El despido de la Defensora Nacional, Paula Vial, es un síntoma patognomónico de represión

Esta palabrita médica quiere decir que un síntoma o signo da el diagnóstico con certeza: la represión se entroniza. El gobierno tiene su corazón blindado con las ideas impuestas entre septiembre de 1973 al 1990. Esto es algo muy grave. ¿Pretende que hará una dictadura perfecta?  No puede aceptar que le enrostren que “su justicia” es injusta y anti-democrática, que impide tener juicios respetables de los enemigos políticos. ¿Es esto el aviso de “¡que nadie se atreva!” que conocimos y que será seguida con más represión y leyes anti-cualquier cosa que no le de la aprobación? Poder no es sinónimo de razón.

Al gobierno se le cae la máscara represiva. El despido de quienes denuncian lo que sucede en la Justicia del país es silenciar las verdades que saltan por todos lados. Volvemos a la prohibición de pensar, que al tirano (y comparsa) les parecía tan normal y bueno: "Aquí no se mueve nada sin que yo lo diga". La diferencia es que Piñera azuza a la represión, promueve el miedo a la policía, esconde la mano, trata de indultar a criminales de lesa humanidad – ¿con Odlanier Mena, nada menos que ex-Jefe de la CNI se justificará con que son reglamentos de Gendarmería? Porque en ninguna legislación decente podría tener beneficios por la naturaleza de sus crímenes. Se pretende engañar con sus maniobras ilegales, ilegítimas contra el pueblo mapuche y, ahora, contra todos los que se le opongan a sus planes de rifar el país y, él mismo, de seguir ganando con sus compañeros de cabalgata. No negocia las tierras mapuches... por ser uno de los que las detenta (ver historia en Tantauco). Esconde la mano en el uso del carbón y de centrales termo-eléctricas para las minas que azotan el país, todo sea para los grandes socios -Clan Luksic, Copec, donde tiene acciones-,  o en las forestales, la celulosa, etc.- que todas empujan su carro de ganancias y de represión. Y mientras Ud. es presidente, sigue con una especie de campeonato de quien gana más "por el lado". No ocurre esto en las democracias que un presidente publicite el ganarse 200 millones de dólares, adicionales a su salario anual, así, tan simplemente.

Los presos políticos mapuche a los que se les imputa con montajes ser terroristas (y se usa la Ley Anti-Terrorista contra ellos) llevan más de 2 semanas en huelga de hambre. ¿Va seguir con el silencio culpable “a ver si pasa” o se les va a dar el beneficio fundamental de tener un juicio que respete el Debido Proceso? Lo que procede, luego de más de dos años de encarcelamiento preventivo bajo la Ley Anti-Terrorista que no logró sino mostrar su carácter represivo y cero evidencia sobre participación en los delitos montados, llevando todo a un juicio de persecución política con condenas inmorales, es que ahora se libere a los dirigentes mapuche en forma indefinida. Libertad y Derogación de esta ley maldita. ¡Demuestren que esto no es dictadura!

El despido de la Defensora Nacional, Paula Vial, es una joya de la injusticia y sentido anti-democrático... (ver detalles en http://radio.uchile.cl/noticias/108695/#comments donde se dan datos muy importantes)  Es intervenir politicamente para controlar una Justicia que piensa y que no es servil. El desmantelamiento de los abogados del equipo de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior fue en la misma dirección. Sin embargo, no hemos escuchado a nadie del gobierno quejarse ni mencionar el crimen ocurrido el 19 de marzo de 2011 de un joven vendedor ambulante de 19 años, en La Ligua, por Carabineros identificados, que le dieron a dos jóvenes una brutal  golpiza. Uno huyó y así se saben detalles, el otro fue dejado abandonado al fin de haber cumplido con su tarea “educadora” en un sitio eriazo y a las pocas horas fue encontrado muerto, con una ruptura del bazo por los golpes. La querella criminal existe, Presidente. Véala y discútala. ¿Vamos hacia esa brutalidad, Presidente? ¿A cualquier tipo de silencios culpables? ¿O van a acusar de terroristas a padres y hermanos cuando conmemoren su muerte que, de acuerdo a las estadísticas de la represión, iría a ser, nuevamente, una muerte impune? ¿Ylos imputados, también por la Ley Anti-Terrorista, de los montajes de los mal llamados casos "bomba", no le inquietan de que siga usando esa maldita ley? Dejar que la ley, cuando es inmoral siga su curso es inceptable. Su obligación es que Chile cumpla con los tratados y reconozca que la LAT no debe ser usada más. Atrévase a apurar su derogación ahora, antes de que cause un estado de rechazo cuyas consecuencias seguramente serán complejas y malas.

Su gobierno es coherente: ha forzado al diario semi oficial de La Nación, -que había comenzado, mediante la lucha de sus trabajadores, a ser crítico hacia el final del gobierno anterior-, a que se niegue a publicar comentarios que afecten a su presidente. Actitudes incompatibles con su pretendida sonrisa democrática e inocente... No se ve democracia…

El país no es suyo, Presidente, no está en venta ni se rifa en la Bolsa: es de todos los chilenos y si no lo entiende y viola todos los tratados de derechos humanos, el pueblo se pondrá de frente como vemos lo hace en forma creciente en lo que son sus derechos fundamentales. La demanda por una Constitución respetable se oye por todos lados, a pesar del silencio informativo que cubren con farándula y con los medios del duopolio, que le otorgan todo.

Agrego una nota que mandé hoy a LN por su rechazo a la libertad de prensa: La Nación tiene de nuevo el sesgo inalterable de los que han apoyado las violaciones de DDHH´s. El no publicar sistemáticamente comentarios que denuncian lo que el gobierno hace, nos retrotrae a la muy persistente actitud de prohibir disentir, de informar y de debatir lo que hace un Estado basado en una Constitución ilegítima, hecha por el dictador y mantenida por una colusión, en la que la cabeza es hoy el grupo que apoyara a ese dictador por todo sus años. Es otra evidencia.

Dr. José Venturelli, vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura

31 de Marzo del 2011 Publicado en El Clar'in del 1/04/2011 - Revisado.

El Caso Karadima y el de los presos políticos mapuche condenados.

¿Para donde corre la Justicia en Chile?

¿A quien sirve si no es a la clase que la controla?

Permítanme explicarlo.

Recordemos que los presos mapuche han sido condenados sin que se demostrara ni el crimen (no hay evidencias de ellos), no se les probó participación, se usaron las “garantías represivas” de la Ley Anti-Terrorista - LAT. Nada diferencia a los condenados de los 13 presos que dejaron salir (sin reparación alguna luego de años presos sin justificación alguna), excepto que son dirigentes mapuche y que son perseguidos políticos. Es decir, son condenas políticas… como lo fueron aquellos juicios contra el ex-cura párroco condenado en el Vaticano que fueron cerrados. También por razones políticas no fue juzgado en Chile. La LAT permitió largas  prisiones preventivas, –años en varios casos- uso de testigos protegidos, incógnitos, que no podían ser contra-interrogados, testigos coimeados, con dinero y con anulación de sus penas pues muchos eran delincuentes… para evitar que fuesen reconocidos. “Confesiones” obtenidas, sin duda alguna, bajo tortura, en varias ocasiones, con sus familias asaltadas, casas destruidas, hijos e hijas torturados como se ha denunciado la semana pasada en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -y anteriormente en otros cuerpos legales, internacionales y de DDHH´s. Los fiscales han incluso presentado querellas contra los abogados que demostraron que las confesiones eran obtenidas bajo tortura. También entrodujeron de modo importante casos ya juzgados y cuyos veredictos previos rechazaron condenarlos. Fueron sobreseidos (caso de juicio en Corte Marcial de Valdivia fue repetido en Cañete pero esta vez se da un resultado distinto…) Uno de los mismos testigos protegido de entonces lo pusieron en Cañete… y ahora les resultó. ¿Justicia a la chilena?

