mencionados por el académico Antonio Bascuñán. Mucho menos establecer un proceso que lleve a una Asamblea Constituyente en que el pueblo, adecuadamente representado (no bajo un Parlamento impuesto, de tipo binominal que impide la expresión de amplios sectores de la sociedad). El recurso de protección que quieren implementar a la fuerza (y que ya ha sido claramente descrito como sesiones de tortura por quienes los han experimentado en Chile Mapuche y no mapuche) y en otros lugares del mundo (Irlanda, Inglaterra, entre otros)  al que se oponen los detenidos, sus familias y sectores crecientes de la sociedad chilena es totalmente insostenible si se pretende que vivimos en un Estado Democrático de Derecho.

·       El intento de pretenderse “sensibles, humanistas, de defensores de la vida” cuando se ha hecho todo porque esas vidas no sean viables, respetadas y plenas es una farsa. Especialmente porque es la vida misma la que el Estado y el Gobierno están destruyendo. Cuando acusan a quienes defienden el derecho de autonomía de los presos políticos en huelga de hambre no pueden substanciar lo que dicen. La medida única es respetar los derechos de todos y cada uno. Y hacerlo ahora porque esos crímenes que está cometiendo pasarán a la historia con los nombres de cada uno de los que los están perpetrando.

·      Una pregunta formulada a Antonio Bascuñán en la revista original, es, “¿Y quien decide si el paciente, a consecuencia se huelga de hambre llega a un punto de perder el conocimiento y es incapaz de decir nada?: El asunto es muy simple: el médico responsable y quien ha establecido la relación con el huelguista de hambre ha debido comprobar de que él o ella está en buenas condiciones mentales, de que no hay coerción en tomar la decisión –estas conversaciones son absolutamente confidenciales y a lo más con un testigo familiar o legal designado por el detenido. Un acuerdo ha sido tomado que, de no cambiar la decisión del detenido, no debe cambiarse por ningún motivo. La decisión fue tomada cuando estaba en perfectas condiciones y esa incluía el momento en que, como consecuencia lógica del ayuno, lo llevaría a ese estado de discapacidad. Y eso no se cambia porque el punto final ya había anticipado la decisión.  Para detalles ver el documento Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial sobre las Personas en Huelga de Hambre  http://www.wma.net/es/30publications/10policies/h31/   Este es el contexto para un enfoque éticamente correcto, respetuoso del derecho de autonomía de todos los individuos. Los cambios antojadizos deben ser razón para revisar el contexto. Sin duda, la idea más cercana al contexto no es de un suicidio, como lo indicara en televisión el mismo Presidente Piñera, sino el de un crimen social en el que autoridades y el estado se han coludido hasta el último minuto. Incluyendo el de criminalizar y declarar a la víctima como culpable y suicida.

·         

       La decisión en estos casos debe ser tomada respetando los principios más estricto del derecho de autonomía. Especialmente cuando la solución más simple y correcta es que se suprima la causa misma de las huelgas de hambre. Y eso se hace declarando nulo los juicios viciados impuestos, devolviendo la libertad y, bajo normas legales democráticas, re=evaluar los casos en cuestión. Sin dejar de olvidar que esta vez los presos ya llevan mucho tiempo detenidos de modo arbitrario, como lo han confirmado dos cortes judiciales del país y miles de personas que han actuado como observadores y defensores de los derechos humanos. El elemento de la reparación y de la discusión respetuosa de las demandas mapuche sobre sus derechos debe ser la conclusión. La que nos permitirá avanzar hacia un país honrado y honesto para todos. Que todos queremos y quisiéramos construir.

José Venturelli, Pediatra

Profesor Emérito de Pediatría y Terapia Intensiva

Universidad de McMaster, Hamilton, Ontario – Canadá

Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura  CECT-SE

joseventurelli@gmail.com

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1 Una terapia médica fútil (inútil) es todo tratamiento que en términos razonables no consigue ofrecer que el paciente sane, consiga paliar, mejorar o restablecer una calidad de vida que sea satisfactoria al paciente. Esto incluye también a cualquier tratamiento que cause sufrimientos superiores a cualquier éxito o beneficios para el paciente (Medically futile therapy guidelines: Medical Society of New Jersey: www.medicallyfutiletherapyguidelines.pdf

