¿SER O NO SER? El gobierno debe responder a la pregunta que se le hace con urgencia y total derecho.

¿Quiere el Gobierno ser democrático y ser parte de una sociedad justa y fraternal o va a seguir siendo la causa de que no se progrese en estos campos y de que el pueblo Mapuche siga siendo excluido y perseguido con las mismas medidas anteriores?

UNA LUCHA QUE NO SE DEBE OLVIDAR Y QUE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS  Y DE CADA UNO

La injusticia es y sigue siendo la evidencia de que Chile es aún un país de estructura y funcionamiento dictatorial, sin democracia ni respeto por los derechos del pueblo Mapuche. Tampoco tiene dignidad ni moralidad el poder establecido: es decir, los poderes económico, judicial, ejecutivo y las fuerzas represivas que lo sostienen. La Concertación está intacta en la Nueva Mayoría y su falta de capacidad de responsabilidad social es tan grande como su apego al modelo pinochetista con quienes negociaron su entrada a participar, en forma asociada en el  gobierno, hace 24 años.

Está realidad debe ser considerada cada día porque eso permitirá que los pueblos puedan alcanzar su verdadera justicia. Si el nuevo gobierno Bachelet no cumple con las promesas de una nueva relación con los pueblos de Chile y no establece ahora, cuando el pueblo Mapuche sigue siendo reprimido y debe hacer huelgas de hambre, para que simplemente se les escuche (y sin seguridad alguna de que sus justas demandas serán cumplidas) entonces, la situación nada ha cambiado. 

El aceptar reiniciar juicios sin evidencias y usando testigos sin rostro demuestra que el concepto legal impuesto por la dictadura y sus seguidores siguen siendo el mismo que la actual presidenta usó entre los años 2006 y 2010. Y ese mensaje es claro para el pueblo Mapuche y para todos los pueblos y la sociedad civil chilena: Solo la lucha a cada nivel de conflictos y de la represión que se mantiene, permitirá avanzar hacia una sociedad justa en que cada pueblo, cada comunidad y cada persona puedan ser respetados. De ese modo la justicia, equidad y respeto por el futuro de todos, con respeto a los tratados existentes (Convenio 169 de la OIT y tantos otros) y con una Constitución hecha  democráticamente, que es una exigencia nacional, solo se lograrán cuando estas hayan sido alcanzadas. 

Pero, ¿ Quiere el Gobierno ser democrático y ser parte de una sociedad justa y fraternal o va a seguir siendo la causa de que no se progrese en estos campos y de que el pueblo Mapuche siga siendo excluido y perseguido con las mismas medidas anteriores? 

La sociedad chilena actual no es diferente de la de Pinochet en lo que a democracia o justicia se refiere: sigue siendo el país de los magnates y de un pueblo excluido bajo represión permanente.

José Venturelli, (en apoyo de los presos políticos Mapuche condenados con violación al Debido Proceso y bajo una guerra sucia inmoral e injustificable)

El mié, 30/4/14, PPMCAM WICHAN <infoaldiawichan@gmail.com> escribió:
De: e PPMCAM WICHAN <infoaldiawichan@gmail.com>
Asunto: DIFUNDIR: RESOLUCIÓN ESTABLECE QUE HECTOR LLAITUL Y RAMÓN LLANQUILEO FUERON DOBLEMENTE PROCESADOS


1) El día de ayer, martes 29 de Abril,  el Tribunal de Garantía de Cañete, accedió a abonar a las condenas de Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, 18 y 21 meses, respectivamente, correspondiente a la prisión preventiva que cumplieron durante la investigación del caso conocido como  "la emboscada al Fiscal Elgueta ", sostenido por la Segunda Fiscalía Militar de Concepción, hechos por los cuales finalmente resultaron absueltos. Dicho resultado se debió a que, contrariamente, al Tribunal Oral en lo Penal de Cañete y a la Corte Suprema de Chile,  el Tribunal Militar no dio por acreditados los hechos y menos aún dio validez a la declaración del Testigo Secreto Nº 26, señalando expresamente que no se podía condenar, sólo,  con la declaración de un testigo anónimo.

2)  Consideramos esta resolución como un pequeño logro político-jurídico  que viene a remediar, en parte, las arbitrariedades cometidas en contra de los dirigentes de la CAM,  y que se enmarca dentro de las posibilidades jurídicas que otorga la ley. Es el resultado de su permanente lucha y ejercicio de la prisión política que se ha expresado en tres extensas huelgas huelgas de hambre y que ha obligado al estado chileno a:  rebajar las condenas de 25 a 15 años y de 20 a 8, respectivamente y a reconocer, a través de abonos, los largos años de prisión preventiva.

3) Para entender las consecuencias practicas de la actual resolución judicial, cabe señalar, que esta  pasará  ahora a Gendarmeria,  institución que deberá expresarlo en una medida concreta, es decir,  certificando un nuevo Computo de las Condenas, por lo tanto,  la condena de Ramón LLanquileo terminaría en Julio del 2015 y la de Hèctor LLaitul en Junio del 2021.

4) No obstante lo anterior,  debemos a aclarar que esta resolución no ataca ni corrige el fondo de las arbitrariedades en contra de nuestros familiares,  sólo comparables con las cometidas durante la Dictadura, las cuales implican una serie de aberraciones jurídicas tales como: el doble procesamiento a través de la Fiscalia Militar y el Ministerio Publico (en forma paralela); la aplicación de la Ley Antiterrorista, expresada en detenciones ilegales y torturas, intervenciones telefónicas, secreto de la investigación, largas prisiones preventivas y la participación de más de 40 testigos secretos, para finalmente terminar con una condena basada, exclusivamente,  en la declaración de un sólo testigo anónimo (Nª26).

5) Finalmente, señalamos que a partir de esta resolución, del Tribunal de Garantía de Cañete, se puede inferir que la justicia chilena ha reconocido el Doble Juzgamiento o Non Bis In Idem, en tanto cuanto los antecedentes presentados el día de ayer corresponden a las resoluciones de la Segunda Fiscalía Militar de Concepción, del Juzgado Militar (con sede en Valdivia) las cuales fueron finalmente ratificadas por la Corte de Apelaciones de Concepción, con la reforma al Código Militar producto de la huelga de hambre del 2010.

6) Todos estos argumentos son los que ha conocido exhaustivamente el Relator de las Naciones Unidas Ben Emmerson y en los que se basa para realizar recomendaciones tan certeras:  “Quienes fueron condenados por el testimonio de testigos protegidos deberían tener el derecho de que se revisen sus condenas y, cuando resulte apropiado, que se realice un nuevo juicio bajo las disposiciones de la legislación penal ordinaria, sin recurso a testimonios anónimos".  Exigencia de la cual aún el Gobierno de Bachelet  no se a hecho cargo ni ha dado respuesta.

Libertad a Todos los Presos Políticos Mapuche

Familiares y Colectivo de Apoyo Presos Políticos Mapuche CAM

(Declaración puesta nuevamente en circulación por J. Venturelli)