Pero hoy, Lunes 28 de marzo, en el “El Mercurio” el abogado del obispo pedófilo ya condenado en las Cortes del Vaticano, se queja a viva voz de que “las acusaciones contra su defendido no son aceptables en ningún lugar democrático del mundo si ellas son de testigos no identificables. Por ningún motivo deben ser aceptables”. Hmmm. Curioso, porque el mismo cura Karadima, quien ha tenido un enorme poder, cuando se enfrentara antes con sus crímenes, las cortes chilenas cerraron los casos. El Juicio en el Vaticano, sin embargo, reabre el tema (los poderes fácticos tienen mucho, demasiado poder) y ahora pareciera que Justicia podría ser hecha…

Lo curioso de todo esto es que cuando el Mercurio habla de los presos mapuche estos siempre son terroristas (en un país donde hasta sus modelos de los EEUU le dicen que eso no es así). Pero el diario este nunca menciona las violaciones del debido proceso, de la tortura rutinaria con los mapuche ni tampoco de que los Procesos Orales son una vergüenza y una inmoralidad. En realidad, no hay caso: Nadie aprende si no quiere hacerlo. Los intereses hacen cambiar hasta el aire. Pero estamos hablando de vidas y de un pueblo. Y de personas violadas.

Recuerdo todavía ese cartel que atravesaba la Alameda, -¿te acuerdas Miguel Angel?- frente a la casa central de la Universidad Católica y que decía “EL MERCURIO MIENTE”. Si bien muchas cosas cambian, los que no quieren no lo hacen… (aunque el mundo sí va cambiando). 

Sería lo justo que la Corte Suprema reconozca lo obvio: los juicios a los mapuche deben ser anulados y así demostrar que no siguen apegados a los tiempos en que un fulano podía decir y aplicar sus ideas de que “en este país no se mueve una hoja si yo no lo permito” Podrían usar incluso la argumentación actual del abogado del imputado pedófilo… hmmm. Pero con los mapuche las violaciones han sido mayor, inmensamente mayores, más abusivas, avergonzantes para quienes quieren vivir en un país democrático.

Dr. José Venturelli, Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura

28 de marzo del 2011

LAS RAZONES DE LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS CONDENADOS MAPUCHE

El Juicio de los comuneros mapuche está viciado y es

incompatible con la verdad y la democracia

Estimados periodistas y personas interesadas en los derechos humanos,

Esta declaración de los cuatro presos políticos mapuche condenados discute en detalle las razones claves de por que el juicio al que fueron sometidos no es legítimo y ni siquiera legal. Agreguemos a esto que la tortura viola los convenios claves de los pueblos -hechos que sí sucedieron como lo describen y también en también otros individuos que testimoniaron en ese juicio. Pese a la gravedad de esto el Fiscal Andrés Cruz se  permitió en este juicio, como lo ha hecho frecuentemente, intimidar a un abogado que demostrara esto (en otros dos casos) y lanzarle una querella "por inducir a dos testigos a cambiar sus declaraciones". Lo que esto demuestra es el "intimo convencimiento"  que la Fiscalía tiene de los métodos inmorales como es la tortura. Más aún lo es el uso indiscriminado para basar sus decisiones , y luego, corroborado por los jueces mismos, de las ventajas ilegales que les da la Ley Anti-Terrorista.

Fiscales y jueces se han acostumbrado a tratar a quienes disputen la visión oficial de la legalidad, la legitimidad y de los derechos fundamentales de nuestros pueblos con acciones y medidas absolutamente anti-democráticas. Muestran su incapacidad de aceptar los principios del Debido Derecho para que se haga Justicia. Y en este caso al pueblo Mapuche se lo desprecia y se le excluye de la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales.

Estas son las razones de por que los ilegítimamente condenados, así como observadores internacionales, han llamado a los que deberían asegurar que justicia fuese hecha, como típicos prevaricadores.

La declaración adjunta es firmada por los cuatro condenados y pienso que es muy importante que sea conocida. La realidad chilena es que la información en Chile no es ni un derecho del pueblo o periodistas ni tampoco a ser informados, en lo que se refiere a todos los habitantes de este país. Quienes pueden, les ruego la traduzcan y hagan llegar a parlamentarios, gobiernos y grupos de derechos humanos para que exijan que se anule el juicio que los lleva a condenas en las que nunca pudieron demostrar ni la menor evidencia de participación de los acusados.

Agradeceré la inclusión de esta declaración en sus propios medios para apoyar el análisis que se pueda hacer ante este hecho mayor que opaca la vida democrática de Chile y el deseo de Justicia del país todo.

José Venturelli, Pediatra, Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura  CECT-SE

Desde Buin, Chile

LAS RAZONES DE LA HUELGA DE HAMBRE

           Los Presos Políticos Mapuche (PPM) recluidos en la cárcel de Lebu a siete días de haber iniciado una huelga de hambre liquida, un hecho que para nosotros, nuestra familia y el pueblo mapuche no es algo menor. Consideramos entonces las razones a esta drástica determinación que viene a tomar el carácter de denuncia y exige un trato justo ante instancias judiciales, respetando los derechos fundamentales que garantizan un debido proceso. Así en la medida que conocen los detalles y pormenores del proceso judicial se desprende el carácter político jurídico que este adquirió desde el primer momento, en este escenario participan diversos actores que tienen mucha relevancia al momento de asumir responsabilidades   y dependiendo de la dirección que este tome influirá en las variaciones que pueda tomar esta huelga de hambre.

Aquí las razones de esta movilización:

1.- LOS TESTIGOS SECRETOS, INSTRUMENTO DE LA LEY ANTI-TERRORISTA

            La Ley Anti-terrorista o ley 18.314 fue usada durante todo el proceso judicial por parte del Ministerio Público, los querellantes y con la complicidad del gobierno. Esto ha quedado en evidencia y de forma explícita en las audiencias del Juicio Oral en donde el Tribunal de Cañete validó el uso de la figura del testigo secreto contemplada en dicha ley, e incluso este tribunal adicionó más seguridad a este secretismo; permitiendo que declararan en una sala contigua y a través de circuito cerrado de Televisión lo que imposibilitó que nuestra defensas tuvieran la posibilidad de contrainterrogar de forma directa y se diera el principio de inmediatez que debe regir en todo juicio oral y en un sistema judicial garantista.

            Pues es así como ingresaron una a una las declaraciones de los testigos secretos y producto de ello dos de tres jueces que condenaron; los señores Carlos Muñoz y Jorge Díaz se formaron la convicción de nuestra supuesta participación en los hechos investigados y juzgados. 