2  El autor de este artículo, entonces intentó discutir de modo infructuoso con las autoridades, escribiéndole incluso a la Presidenta de la República, médica ella misma, pero no hubo respuesta a ninguna de las tres cartas entregadas. El poder se cree permitido que todo puede ser considerado como “razón de estado”. Esa es una de las más comunes bases para la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.  Y eso es lo que está en juego: ¿Queremos una sociedad que efectivamente provea, asegure los derechos humanos y la justicia para todos y respetarla sin excepciones?

a.    El Colegio Médico de Chile es signatario de la declaración de Tokio, adoptada  en la 29ª. Asamblea Médica Mundial de Tokio, Septiembre 1975 http://www.wma.net/e/policy/c18.htm) que indica, a la letra (versión española oficial)  5. “El médico debe gozar de una completa independencia clínica para decidir el tipo de atención médica para la persona bajo su responsabilidad. El papel fundamental del médico es aliviar el sufrimiento del ser humano, sin que ningún motivo, personal, colectivo o político, lo aleje de este noble objetivo.”
6. “En el caso de un prisionero que rechace alimentos y a quien el médico considera capaz de comprender racional y sanamente las consecuencias de dicho rechazo voluntario de alimentación, no deberá ser alimentado artificialmente.
La decisión sobre la capacidad racional del prisionero debe ser confirmada al menos por otro médico ajeno al caso. El médico deberá explicar al prisionero las consecuencias de su rechazo a alimentarse.”
7. La Asociación Médica Mundial respaldará y debe instar a la comunidad internacional, asociaciones médicas nacionales y colegas médicos a apoyar al médico y a su familia frente a amenazas o represalias recibidas por haberse negado a aceptar el uso de la tortura y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante.”

Una carta urgente al Presidente Sebastián Piñera: El Recurso Presidencial

Señor Sebastián Piñera Echeñique,

Presidente de la República de Chile

sebastianpinera@presidencia.cl

cc: Asesoría Presidencial: bcofre@presidencia.cl

Una carta urgente al Presidente Sebastián Piñera

El recurso del indulto presidencial:

Este es un problema de TODOS los chilenos, es decir, resultado de errores de casi todos.  ¿Puesto así, puede el presidente reconocer su error? Esta pregunta es central para ver si se actúa de buena fe o simplemente nada logra hacernos entender la realidad ni errores personales y colectivos.

Ser un (relativamente reciente) multi-millonario, de los que hay pocos en Chile, tiene un peso enorme, condiciona la vida y muerte de muchos… y del futuro.  Las riquezas personales auto-justifican las ganancias como si se tratase de éxitos personales, "viveza" y hasta un sentido de genialidad que los propulsa por encima de todos. Estas "cualidades son tan poderosas" que quien cree poseerlas piensan tenerlo todo. Incluso olvidan los valores y normas éticas de la sociedad. También crea los condenados de la tierra.

De que las condenas de los comuneros mapuches están basadas en errores de concepción judicial enormes y que las acusaciones estuvieron basadas en acciones inaceptables en cualquier sociedad democrática y en los términos estrictos de la ética legal, es reconocido. El que dos Cortes del país, con tradiciones muy conservadores los haya sobreseídos no es poco. La Corte Suprema no puede pretender infalibilidad cuando en su veredicto ha usado acusaciones contrarias a las normas legales. Sus interpretaciones son antojadizas. Indica que "su papel es cumplir con las leyes" pero no reconoce que su responsabilidad es reconocer como estas fueron generadas en forma ilegítima, bajo dictadura, que por eso mismo influencian el que en Chile, precisamente no haya justicia para todos. Peor, es la fuente de la injusticia misma. Y esto se ve en que viola los derechos de los chilenos en general porque todos están bajo la amenaza de la arbitrariedad permitida por la Constitución actual y, especialmente, por la Ley Anti-Terrorista.

Los errores históricos de usurpar las tierras de los propietarios ancestrales, el pueblo mapuche, se hizo en el espantoso error de abusar del poder y de, en el camino, ir haciendo leyes que permitieran (inmoralmente) legalizar ese despojo. Fue posible legalizar, pero jamás pudieron legitimizar el robo. Y el haberlo hecho por décadas luego del período colonial no puede ser la base a derechos basados en injusticias y represión que permitió mantener ese despojo y esa exclusión criminal del pueblo mapuche. Se les robó el derecho a su cultura, idioma, relaciones sociales y formas de vivir que les eran propias. Los encerraron en reservas, las que fueron la forma de encarcelarlos y poder así, a través de la sobrepoblación y de la incapacidad creciente de sobrevivir, el forzarlos, por ausencia de tierras y aumento de la población, a aplastarlo e imponerles el tener que emigrar. Era la forma de hacer aserrín del sólido tronco mapuche y luego lanzarlo al viento para que no pudiese reconstituirse y oponerse. (Sin olvidar que se fabricaron héroes, como Cornelio Saavedra o el bandido General Trizano, cuyos valores sociales celebrados eran los de asesinar al pueblo mapuche en los intentos de genocidio que les fracasaron).