            Esto ha quedado mucho más claro con la lectura del Veredicto Condenatorio en donde los argumentos principales de nuestra condena está basada en las declaraciones de dos testigos secretos, número 26 y número 8. 

            En concreto, si bien en la sentencia no se aplicó la Ley Anti-terrorista, para la tipificación de los delitos si se consideraron las declaraciones de los testigos secretos, figura que solo la cuestionada Ley Anti-terrorista permite como medio de prueba.     

            Misma situación en la que ya ha sido condenado el Estado chileno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el uso de la Ley Anti-terrorista y  los testigos secretos en causas mapuche.

            Es más, el Gobierno de Chile, en un acuerdo firmado, se comprometió a no utilizar la Ley Anti-terrorista, pero lo que pasó en el juicio fue algo totalmente diferente ya que el abogado en representación del Gobierno chileno en todo momento se allanó a la utilización de los testigos secretos que como ya dijimos, únicamente los permiten la Ley- Anti-terrorista. En resumen; El Gobierno chileno sigue aplicando la Ley Anti-terrorista  en causas mapuche.         

2.- Un hecho público y notorio que se dio tanto en los casi dos años de investigación, como en el ejercicio del juicio la violación de garantías constitucionales que a continuación pasamos a detallar:

a)    Dos de los tres jueces del Tribunal Oral de Cañete acogieron como prueba condenatoria el testimonio de oídas de un alto oficial de la PDI: Don Alfredo Espinoza, quién en su declaración ante el Tribunal dijo haber escuchado una declaración de un comunero imputado, en la cual, según el oficial, el comunero se auto-inculpaba e inculpaba a otros comuneros. Pues bien en el contra-interrogatorio hecho por la defensa no solo quedo claro que parte de lo que el oficial reprodujo en el Tribunal, en realidad no estaba en las declaraciones que él había escuchado, específicamente la parte donde el comunero se auto-inculpaba e inculpaba a otros comuneros, además el propio Sr. Espinoza al responder las preguntas de la defensa deja de manifiesto que durante todo el proceso de detención  y posterior al interrogatorio al comunero co-imputado se habían violado garantías constitucionales fundamentales. Si bien el oficial no reconoció las acusaciones de tortura que se le atribuían a él y a su equipo de detectives compuesto además,  por el Sr. José Luis Gallegos, Sergio Ogueda y José López Leiva, los dos últimos supuestas víctimas del hecho investigado, acusaciones puesta por el comunero y su defensa, si reconoció que:  

-    Las dos declaraciones atribuidas al comunero se habían firmado luego de 17 y 20 horas de detención respectivamente.

-    No existía registro de que él y los oficiales, que aparecen tomando la declaración, hayan leído sus derechos al comunero co-imputado.

-    Que esas declaraciones se tomaron sin un abogado defensor como exige la ley.

-    Que en la declaración policial estaban presentes el Sr. López y el Sr. Ogueda, quienes por ser víctimas del hecho en cuestión deberían estar inhabilitado para realizar diligencias de la investigación.  

Cabe mencionar que éste comunero denunció estos hechos e incluso su familia, interpuso una querella por apremios ilegítimos en la ciudad de Temuco, en contra de la PDI. Dicha querella debería hacerse extensiva a la PDI de Concepción, específicamente, a los oficiales mencionados anteriormente, pero en un hecho sin precedentes la Fiscalía de Temuco decidió no perseverar la querella, archivando la causa, y no investigando los graves hechos de Tortura denunciados por el comunero mapuche.           

b)    Otra situación que tiene el carácter de violaciones de garantías constitucionales, es que durante las audiencias del juicio, específicamente cuando declaró el testigo Nº 26 y al momento del contra-interrogatorio practicado por la defensa, quedó en evidencia que al momento de prestar su primera declaración estaba detenido y que en esa declaración, el testigo aparece reconociendo y confesando ser “él quién disparó”  en contra de la caravana que la noche del 16 de octubre transitaba por Puerto Choque. Lo insólito es que a pesar de reconocer su autoría en los hechos, la Fiscalía lo presentado como testigo secreto. A esto también hay que agregar que este testigo secreto fue utilizado en la causa llevada en nuestra contra por la segunda Fiscalía Militar de Concepción, quienes en su sentencia argumentaron que dicho testigo no aportaba información suficiente ni contundente para dictar una sentencia condenatoria, aún así en el Tribunal Oral de Cañete el testimonio de este testigo fue la prueba principal pasa fundamentar nuestra condena.

c)    Punto aparte merece también la falta de objetividad de la investigación y que queda de manifiesto con la declaración de varios de los oficiales de la PDI de Concepción, quienes desfilaron en el estrado, exponiendo el rol que a cada uno le había tocado realizar en la investigación y los cuales al preguntarles quién dirigía sus diligencias, no dudaron en contestar que: “el que ordenaba y monitoreaba estas diligencias era el jefe de la BIPE de Concepción Don José Luis López Leiva y don Sergio Agueda”. Estos dos oficiales mencionados, otrora victimas del hecho en cuestión y quienes en su declaración en el Tribunal dijeron que luego de ocurrido el hecho ellos se habían marginado de la investigación y que no habían realizado ninguna diligencia atribuible a la investigación, lo que se contrapone totalmente con la versión entregada por la mayoría de sus subalternos. Es más las propias normas internas de la PDI inhabilitaban a estos oficiales para dirigir la investigación del hecho en el cual figuraban como víctimas. Pero no lo hicieron. Entonces ¿Existió una investigación objetiva y sin prevaricación en nuestra contra…?     

d)    Con los tres puntos expuestos queda en evidencia las infracciones a las garantías constitucionales que se cometieron durante todo el desarrollo tanto de la investigación como en el trascurso del juicio oral llevando en nuestra contra, en el primer caso. Incluso violándose los derechos humanos de un comunero, hechos denunciados como tortura y los cuales el Tribunal de Cañete dejó en la completa impunidad. Dando credibilidad a un testigo de oídas que era un oficial de la Policía de Investigaciones de Concepción y que actualmente está ascendido en Santiago. Entonces si se infringieron todos estas garantías ¿Existió un debido proceso y un juicio justo como lo “garantiza” la constitución en nuestras contra?    

        

3.- DOBLE PROCESAMIENTO “NON BIS IN DEM”

            De la sentencia Nº 47 del Tercer Juzgar Militar de Valdivia causa Rol Nº 890-2008 13 de diciembre de 2010, proceso en Contra de Ramón Llanquileo Pilquiman, Jonathan Huillical Méndez, José Huenuche Raimán y Héctor Llaitul Carricanca y Luis Menares Chanilao, por los hechos del 16 de octubre del 2008, investigada por la Segunda Fiscalía Militar Letrado de Concepción, por la comisión EVENTUAL del delito de maltrato de obra a Carabinero  en ejercicio de sus funciones con resultado de lesiones menos graves y leves  y delito de daño a vehículo policiales se resolvió: A dicha investigación iniciada se acompañaron diversos documentos y diligencias (partes policiales, set fotográfico, informes médicos, informes periciales, entre otros). Con lo que el Ministerio Público Militar sometió a proceso a los cinco mapuche antes nombrados. Luego de reunidos los diversos elementos de convicción se determinaron los hechos, se realizaron las declaraciones de los procesados y declaraciones de dos testigos con reserva de Identidad (Nº 1 y Nº 9) (mismos utilizados por la fiscalía en el Juicio Oral de Cañete) tras esto se consideró que los medios de prueba incorporados al proceso no reúnen la fuerza probatoria suficiente para configurar participación de los procesados en dichos sucesos, y la sola declaración, por si sola, del testigo con reserva de identidad Nº 1 (el mismo que en el juicio oral de Cañete fue presentado como testigo secreto Nº 26), no basta para dictar sentencia condenatoria.