He visto la ausencia total de humanismo en las cárceles chilenas. Lo han hecho también muchos estudios oficiales de que son verdaderos infiernos. Los muertos en las cárceles son muchos: De una golpiza propinada en la cárcel de Valdivia, dada por funcionarios del Estado y latifundistas falleció un famoso Lonko al que no se lo quiso recordar por el establecimiento chileno. El pueblo Mapuche sabe recordar. Y por eso lucha por sus derechos. Y no hay exageración en eso. Sabemos, aunque la Corte Suprema lo niegue, que sus condenas a los comuneros este 3 de Junio, anunciadas en forma pomposa y supuestamente infalible, son el resultado de montajes, falsedades diversas y tortura. (Sí, Presidente, esta persiste en su propio país, que es el de TODOS) Este cuarto juicio, además, fue hecho en ausencia de los propios presos. Una aberración más en la muy larga lista…Y no solo lo han hecho en forma arrogante y pasando por encima de otros cuerpos judiciales poderosos, se han permitido también ponerse por encima de la sociedad toda al decir que “esto es lo último que queda y, ahora a obedecer!”. ¿Va Usted, Presidente, obedecer una orden espuria y llena de ensañamiento y odio? ¿Se va a quedar en silencio, a aceptar el crimen social?

Pues bien, este es el escenario de una historia de injusticias criminales, durante los largos períodos que conocemos, en el que la represión se enseñoreaba patrocinando el desarrollo de una Constitución del despojo en que el sufrimiento de un pueblo sucedía. Y, ante ese espanto los chilenos –de todos los sectores- pero, especialmente los legisladores, gobernantes y sectores de poder (iglesia, fuerzas armadas, policía y los buenos pequeños burgueses o clase media, acomodados) se quedaban callados, “no se mojaban en el dolor y la injusticia”. También, por inercia social impuesta, incluso las organizaciones laborales, de una forma o de otra. TODOS, en momentos de modo silencioso y en otras abiertamente recurríamos al “racismo de todos los días” que la cultura anti-mapuche nos iba imponiendo. Irresponsablemente permitíamos que todo continuara como siempre: es decir, asegurar más saqueo, más crímenes si eran necesarios para ganancia de unos pocos, esos “grandes señores y delincuentes menores o mayores. Todo siempre basado en el atropello del pueblo Mapuche. Bien, este es un resumen dirigido, injustamente breve, de lo que es nuestra historia, la que hemos hecho y sostenido hasta con sangre y fuego. Como lo hacemos hoy. Porque hay muerte en el aire, Presidente. Todos lo sabemos, nadie lo puede negar aunque se hagan los inocentes o sordos. Nadie. La muerte es a menudo la forma de pedir justicia negada. Y este es el caso. Y pretendan “ofrecer vida” en el insulto y en mayor represión cuando la vida permitida no es vivible.

Presidente Sebastián Piñera, Usted tiene la oportunidad única en la historia de este país: corregir lo hecho por ya dos siglos de atropellos. No los inició Ud. pero, evite ser otro más de esa cadena de privilegiados. Recuerde que también lo benefician: Las tierras de Tantauco, allá en Chiloé, son tierras huilliches, o williches (“gente del sur”) pero siempre mapuche. Ellas fueron reconocidas históricamente por los españoles como mapuche. Por coincidencia, son las tierras originarias del dirigente mapuche más perseguido y vilipendiado (por quienes poseen esas tierras y otras en el mundo mapuche). Me refiero a Héctor Llaitul Carillanca. Esas tierras, Presidente, Ud debe reconocerlo, fueron malhabidas porque no era ético adquirir tierras ancestrales Mapuche. Y lo hizo incluso contra el consejo que le diera el Obispo de Ancud. Esas tierras están allí, como un orzuelo en la imagen idílica que se pretende mostrar de este país.