            Finalmente el Tercer Juzgado militar de Valdivia Absolvió de los cargos a los cinco procesados, cuatro de nosotros nos encontramos asumiendo esta HUELGA DE HAMBRE LÍQUIDA, siendo estaba sentencia ejecutoriada.

            Sin embrago esta causa no alcanzó a ser ratificada posteriormente por la Corte Marcial y tras la modificación del código de Justicia Militar, fue traspasada totalmente a Tribunales Civiles, radicada en la Corte de Apelaciones  de Concepción, no quedando claro cual será la siguiente tramitación, siendo un hecho preocupante si la causa no fuera ratificada y tuviera un retroceso procesal, es decir, volviera a procesar a cada uno de Nosotros usando las declaraciones del Testigo Secreto Nº 1 y Nº 26, que recordamos “solo lo permite la Ley Anti-terrorista” , generándose de este modo el DOBLE JUZGAMIENTO “NON BIS IN DIEM”  ya que este mimo hecho fue visto, juzgado y condenado, en el Tribunal de Cañete.

            Por consiguiente, consideramos que estas causas siga su tramitación en las instancias correspondientes, ratificándose la ABSOLUCIÓN ya dictada y ejecutoriada de los acusados en ella.     

4.- TRASLADO A LA CÁRCEL DE ANGOL EN CONDICIONES CARCELARIAS DIGNAS Y RECONOCIMIENTOS DEL CARÁCTER DE PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE.        

            Consideramos que dado el carácter del Juicio y nuestra condición de miembros de un pueblo originario ancestral y de acuerdo a los diversos tratados y pactos que reconocen y amparan la condición de indígenas, condición que el Estado chileno a ratificado oficialmente con el Convenio 169 de la OIT, seamos tratados como Prisioneros Políticos miembros del Pueblo Mapuche, que aspiran al pleno reconocimiento de sus derechos, territorio y autonomía. Por tanto exigimos condiciones carcelarias mínimas que permitan el desarrollo de nuestras actividades culturales y religiosas propias del Pueblo Nación y que el hecho de permanecer privado de libertad, no limite el ejercicio de derechos elementales como Mapuche.     

       

Con todos esto antecedentes reunidos es que encontramos totalmente justificadas las razones de esta Huelga de Hambre Líquida, que llevaremos hasta las últimas consecuencias. En evidencia quedó tanto para la gente que presenció el juicio, como para la opinión internacional representada con distintos observadores que acudieron a Cañete a presenciar el juicio más emblemático de la lucha mapuche. Por lo tanto nuestras exigencias son:

1.- Un juicio justo con un Tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Anti-terrorista.

2.- Fin doble procesamiento y ratificar la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal militar de Valdivia.

3.- Traslado a la Cárcel de Angol, con condiciones carcelarias dignas y el reconocimiento de Presos Político Mapuche.

Presos Políticos Mapuche de Lebu

Ramón Llanquileo Pilquiman.

José Huenuche Reiman

Jonathan Huillical Méndez

Héctor Llaitul Carrillanca

Terrorismo de Estado y un Juicio que nos llena de vergüenza.

El fraude judicial contra el pueblo Mapuche.

No queda duda alguna sobre el carácter político de la represión contra los presos políticos mapuche: El Estado chileno y el gobierno, sigue manteniendo presos a los dirigentes mapuche. Ese es su único objetivo: impedir el derecho a rebelarse contra las continuas y constantes violaciones de sus derechos fundamentales. Estas han sido hechas por los sectores más amplios, que van desde el silencio presidencial culpable (él posee tierras mapuche reconocidas como Mapuche) hasta el silencio de empresarios que se benefician con este saqueo del pueblo mapuche.

Que el tristemente célebre Fiscal Andrés Cruz tuviese a su lado nada menos que un “representante legal privado” –una especie de fiscal privado de las forestales en el juicio de Cañete y que este le ayudara a establecer condenas inmorales contra el pueblo Mapuche no es algo aceptable ni justo, aunque se hagan los desentendidos los jefes de la justicia y las autoridades de gobierno. Es inmoral y es un crimen social.  Los mapuches luchan por los derechos violados por las mismas forestales que los persiguen y que el gobierno apoya: esto demuestra las características de un Chile pretencioso, injusto y falso. Las penas impuestas no son justas: pretenden intimidar a todo el pueblo mapuche y a todos los que se atrevan a disputarle al Estado su rol protector de quienes se creen dueños del país. La participación “legal” de empresarios en los juicios cierra el círculo de robos históricos, uso de un sistema legal para encubrir dichos robos y un enorme aparato represivo en el que los jueces han permitido que dichos juicios sean absolutamente ajenos a las normas más elementales de los derechos de los detenidos. Jueces prevaricadores y militantes de un Chile aún antidemocrático, dijeron los observadores internacionales.  El Estado crea miedo y enemigos por todos lados. El Presidente ha llegado a decir que “es bueno que se le tenga miedo a los cuerpos policiales”. ¡Qué vergüenza!

Los juicios, hechos al cabo de dos años de encierros preventivos injustificados usaron montajes, tortura y, aún así, les fue imposible demostrar participación en los supuestos delitos. Al usar testigos falsos y declaraciones supuestamente comprometedoras pero sacadas bajo tortura se usa el sistema de la dictadura. Fue un Juicio Viciado, que violó todos los preceptos de un Juicio Justo y del Debido Proceso. Los observadores internacionales se horrorizaban al ver como se desenvolvía.  Ya veremos los juicios que se inician contra los presos que estaban en Angol y Temuco. ¿Será el gobierno capaz de permitir que siga esta farsa o reconocerá su profundo error?

Chile sigue violando Tratados sobre DDHH’s hoy leyes nacionales.   

Al mantener la Ley Anti-Terrorista –LAT- violamos entre otros:

·       Convenio contra la Tortura: Esta se practica y el Estado chileno no ha implementado ninguno de los aspectos clave para impedir que la tortura ocurra

·       Derechos de los Pueblos Indígenas: es la violación sistemática del Convenio 169 de la OIT que pide respeto a los pueblos indígenas y de nunca usar la violencia para intentar acallarlas. También el uso de la violencia contra las comunidades para seguir ambientando la represión continuada y producir miedo en la sociedad chilena. También violan el Convenio 169 también para favorecer inmensos créditos y liberaciones de impuestos a la industria forestal. Esto bajo gobiernos anteriores y actual.

·       Protección a la Infancia y adolescencia: En estos días se presenta ante la CIDH - Comisión de Derechos Humanos- un documento sobre la violencia institucional contra la Niñez Mapuche, la que ocurre de modo sistemático. Esta lista de 50 niños no es la primera ya que documentos similares, con otros casos, ya han sido mandados a Naciones Unidas, a Amnistía Internacional (Londres) y otros centros legales y de DDHH’s.  No es menos indignante ver a los hijos de los condenados llorar de impotencia al escuchar veredictos ajenos a la justicia, dados con voces violentas, vengativas y arrogantes. Cuando ellos lloran, el Juez se molesta y expulsa a todo el mundo de los tribunales. Una justicia que genera rabia no queremos. Queremos un país, no una cárcel.

·       Derechos de las Mujeres: hemos visto y escuchado de las bocas de mujeres y de sus niños como las madres han sido torturadas y humilladas ante sus propios ojos. En las mismas cárceles se intimida a las mujeres para que no vean a sus esposos, hermanos, hijos, padres: con violencia y humillaciones en el trato y en el chequeo corporal que se les hace. Esto le sucede allí también a niños. Lo he visto. La miseria es consecuencia inmediata del sector más pobre de Chile,. Las mujeres la enfrentan ante detenciones preventivas injustificadas y encubiertas por la LAT

·       Violación de Tratados y Convenios carcelarios: las condiciones de las cárceles donde se los ha mantenido “preventivamente” por cerca de dos años (y a muchos en forma repetida por la llamada puerta giratoria): He visto de cerca, me he reunido en las celdas de Angol con los presos políticos mapuche antes y durante la huelga de hambre. Es un lugar inhumano, de celdas hacinadas, con vidrios rotos, sin espacio ni para pararse, donde se los encierra desde las 4 de la tarde hasta la 9 de la mañana del día siguiente. Nada se respeta de las llamadas normas humanas que permiten al detenido estudiar, rehabilitarse. Sin esperanzas de juicios estos presos viven una tortura continuada, que los cuerpos de DDHH’s han condenado ya por mucho tiempo. Quieren producir zombies.

·       Han hecho del pueblo Mapuche un enemigo y lo juzgan con el derecho penal del enemigo. Vergonzoso.

Todo sucede tal como lo hizo Pinochet , que los entrenó y les dió las vergonzosas leyes que siguen usando.

Si esto es vergonzoso y una ignominia es porque el sistema Judicial entero es una vergüenza, cómplice del sistema mercenario en todos sus niveles institucionales. Quienes no crean esto, entonces, deben demostrar con la cara en alto el papel represivo e inmoral del sistema judicial: vergonzoso y a años luz de lo que la Justicia debe ser. Y cambiarlo.

La Ley Anti-Terrorista debe ser derogada ahora y no seguir jugando con ese instrumento de tortura y terror contra los activistas sociales que tratan de democratizar este injusto país.

Si tenemos justicia está deberá: libertad de todos los luchadores mapuche, reparación, uso de la llamada discriminación positiva para que el pueblo reconstruya su cultura, su vida y sus esperanzas. También deberán ser juzgados quienes han abusado de la ley y ellos mismos contribuir a la reparación que debe ser obligatoria. Establecer en el mismo proceso fechas y formas muy claras, que deben ser decididas con los representantes genuinos del pueblo Mapuche (como lo dice el Convenio 169) para la restitución de tierras, derechos y reparaciones históricas así como la asistencia técnica y fondos que restauren rápido la dignidad del país entero. Este país, supuestamente de ricos, debe dedicarse a su pueblo y a no a sus magnates que exigen represión.

El llamado atentado contra el Fiscal Mario Elgueta (victima y victimario a la vez) quien tiene enormes conflictos de interés es una opereta de mal gusto. Elgueta es íntimo amigo José Santos Jorquera, supuesta víctima de robo con intimidación”  que no reconoce a ninguno participante pero luego indica “que su sobrino se había llevó las cosas”. Este amigo no es un santo: es un conocido usurpador de tierras mapuche, además de haber participado apoyando a la dictadura en la tortura de mapuches en su “propia propiedad”. Nuevamente, no hubo participación. Pretender que cuatro asaltantes (los condenados, usando un escopeta para conejos que nunca fue demostrada ni ellos visto usarlas)) iban a media noche atacar a un fuerte contingente de 24 vehículos –varios blindados- con más de 70 miembros del GOPE y de la PDI y salir ilesos, no identificados por nadie. El Fiscal dicen que recibió un rasguño que nunca fue comprobado…

Esta misma Justicia, que inventa culpable, ante verdaderos crímenes de lesa humanidad, en esta supuesta “democracia” no hace nada. Veamos estos casos de ejemplo:

·         El menor José Huenuleo sigue desaparecido y sus raptores son carabineros conocidos aún intocables (Juan Ricardo Altamirano Figueroa, Patricio Alejandro Mera Hernandez y Cesar Antonio Vidal Cárdenas.

·         Oficiales de Carabineros como Walter Ramírez y el Mayor Marco Aurelio Treuer son también intocables por sus respectivos crímenes de Matías Catrileo (22 años, asesinado en enero 2008) y Alex Lemun (17 años, asesinado noviembre 2002) y, finalmente,

·         Jaime Mendoza Collío (24 años, asesinado en agosto 2009 por el sargento del GOPE, Patricio Jara Muñoz). Los culpables, conocidos, siguen “progresando en rango y regalías”.

La Justicia chilena, si existiese, no tendría como culpar a los cuatro prisioneros políticos mapuche. Héctor Llaitul es un trabajador social que por ser intransigente en seguir luchando por los derechos de su pueblo y ser líder de una organización que nunca han demostrado ser terrorista es criminalizado por los protectores de los criminales antes nombrados y de los empresarios dueños de Chile. “Le dan” 25 años de cárcel.  Reciben una vergonzosa condena de 20 años Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical (este último implicado por desautorizar una declaración que obtuvieran de él bajo tortura y, por ello, implicado como imputado por el fiscal Cruz.

Pero esta “Justicia a la chilena” tiene varios escollos que pasar:

La Corte Suprema, que esperamos, se ponga el manto de justicia de verdad y anule este vergonzoso juicio hecho por marionetas judiciales. Los abogados están preparando dicha apelación.

Las Cortes Internacionales, que ya han condenado a Chile como país que viola de modo sistemático los DDHH’s

Y, más importante, el repudio creciente de todos los habitantes de Chile y la lucha, justa, consecuente y necesaria para que Chile llegue a ser el país democrático y justo que necesitamos todos. No más abusos de justicias para defender a los empresarios inescrupulosos ni a los que destruyen el medio ambiente y el Mapu de todo el país.

El camino democrático exige la Derogación de la Ley Anti-Terrorista, el término del circo judicial permitido por una Constitución antidemocrática y avanzar… para poder todos decir:

¡Libertad, Justicia y Equidad al fin!