El indulto, históricamente hablando, ha sido una forma de intentar corregir errores: como el matar a los condenados, como indultar a asesinos o a aquellos que presos inocentes. (Y que no hay pocos de esos en el mundo entero). En alguna forma, un corrector de errores de pocos o de todos. Una tabla de salvación para muchos: para los condenados –en este caso, por negación repetida de un derecho vital- y también para los que han permitido este crimen inducido. La huelga de hambre es siempre un recuso último de los humillados y culpados sin evidencias. Los luchadores políticos tienen derecho a expresarse, Presidente. Merecen esa justicia que exigen. Y sí, TODOS hemos sido culpables por comisión (El Estado y sus poderes), o por omisión (los que nos quedamos en silencio por demasiado tiempo) .

Si el Presidente pone realmente los hechos al frente, la necesidad imperiosa de que se haga justicia en el sentido más simple y en facilitar el poder evolucionar a una sociedad más fraterna y humana (y no una simple inmoralidad continuada que se justifica en castigos, cárcel, sangre y fuego, para que las fortunas se acumulen y se sientan los nuevos Crasos del mundo)… Bueno, si lo hace, Presidente, verá que hay una forma de corregir temporalmente este crimen: porque la muerte de los mapuche no las quiere nadie (imagino, por lo menos, que mayoritariamente nadie las quiere). Tenemos entonces, ante nosotros, sus potenciales muertes –que ya vienen y que no se resolverán violándoles además el derecho internacional y ético a rechazar las alimentaciones forzadas, verdaderas torturas, aplicada por quienes los mandan al cadalso y que ahora quieran aparecer como santos y salvadores. ¡Eso no! Por ningún motivo. Nadie movió un dedo cuando asesinaron a Jesús… nos dice una vieja historia.

Esas muertes no son un chantaje: exigen, eso sí, que se haga Justicia . Ahora, cuando es posible. Esto lo mencionan todos los que se preocupan del problema, incluso dos Cortes nacionales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Dirección de la Defensoría Nacional Pública, Premios Nóbel de la Paz y personalidades por todos lados, las iglesias, las organizaciones de Derechos Humanos en Chile y por el mundo, las Naciones Unidas y todos los convenios y tratados  firmados por Chile pero nunca respetados. Los jóvenes y los viejos. TODOS. Lo pide la vida y lo grita el futuro.

Usted, Presidente, puede cambiar este crimen colectivo en un acto que nos dirija hacia una sociedad mejor. USTED y TODOS debemos hacer caso omiso a tantos verdugos que pretenden ser buenos policías o severos ministros, que juran inmortalizarse en los crímenes que inventan y facilitan. Usted puede, Presidente.  Y puede también poner énfasis en que los derechos sean una realidad para todos.

TODOS tenemos el derecho a equivocarnos… pero no a ser criminales. Porque un error no significa que seamos criminales. TODOS tenemos el derecho a vivir en una sociedad donde los derechos humanos y la justicia para todos sea una verdad que nadie pueda negar. Para que eso suceda es que le escribo, Presidente.

El indulto, Usted lo puede, Presidente. Le abrirá a Usted y a TODOS, un camino en el que deberemos aprender a transitar. No está indultando criminales, como ha sido el caso de los que sí sabemos son criminales de lesa humanidad. Son los dirigentes de un pueblo que ha tardado tanto en obtener su plena expresión social y humana porque TODOS NOSOTROS hemos sido culpables de ignorancia y negligencia oportunista. La reparación y corrección de las leyes actuales, permisivas e instigadoras desde la historia de tanto crimen, debemos cambiarlas. Pero ahora, lo único, inmediato, es el indulto.

Usted puede, Presidente. Es hora ya de hacerlo. Es asunto de creer en sí mismo y de no tener miedo a actuar con generosidad. A ser sensible y auto-crítico, es decir, un ejemplo respetable. Es una urgencia humana y social, histórica y fraternal de este país para TODOS. 

Usted puede, Presidente. La historia lo ha puesto en esta disyuntiva y debe medir su propia responsabilidad. El mundo entero lo observa.

Respetuosamente presentada,

firma en original

José Venturelli

Profesor Emérito de Pediatría, Universidad de McMaster, Canadá

Ex-médico general de Nueva Imperial, IXa Región

Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura

Ciudadano de Chile y Canadá

joseventurelli@gmail.com

La Corte Suprema retorna a su función asignada: implementar la represión política

Repiten Juicios viciados. La ética profesional es excluida. 