Dr. José Venturelli, Pediatra, Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura

24 de marzo del 2011

El uso de la ley Anti-Terrorista en Chile es inmoral y deplorable

La discusión que hace el ex-Juez Juan Guzmán sobre el uso de esta ley es muy clara. Quienes la aplican actúan contra la ética social y legal. El artículo en el Diario electrónico de Radio Universidad de Chile es importante y debe ser considerado al analizar la actualidad chilena ( http://radio.uchile.cl/noticias/106691/comment-page-1/#comment-28658 )

http://radio.uchile.cl/noticias/106691/comment-page-1/#comment-28658

Mirando lo que sucede en Chile y con el uso de la LAT vemos que se perfila "el perfil autoritario" que Chile ofrece a quien se detenga tan solo un momento a observarlo de modo crítico. Las líneas que siguen las mandé como comentario a Radio U de Chile. ahora con ediciones menores..

Jueves 17 Marzo en 8:30 am

Al usarse la Ley Anti-Terrorista, el estado de Chile viola sus propias firmas de los tratados de respeto a los Derechos Humanos, al Convenio 169 de la OIT, a la Tortura y a otros que indican la importancia de negociar con el pueblo mapuche y no de reprimirlos para excluirlos de la solución de una histórica violación de los derechos fundamentales de este pueblo.

Elegir la represión en Chile se hizo costumbre y quienes la aplican lo aprendieron durante la dictadura. Obviamente no tienen el nivel ético ni deocrático para dejar de hacerlo. Eso es oportunismo. La inclusión de abogados representantes de la industria forestal entre los querellantes, que son los que se benefician con la persecusión del pueblo mapuche, deja muy claro la naturaleza y objetivos del actuar del Ministerio Público. 

Los tratados que se violan en Chile deben ser cumplidos por todos los funcionarios del aparato judicial chileno y el gobierno es responsable de asegurar que así sea. Pretender que puede hacer “promesas” oportunistas y no preocuparse de que estas se lleven a cabo de modo práctico y de acuerdo a las normas legales existentes es inmoral y genera luchas sociales crecientes.

El gobierno se esconde de sus responsabilidades y sigue dejando que la represión continúe como siempre. Tuve la oportunidad de ver como esto se hace en el Tribunal de Cañete, en el de Temuco donde estaban incluidos menores mapuche. Se hace con los detenidos en huelga de hambre de la cárcel de alta seguridad donde están los presos del llamado caso “bombas”, donde las únicas bombas son los montajes y manejo abusivo del sistema judicial. Los presos en Chile detenidos por su participación en luchas sociales o porque tienen enfoques ideológicos son presos políticos y sus derechos penales y procesales son violados. La criminalización de la lucha y discusión social sigue siendo castigada del mismo modo que lo hiciera el mismo dictador en su tiempo. Este gobierno lo apoyó entonces y lo venera en sus métodos, ahora. “El fin justifica los medios”: y estos eran anti-democráticos, mortales en sus resultados y enriquecieron a muchos de los que lo celebran. Lo que sucede con la industria minera, forestal, no se aparta de estas mismas tedencias e intereses. Y la represión se aplica crecientemente a todos los que desafíen el Estado y sus fines mercenarios. Los niños, que terminan siendo rehenes en este contexto, no escapan a esto como lo vemos con la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vista Chile para intentar que los menores sean respetados.

La rutina represiva persiste y, como nos indica Felipe Portales, Chile se ha transformado en una “dictadura perfecta”: es decir, el país es usado para el beneficio de los pocos, la inequidad persiste, se tiene una Constitución represiva y se la aplica con fuerzas policiales entrenadas para ello. Mientras tanto, el gobierno pretende ser inocente y mantiene, ya por más de veinte años, una cara de inocencia para su tranquilidad pero que causa un desagradable sensación de abuso constante y que se perfecciona. Es mentira que quieran tranquilidad social: ésta se obtiene con justicia social, con democracia, con equidad, con respeto a todo los que viven en este país y con una Constitución legítima.

La actitud que aquí vemos es IRRESPONSBLE y DEPLORABLE.

Alfonso Podlech Michaud, imputado por crímenes contra la humanidad, sigue su juicio en Roma

Más sobre la realidad de este imputado en Italia por crímenes contra la humanidad. El caso en especial es el de haber dirigido la tortura, desaparición y eventual asesinato en octubre del 1973 de Omar Venturelli. Podlech Michaud participó desde el primer día del golpe de Estado cuando se presentara en la cárcel de Temuco para dejar en libertad a los miembros de Patria y Libertad que estaban detenidos por actividades de ataques a civiles y colocación de bombas en diversos lugares como parte de la preparación del golpe de Estado.
Omar Venturelli era un ex-sacerdote, profesor de la Universidad Católica de Temuco que se presentó voluntariamente cuando fuera llamado por bandos radiales de las autoridades militares y de policía. Nada tenía que temer por tener actividades absolutamente legales y se presentó, acompañado por su padre. Pero fue asesinado. Tuve el triste privilegio de conocer a Omar en la misma cárcel. Conversamos por algo más de un día e intercambiamos impresiones. Entre ellas la calidad, tipo y saña con que fue torturado, bajo la vigilancia de Podlech mismo y de las amenazas repetidas contra su vida que éste le hiciera.
Alfonso Podlech Michaud, general en retiro del Ejército de Chile estuvo a cargo de las Cortes Marciales en Temuco y desde las que dirigió la represión ilegítima y brutal contra todos aquellos que le parecieran ser “sus enemigos”. Podlech en los juicios en Roma, donde se encuentra desde Julio del año 2008, continúa justificando sus actos porque “en ese momento estábamos en un Estado de Guerra”. Es decir, sigue usando el mismo leguaje de su “jefe”, el dictador Pinochet. Es conocido que bajo su mando se utilizó la tortura, los allanamientos violentos, repetidos contra civiles. Las desapariciones fueron muchas y éstas continúan sin ser juzgadas por la complicidad de la dictadura y de todos los gobiernos que la han seguido. Las Fuerzas Armadas, que mediante las leyes de la dictadura, especialmente luego del establecimiento de la Constitución que aún sigue en vigor, han rechazado toda posibilidad de juicios y, además, en cada posibilidad que han tenido, han atentado contra los tratados internacionales de justicia firmados por Chile. Vuelven repetidamente a tratar de indultar a los criminales de guerra. Han conseguido para estos presos todo tipo de prebendas y los cuidan en verdaderas “jaulas de oro” con acceso a todo tipo de facilidades. (Muy distinto es el trato de los detenidos Mapuche que lo son por una Ley Anti-Terrorista en la que permanecen por años en celdas inhumanas que solo pueden ser una forma adicional de tortura contra ellos. Y, además a estos les son negados los derechos más fundamentales de todo procesado. No tiene el debido proceso que Chile pretende respetar).
Podlech lleva ya casi tres años en la Cárcel de Roma y su juicio por crímenes contra humanidad se acerca a su fin. Podlech ha hecho tres apelaciones para obtener ser dejado en libertad bajo palabra y así asistir a su juicio. Aunque no es técnicamente un octogenario (tiene 75 años) la Corte italiana le otorgó la libertad en estos términos. No ha sido absuelto y debe seguir con su Juicio. La Corte pretende que no es un peligro público ni es un riego para que se puede escapar. Esto no es compartido por muchas organizaciones italianas porque los criminales de guerra en el pasado nunca han sido liberados cuando los crímenes que se les imputan son del grado de los de Podlech. Por cierto que una fuga pondría en movimiento a las policías del mundo. Teóricamente, hasta la chilena… Pero el Estado chileno no ha tenido sino actos de protección contra este tipo de individuos… Los desaparecidos por la presencia de Podlech como Jefe de las Cortes ilegítimas del Chile de Pinochet son muchos más que Omar Venturelli.