En un acto indigno y ajeno a la justicia, a todos los principios humanos y de dignidad social la Corte Suprema de Chile muestra ser incapaz de resistir al neo-pinochetismo y  vuelve a condenar con pruebas inmorales, apoyadas en montajes, tortura, testigos falsos y prevaricación contra los comuneros mapuche en huelga de hambre. Esta era la función durante la dictadura y vuelve a ella con entusiasmo y cinismo.

No era su tarea adaptar toda la información sacada de montajes y de las aberraciones que permite la Ley Anti-Terrorista, usada en Cañete y que llevó a las condenas conocidas. Esta información fue considerada ilegal e ilegítima por las Cortes Marcial de Valdivia y de Apelaciones de Concepción. Pero los Ministros de la Corte Suprema, sin embargo, fueron y las aplicaron en un juicio de reemplazo violando el precepto adicional de que los comuneros mapuche ni siquiera estuvieron presentes en este cuarto juicio: ¿Cómo pueden pretender de que el Debido Proceso fue respetado? Sólo confirmaron de que en Chile la Justicia está basada en un espíritu represivo, favorable a los magnates y empresarios, y que no respeta ni considera los presos del pueblo Mapuche. (Muy distinta es la forma como indultan a criminales de lesa humanidad, remiten las penas y los tratan como príncipes mientras los presos Mapuche están en cárceles que son inhumanas en todos sus aspectos: (Para detalles ver artículo de Lucía Sepúlveda, periodista: http://www.biobiochile.cl/2011/06/03/corte-suprema-anula-juicio-contra-comuneros-mapuche-que-los-condeno-a-mas-de-20-anos-de-carcel.shtml ) La Corte Suprema ha recurrido como históricamente se ha hecho: despreciarlos y ni siquiera ser participantes de su propio juicio. Anular los juicios era la única cosa digna que podían hacer pero fueron incapaces. Pero... no es dignidad lo que podemos esperar de quienes reprimen o se asocian por intereses personales en contra de nuestros hermanos Mapuche. Detalles sobre esa discusión se encuentran en “El funcionamiento ilegítimo y abusivo del sistema de persecución política en Chile permite las injusticias que denuncian los presos Mapuche y otros”:  http://derechoshumanosyjusticiaparatodos.blogspot.com 

En su pomposa y arrogante actitud mal entienden su papel: no se trata de que sepan como interpretar leyes que otros interpretaron ya y que sabemos lo han hecho de modo inmoral. Se trata de que deben asegurar de que se haga justicia y no de ser sirvientes a una Constitución de marras que fue hecha por el dictador para favorecer a magnates y asociados. Que den varios años adicionales de cárcel a los comuneros “porque los acusan de ladrones de Madera”, en Chile, es un contrasentido total. Quienes han robado territorio y madera son las empresas forestales, que por obra y gracia de la dictadura y con el apoyo del Estado chileno, el aparato legal y administrativo ya por cinco gobiernos cómplices, (y más 200 años de exclusión y despojo). Los privilegiados de la Suprema entienden de que no es necesario justificarse; los Mapuche son inferiores y ellos lo pueden decir. Reprimirlos, al igual que a cualquier grupo humano, es lo que saben hacer. Y lo hacen sin vergüenza. Basta con acusarlos de terroristas, de indicarles que no se va a aceptar esa desobediencia y que merecen escarnio. Pero resulta que Chile ha firmado los convenios y tratados que ordenan responder a las demandas de los pueblos indígenas y respetar las normas para hacerlo, como el Convenio 169 de la OIT. Lo saben y dejan que no se cumplan. La Corte está dispuesta a que el pueblo Mapuche siga luchando por no estar preso. La Corte Suprema ha cumplido con la exigencia de que los dirigentes Mapuche estén presos todo el tiempo que sea necesario. Que consuman sus vidas presos. El daño y el sufrimiento que se les impone no cuenta. Sólo valen el enriquecimiento de los poderosos que manejan este paisito que pretende ser “justo” pero que no es, no quiere ni sabe como serlo.

No fueron capaces de resistir su propia historia de servilismo frente al poder económico y a los métodos aún presentes de la dictadura. Es una vergüenza que no podrán esconder. La Corte Suprema, que votó en unanimidad por esta aberración judicial, pasarán al basural de la historia. Este asalto adicional a la Justicia contribuirá a un despertar mayor de todos los pueblos y sectores sociales de Chile.