Francia, donde se acaban de hacer juicios y condenas a varios chilenos que tenían crímenes similares a los de Podlech, tiene también una petición para que Podlech sea juzgado en Francia por crímenes contra franceses durante los años de la dictadura. Tanto los juicios en Italia y Francia resultan de la absoluta falta de voluntad de juzgarlo en Chile con un mínimo de respeto por las normas jurídicas internacionales. Los gobiernos chilenos, las autoridades de las fuerzas armadas y el sistema judicial han estado unidos en esta violación a los derechos humanos. Por ello es que los juicios de criminales como Podlech es un paso hacia la recuperación de la dignidad de Chile, en el camino aún muy largo hacia un país democrático y legítimo. El trabajo que hacen los familiares de los detenidos asesinados y desaparecidos, de las organizaciones de Derechos Humanos en Chile y en extranjero, exigen que Justicia sea hecha. Estos crímenes son imprescriptibles y, por la naturaleza tan aberrante de sus crímenes, no son indultables como insisten los Jefes de las Fuerzas Armadas chilenas. El nuevo gobierno se asocia a estas actitudes en forma oportunista y sólo esconde la mano cuando el rechazo social se hace evidente.
Podlech no ha sido absuelto y es muy poco probable que pueda serlo: su Juicio ha mostrado la total incapacidad de la defensa de Podlech de mostrar alguna evidencia que pudiera ser usada para probar una débil forma de inocencia. Su carácter y absoluta incapacidad de identificar sus propios crímenes y errores lo delata: sus actos los sigue justificando en sus intervenciones en la Corte.
Todos debemos seguir mirando como evoluciona el Juicio contra este militar chileno imputado por crímenes de lesa humanidad, sin olvidar que en Chile hay muchos de ellos y que se mantienen impunes, habiendo incluso progresado en grado en sus instituciones y que han obtenido grandes ganancias. Jefes de las fuerzas armadas de estos días son reconocidos como personas que han evitado ser enjuiciados por acciones durante los años de la dictadura. Esto con el apoyo del Estado y gobiernos y, por ello, podemos decir que el proceso de Justicia aún tiene por delante mucho que demostrar. Todo lo que es la implementación de medidas incluso precautorias, como la implementación de los Protocolos contra la Tortura sigue ausente. La tortura sigue siendo usada y enseñada en la formación de las fuerzas policiales y de seguridad. El Estado debe entender que no se puede hablar de justicia y respeto de los derechos humanos sin cumplir con las normas correspondientes. Deben cambiar su hablar por un verdadero hacer.
Podlech hace resaltar nuevamente la falencia en Derechos Humanos que demostramos. Los gobiernos deben cambiar su accionar y salir de la ambigüedad histórica, especialmente cuando la orientación actual del gobierno fue apoyar políticamente al dictador justificando los crímenes contra la humanidad. Sin querer olvidar ningún crimen, no quisiera dejar de lado que durante los años post dictadura formal ya hemos tenido 60 muertos de personas que han sido parte del pueblo mapuche y de otros luchadores sociales de las más amplias áreas de la sociedad chilena. El menor José Huenuleo sigue desaparecido y sus raptores son carabineros conocidos aún intocables (Juan Ricardo Altamirano Figueroa, Patricio Alejandro Mera Hernandez y Cesar Antonio Vidal Cárdenas). Oficiales de Carabineros como Walter Ramírez y el Mayor Marco Aurelio Treuer son también intocables por sus respectivos crímenes de Matías Catrileo (22 años, asesinado en enero 2008) y Alex Lemun (17 años, asesinado noviembre 2002). Lo mismo podemos indicar con el crimen de Jaime Mendoza Collío (24 años, asesinado en agosto 2009 por el sargento del GOPE, Patricio Jara Muñoz). ¿Deben entonces los Mapuche aceptar lo que se ofrece de “Olvídense de las Tierras ancestrales, si no, recibirán balazos o cárcel”? Quienes fallecieron en estas circunstancias lo hicieron bajo el signo de los crímenes de lesa humanidad, situación que persiste y que todos, sí, cada uno de los que viven en este país, debemos erradicar para siempre. Ellos “han fallecido como consecuencia de la violencia de agentes del estado chileno al reclamar legítimamente tierras ancestrales.”
Las enseñazas dejada por el dictador y sus peones, como Podlech, han seguido en práctica y, mientras esto no sea erradicado con una práctica honesta, consistente y moralmente transparente no podremos hablar de tener un país democrático. Esto va a requerir establecer una nueva Constitución, genuinamente participativa, democrática y que se preocupe del ser humano, de todos nuestros pueblos, de ancianos y niños, de mujeres, de los detenidos, de los jóvenes y trabajadores, que busque una verdadera justicia social y equidad. Una carta magna que elimine el terror de Estado, la Ley Marcial y que sus Tribunales, que producen discriminaciones inexcusables con la Ley Anti-Terrorista usada para impedir luchas sociales totalmente legítimas. No más una Constitución que justifica todo en nombre de una diosa de esta economía de ganancias pingües para de unos pocos, de un Don Dinero que todo lo pudre y de un país lleno de injusticias sociales. Las fuerzas policiales deberían ser respetadas y no temidas, deben ser fraternales y no represivas. Deben ser democráticas, educadas y con valores éticos que aún no se vislumbran. Con autoridades que no nieguen las violaciones que continúan ocurriendo en contra de nuestro pueblo.

El Estado debe recordar que los tratados internacionales de paz, justicia, derechos humanos, el convenio 169 de la OIT y otros son obligaciones legales que incluyen a todos los poderes del Estado y a todos y cada uno de los miembros de gobiernos y fuerzas policiales y armadas. A todos. Y así, todo esto nos sirve para recordar a las víctimas y llevar a la práctica el Juicio de Alfonso Podlech en Roma. Y más aún: recordar lo que cada uno de nosotros debe hacer para que ocurra. Para recordar, deberíamos construir la Memoria Histórica. Por ejemplo, construir el Memorial de Lonquén, donde fueron asesinadas 18 personas inocentes, campesinos. Hacerlo allí, en el lugar donde el crimen ocurrió y que fuera destruido por quienes niegan los derechos humanos en este país. El Gobierno tiene la obligación de hacerlo. Para ello se necesita voluntad humana, coherencia y decisión , Señor Presidente.

La verdadera razón de la condena a los dirigentes mapuche es política.

En Chile la justicia no existe y el sistema, gobierno, jueces y fiscales son prevaricadores, como lo dijera una jurista francesa, observadora internacional en los juicios de Cañete. Es decir, se trata de jueces, funcionarios del Estado y de un gobierno que comete el delito de hacer daño a los inculpados a sabiendas de que actúa de modo ilegal e ilegítimo.