Las declaraciones post-condenas emitidas por la Corte Suprema de amplios sectores de DDHH’s y por Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de DDHH’s (INDH), son muy claras en cuanto a que esta actitud es un acto violatorio de los principios de Justicia. Constituye demás una amenaza contra la vida de los presos mapuche en el dí 82 de huelga de hambre.

Las actitudes de las autoridades distan mucho de ser respetuosas para con el pueblo Mapuche, han mentido en forma repetitiva: desde el Presidente, el Ministro del Interior y la Subsecretaria de Gobierno, que siguen repitiendo que el “gobierno habría cumplido con todos sus compromisos” y que” ahora no hay nada que puedan hacer”, cuando hicieron todo lo posible por obligar a una decisión represiva de la Corte Suprema, como la que emitieron. Han insistido en que “las condenas deben ser cumplidas” y, al hacerlo, reniegan de que hubiesen cumplido con todo.  No han sido capaces de identificar los  procesos violatorios que con asaltos a las comunidades se van aprobar. El pueblo mapuche y todos los sectores sociales chilenos entienden que sólo a través de la lucha social por sus derechos y necesidades lograrán avanzar hacia una sociedad con equidad y justicia para todos.

Los presos Mapuche ya han indicado que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  También los familiares y los grupos de DDHH’s seguirán luchando porque en Chile tengamos una sociedad respetuosa de los DDHH’s de todos. No son luchas simples ni breves: el pueblo Mapuche conoce esto muy bien. Nos inquieta que la vida de ellos no está en las normas y preocupaciones del estado o del gobierno. Pretender ser salvadores de vidas… de las mismas vidas por las que no han hecho nada para que sean juzgados con respeto y el debido proceso. es cinismo. Aparecer después de la violencia represiva y las condenas cuando estas son el resultado de una estructura de poder injusta como la chilena no tiene valor alguno. “Las violaciones a la ética que pretenden ejercer” asaltando a los huelguistas de hambre para realimentarlos contra su voluntad es un punto adicional de la injusticia en Chile. Esto a quienes no les dejaron otra alternativa que poner sus vidas para salvar sus derechos y las vidas de su familia y pueblo todo. La Declaración de Malta (http://www.wma.net/es/30publications/10policies/h31/ ) Establece con claridad los términos de referencia de las huelgas de hambre por los llamados prisioneros de conciencia. El gobierno debe aprender a no poner a sus ciudadanos en desigualdad de condiciones ante la ley y así evitará huelgas de hambre.

José Venturelli, Pediatra
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura  CECT-SE

Desde Hamilton, Canadá, 4 de Junio del 2011

El funcionamiento ilegítimo y abusivo del sistema de persecución política en Chile permite las injusticias que denuncian los presos mapuches y otros

1 de Junio 2011

La intimidación del detenido y la negación de los derechos que estos deben tener es sistemáticamente usado por el Ministerio Público. Éste se ha convertido en el látigo de castigo a quienes tengan posiciones contrarias al estado y Gobierno. El informe presentado sobre la visita a los presos del mal llamado “Caso bombas”, y en la que me tocó participar es verídico. Hice una segunda visita que me permitió ver las condiciones de salud de los detenidos políticos en huelga de hambre. Fue confirmatorio de lo denunciado. Quiero expandirme en el terreno de la intimidación del detenido y la negación de los derechos judiciales que estos deben tener. La realidad aún tiene características dictatoriales:

El marco represivo es el de criminalizar y condenar. El proceso no intenta siquiera hacer justicia sino castigar:

1. Las detenciones son violentas, brutales y tratan de intimidar a familias, vecinos o potenciales simpatizantes de estos detenidos por razones políticas. Se actúa con ensañamiento.

2. Acompañamiento de un campaña de los medios de comunicación (TV, Radio y Diarios del duopolio La Tercera-El Mercurio que los condena antes de ser juzgados. Usa todo tipo de recursos, presenta los montajes como si fueran reales. Estos montajes (conexión con grupos "terroristas" del extranjero de los que nunca han conseguido mostrar la menor evidencia y han debido abandonarlos) son presentados como pruebas, violando así, no sólo el Principio de Inocencia mientras no se demuestre dicha evidencia, sino que también el principio de ceñirse a la verdad. Esta es historia vieja y los violadores de este importante principio periodístico es ilegal, además de ilegítimo.