Las investigaciones no lograron demostrar nada, ni participación, ni crímenes, y ninguna evidencia. Fue un juicio inmoral en el que se cubrió todo con la protección de la Ley Anti-Terrorista –LAT. El gobierno, al aceptar que el proceso fuese hecho bajo la LAT y que las condenas se basaran en acusaciones que no fueron demostradas para nadie NI TAMPOCO PARA LOS QUE QUEDARON COMO CULPABLES, demostró su verdadera cara. En Chile no se quiere permitir que los pueblos indígenas recuperen sus derechos fundamentales como lo promueve Naciones Unidas. La violación del Convenio 169 de la OIT no es respetado. Y, del mismo modo, las detenciones fueron en violación directa a los Convenios contra los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, las normas judiciales mundiales y ha facilitado la usurpación de sus tierras de manera criminal. Se ha usado la violencia y la tortura que el estado chileno juró respetar.Y con eso se le falta el respeto a todos los pueblos de Chile. Quienes detentan el poder no pueden esconder su culpabilidad y responsabilidad en lo sucedido. Es una represión militarizada por razones políticas.

Estos comentarios, dirigido a los Parlamentarios que han sido partícipes de “las promesas” son seguidos por una declaración de sus familiares.

Estimados señoras y señores parlamentarios,

El análisis enviado por “Wichan info al día” es el que mejor refleja lo sucedido. Yo estuve en los alegatos finales y vi al fiscal Cruz en su actitud atropelladora, faltar a la verdad y en sus arengas vengativas. La liberación de 13 personas de los 17 enjuiciados, siendo buena, demostró el espíritu irresponsable y revanchista del Ministerio Público y del Estado chileno. Luego de tener tanta gente con acusaciones probadas falsas tuvieron que dejar libres a quienes llevaban hasta más de dos años de cárcel. Trece presos que, decían, eran todos, según el paranoico Fiscal Cruz, "delincuentes, terroristas y ladrones", tuvieron que ser liberados. En nada se diferenciaban de los otros declarados culpables.

Si son sólo 4 los detenidos y no pueden demostrar participación en nada, ahora tratan de hacer creer que estos presos fueron capaces de lanzarse, sólos los 4 contra la caravana que asaltó Puerto Choque a media noche y que llevaba más de 50 personas y estaba armada hasta los dientes. Tres son dirigentes mapuche de la Coordinadora Arauco-Malleco -CAM y el cuarto es un joven a quien lo incluyeron con ellos porque se negóa reconocer como declaración personal el documento que le forzarona firmar bajo tortura personal y amenaza de hacerselo a su familia y a su novia. O se coopera o se es culpable, es el mensaje que entregan quienes ejercen la represión. La tortura se ha usado para eso. La LAT para aplicar estos métodos. Y todos lo sabemos.

Mientras el Estado no discuta las causas de las luchas justas del pueblo mapuche y no reconozca su irresponsabilidad al mantener presos por mucho tiempo al pueblo mapuche, imponiendo sufrimientos a sus familias, haciendo gastos inmensos en esta guerra de baja inmensidad, no es posible creerle al gobierno que realmente desea negociar de buena fe. Su manejo del Convenio 169, como ha sido denunciado, es falso, el gobierno miente y no muestra interés en respetar sus compromisos. La respuesta a las demandas justas de los mapuche deben comenzar y no mantenerlos en las cárceles y con los abusos que se cometen a diario.

Las apelaciones por las condenas impuestas deben ser hechas y asegurar de que serán en términos de un debido proceso y no con fiscales que creen estar en una misión divina que les permita encarcelar a medio pueblo mapuche y al otro mantenerlo en la miseria, que es el plan del Fiscal Cruz. Un proceso de reparación por estos abusos debe ser llevado por el Estado. De modo urgente porque las condiciones de vida del pueblo mapuche son el resultado de esta inequidad y abusos.
El uso de la Ley Antiterrorista es evidente: jamás habrían podido mantener a nadie preso por tanto tiempo, usar sus testigos de marras (protegidos que mintieron hasta el cansancio) y pretender participación en un asalto contra José Santos Jorquera, un conocido co-partícipe de torturas en su propio terreno durante la dictadura.. Para mentir y comer pescado, gobierno, ministerio y fiscal, deben tener mucho cuidado. Los jueces que los condenaron, son prevaricadores influenciados por la actitud amenazante del Fiscal Cruz., del Estado y de quienes explotan las forestales, hidroeléctricas que fueran representados como querellantes en dichos juicios, participando en la exigencia de penas inmorales. Aunque saben que no son culpables. Los jueces, sin embargo,  no los culparon de form,a unánime. El pinochetismo en el poder va perdiendo terreno. Y seguirá perdiéndolo porque la justicia para todos es una demanda creciente, igual que lequidad y la justicia social. Los pueblos, sus derechos son más importantes que las ganancias de unos pocos que usan el Estado para enriquecerse.

La Corte Suprema deberá revisar cada detalle de estos juicios en los que no se respetó ninguno de los derechos de los procesados y que han demostrado que los cuerpos jurídicos mundiales tienen razón al condenar a Estado chileno de racista, colusionado con los empresarios, que roban tierras bajo el apoyo de la represión policial e incapaces de ofrecer juicios justos.

José Venturelli, Pediatra
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura  CECT-SE

Enviado por: Wichan Info al Día <infoaldiawichan@gmail.com>

MONTAJE DEL MINISTERIO PÚBLICO CUMPLIO SU OBJETIVO:

TRIBUNAL CONDENA A DIRIGENTES DE LA CAM APLICANDO LA LEY ANTITERRORISTA, CON TESTIGOS SECRETOS, Y DECLARACION OBTENIDA BAJO TORTURAS.

COMUNICADO PUBLICO

 LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE DE LA CAM DENUNCIAMOS:

 1.- Que nuestros familiares fueron condenados, EXCLUSIVAMENTE, gracias a la aplicación de la Ley Antiterrorista, a través de un montaje, un indebido proceso y un juicio mucho peor. Todo claramente direccionado hacia los militantes de la CAM. 
2.- Que  fueron condenados por delitos que jamás pudieron ser comprobados y menos aun se pudo probar su participación.

-            “Homicidio a Fiscal del Ministerio Público en Grado Frustrado” (de 15 años a cadena perpetua),  basado en una supuesta “llamada de celular” que avisaba de la ida del Fiscal Elgueta a Choque pero que jamás fue presentada como prueba.

-            “Lesiones en contra de tres funcionarios de la PDI”. 

-            “Robo con Intimidación a Santos Jorquera”.

3.- Que el Tribunal de Cañete, en veredicto dividido (2-1),  basó su decisión en pruebas espurias  como declaraciones obtenidas, por la PDI, a través de torturas y testigos secretos.
 
4.- Que gracias a este montaje nuestros familiares arriesgan penas que van desde los 15 a los 35 años de cárcel.
 
5.- Que estas condenas corresponden a una persecución política que tiene como objetivo pacificar la zona del LLeu LLeu y continuar pavimentando el camino a las inversiones económicas, especialmente, referidas a la explotación forestal y minera.

6.- Que si bien nos alegramos por la libertad de la mayoría de los comuneros, consideramos este resultado como un triunfo del Ministerio Publico, de los policías y jueces corruptos y de los poderes fácticos del Estado chileno capitalista.


La lucha continúa…¡¡¡¡WEUWAIÑ!!!!