3. Cuando se detiene a alguien el Fiscal busca victimas y no trata de actuar como funcionario del aparato de Justicia. El fiscal Alejandro Peña en sus acciones no deja la menor duda de que son sus enemigos, de que no tienen derecho a la presunción de inocencia. Dice, irresponsablemente, tener miles de pruebas… que no existen y que son tan absurdas como tener un periódico sospechado de ser de oposición. O de que el detenido tenía un documento de Noam Chomsky… (Este es el autor -linguista, sociólogo, cientista político de una enorme reputación- más publicado del mundo: asociarlo con terrorismo demuestra ignorancia y mala fe extremas) El uso de “testigos” delincuentes es conocido. Se recurre a la tortura y violencia en las peores condiciones de encarcelamiento posibles. Se trata de quebrar al preso, mucho antes de que se le juzgue. Se niega la defensa. La asociación culposa ilícita la cometen los fiscales de modo sistemático y asocian supuestos anarquistas con cualquier bombazo en la ciudad.

4. Para intimidar se amenaza con sentencias de 100 años, cadena perpetua: esto deja al detenido indefenso y bajo una presión psicológica ilegal e ilegítima. Es  expresión de un poder ilimitado de personajes que abusan del un poder abusivo que les otorga la Constitución actual y que no quieren perder. El gobierno los usa.

5. Que sean detenidos urbanos y de grupos que exigen respeto a sus demandas laborales, educacionales, por la tierra, el mar, el agua o los detenidos Mapuche, poco importa. Siempre utilizan la violencia contra sus familias y criminalizan hasta a sus hijos. Estos últimos, especialmente en el caso de detenidos mapuche, son torturados y existe evidencia de que sucede y que ha sido presentada internacionalmente.

6. La violencia es usada con un sentido mesiánico, fanático y que se pretende purificador, poseedor del derecho y la razón (lo que está muy lejos de ocurrir en la Justicia chilena): Desde imponer “su versión” implacable de una rectitud pretendida (e ignorante de la ética) no tienen la menor capacidad de análisis sobre actitudes ilegales, inmorales y claramente antisociales . El uso de los “recursos de protección” para los presos que tuvieron que llegar a la huelga de hambre porque no había posibilidad de poder defenderse, demuestra, nuevamente, ignorancia. Forzar terapias  a cualquier individuo, especialmente alimentación que se hace en medio de violencia y tortura en la que se obliga a participar incluso a profesionales de la salud de la tortura para "salvar las vidas de los huelguistas de hambre" está reñido con la ética y la ley internacional. (La ley chilena, vista desde el punto de vista de los Derechos Humanos, es irrelevante cuando se hizo con mentalidad represiva y no de alcanzar justicia. Su diseño fue hecho bajo una dictadura interesada en intimidar y producir escarnio)) sin hacer nada por que estos presos tengan los derechos judiciales que piden y que son la causa de sus huelgas de hambre. Esto viola los convenios internacionales de Derechos Humanos y de la Asociación Médica Mundial (que está también en el Código de Ética del Colegio Médico de Chile aunque éste no lo haya manifestado saliendo en defensa de estas personas)

7. La mantención en celdas de Máxima Seguridad es una tortura en sí: los presos detenidos el 14 de agosto 2010, “supuestamente terroristas y anarquistas, venían siendo seguidos sin encontrarse nada importante. Pero fueron ingresados con un espíritu vengativo por el fiscal y se les mantuvo por más de siete meses en condiciones inhumanas y que ninguna legislación puede defender como aceptable. Sólo tenían 2 horas de luz, no tenían calefacción ni luz artificial ni elementos como un computador para trabajar en sus propias defensas. Ni siquiera de verse entre ellos: se trataba de asesinos peligrosos sobre los que no podían demostrar ni crimen ni participación, salvo la ira del fiscal que, obviamente actuaba bajo la demanda del Ministerio del interior. Ministerio que “quería resultados” en su política de criminalización de cualquier oposición y por la que estaba dispuesta a retribuir a su ejecutor. Y lo hizo: el Fiscal Peña, que cometió todo tipo de aberraciones salió antes de tener que defender nada y fue premiado con un alto cargo en el que se espera siga haciendo persecuciones con su furia y actos de abuso. Todo para alcanzar objetivos políticos.

8. Las visitas familiares en el “caso bombas” se ven amenazadas en forma abusiva y grosera de modo casi sistemático: las mujeres son forzadas a desnudarse parcialmente en un gesto de atropello y humillación que sólo tiene lugar por la autorización e impunidad que otorga el sistema represivo a sus funcionarios n cualquier nivel de acción. He visto los alimentos llevados por familiares a detenidos ser destruidos solo por el placer de demostrar poder. Se trata de gente entrenada para tener mentalidades fanáticas:y obedientes:se les acostumbró a la represión como derecho desde la dictadura y así creen que siguen "ejerciendo" la ley, que tienen un derecho natural para hacerlo. Los asesinatos del pueblo mapuche lo han sido en forma impune. Más que eso, el establecimiento del Poder, el o la Presidente/a y los ministros de turno los han felicitado por “su profesionalismo y contribución a la paz social”. Un menor desaparecido por seis años y, aunque se sabe quienes  lo detuvieron y raptaron hasta hacerlo desaparecer., siguen intocables. El problema es que esto lo permite la Justicia en la Constitución actual y “la autoridad” sigue pretendiendo que en Chile se respeta la ley, como lo dicen, frecuentemente, las subsecretarías de gobierno.

9. La violación de los derechos humanos se expresa también en la vehemencia con que se la niega: mientras mayor es la represión más se miente sin empachos sobre la inocencia de los que la perpetraron. Carabineros y PDI niegan totalmente sus acciones violentas. Me ha tocado comprobarlo y tanto el Ministerio del interior como las fuerzas policiales han negado todo. En el peor de los casos se declaran ellos las víctimas, aunque hayan llegado armados hasta los dientes, en carros blindados y con la violencia del invasor. (Declararse víctima por los miembros de la policía tiene un beneficio muy grande: ellos serán juzgados, con la idea de protegerlos exclusivamente como se ha visto, por la Justicia Militar) Las violaciones mencionadas, además, cuentan con la negación de que estos hechos realmente ocurren. Esto se hace desde el ministerio del Interior cuando se les pide que justifiquen estas acciones.

10. La cadena de mando se esfuerza permanentemente en mantener la Cadena de Impunidad. Es lo que permite que podamos ver en vídeos tomados durante el acto mismo como se propinan patadas en la cara a menores, se torture a menores, se usen bombas, caballos (en manifestaciones en las ciudades,) disparos mortales (con comuneros mapuche) y uso de fusiles antimotines a mansalva y a quemarropa que dejan daños enormes. La cadena de la impunidad es muy sólida y muestra la anuencia total de las autoridades del país y de las instituciones represivas como Carabineros y PDI. Peor aún, estos funcionarios llevan adelante procesos de tortura para obtener "confesiones o declaraciones" de los detenidos que luego son usados para condenar a las víctimas y a sus hermanos.

11. Uso de la Tortura: En Cañete la tortura de uno de los presos condenados fue la “pieza clave” de la acusación del Fiscal: Se trataba de un joven detenido en Temuco y torturado por más de 18 horas. Al fin “obtienen una confesión” que implicaría a los cuatro condenados a largas penas pero que el detenido cuando tiene consejería legal rechaza con razón. (Caso J. Huillican) Las penas son de 20 a 25 años que serían injustificables si la tortura y los testigos protegidos no hubiesen sido usadas) Es decir, el sistema de funcionamiento del Ministerio Público promueve y confirma la utilidad de la tortura. Los abogados que la denuncian son acosados por los mismos fiscales (Caso hermanos Viluñir: Es un ejemplo de la más sórdida violación de los derechos de las personas. Uno de los hermanos torturados, Rodrigo Viluñir, declaró que vio al fiscal (Andrés Cruz, que dirigió la investigación y acusaciones) dos veces, “la primera vez cuando ratifiqué la primera declaración sin leerla y la segunda, hace un mes atrás en Talcahuano.” (Revista Punto Final Nº 718) Este Fiscal es el que inició una querella contra el abogado defensor. Chile aún no implementa el Protocolo Facultativo por la prevención de la Tortura y, así, impide que ésta sea erradicada.

Hay algo muy podrido en este pretendido reino de Chile que quiere ser modelo… La Corte Suprema tiene que recuperar su función normativa para una verdadera justicia. Aprobar el recurso de Anulación de los juicios de los cuatro condenados en Angol sería un comienzo. Pero debemos insistir en avanzar hasta que las leyes de este país sean justas, sean generadas democráticamente con la más amplia participación ciudadana, no entre cuatro muros y con objetivos antidemocráticos. Muy distinta de la Constitución actual. Porque en lo que respecta a los Derechos Humanos, o se está por ellos o contra ellos. Las ambiguedades sólo fortalecen un estado de cosas inaceptables: eso es el Chile que tenemos, cada día más parecido a una dictadura perfecta.