En Araucanía… el aire hiede a injusticias y abusos repetidos

“Comentarios a la orilla del camino” (5 de Mayo del 2011)
Dr. José Venturelli
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura.

Viajo el 22 de abril a Temuco a una región en la que viví como médico general de zona, en Nueva Imperial. Afloran sentimientos confusos: haber vivido junto al río Cautín o Imperial, que continúa hacia el mar luego de recibir los ríos Quepe y Chol-Chol, es siempre un recuerdo de alegría, de cielos cambiantes, siempre originales y frescos. Nadie que lo haya hecho puede resistir ser embargado por esos sentimientos. Pero, hay elementos que quiebran la sonrisa y se reconoce que las vivencias por allí antes y ahora, como en otros lugares… han sido, también, muy tristes.
Mi viaje era a un Memorial… Cuatro días después del golpe de estado, el 15 de septiembre del 1973, fue “detenido-desparecido” un amigo entrañable, respetado por quienes lo conocieron. Especialmente, por las comunidades mapuche de la zona de la costa: Puerto Saavedra, Lago Budi y sus islas, las comunidades. También por quienes trabajamos en los sueños de solidaridad y equidad con nuestros hermanos mapuche y chilenos que vivían marginados sin equidad o justicia social. Pero había sueños de que otro mundo, mejor, era posible. Este Memorial era por Arturo Hillerns, quien fuera médico de esa región. El sábado anterior al golpe militar, en un acto público donde hubo mucha gente –estudiantes, trabajadores, campesinos, miembros de los consejos campesinos, empleados, profesionales- Arturo habló de que lo que se venía, supo ver los caballos del Apocalipsis social: No se equivocó. Tampoco lo perdonaron.
El memorial fue a orillas del río Cautín… si, el mismo. Como nuestras esperanzas, río abajo se fueron las flores lanzadas desde el puente. Cielo azul y nublado. Lágrimas ocasionales de los asistentes y de las nubes que estuvieron con nosotros. Ese era el lugar donde, siempre se supo, que había sido asesinado por un grupo de Carabineros, los mismos que lo habían sacado violentamente de su casa antes del alba. A casi 38 años del crimen, los asesinos han sido confirmados. Uno ya falleció, impune, los otros están presos con veredictos. Faltan las condenas y no podemos sino temer por la justicia, en este país donde se indulta –lo vemos estos mismos días- a los criminales de lesa humanidad. Éramos más de un centenar de personas y los recuerdos estaban vivos. Los sentimientos fraternales seguían intactos. Impunidad para unos y se sigue encarcelando a los espíritus libertarios.
Hubo conversaciones con muchos: los que habían vivido en exilio, en cárceles, torturados, también “exilio adentro” como lo llamaba mi madre, pesando en tantos muertos –por asesinatos o muertes “naturales” en su propio país que se estremecía bajo la ira de tirano y tiranuelos de mala muerte que se enriquecían en el camino. También de los que añoraban a ese hermano nunca lejano. Una viuda, un hijo que sólo lo tuvo padre por 3 meses y algunos días, y esos nietos que correteaban, sin querer, haciendo revivir a los que por allí estábamos. Lo hacían del modo que los niños lo hacen, simplemente, como habría dicho Neruda. Generaban, sin querer queriendo, sonrisas y, en medio de esa tristeza, multiplicaban esperanzas.
Los días que siguieron, en lo que era un paseo por los caminos de la solidaridad, conversé con amigos y personas que sufrieron y sufren la realidad de la inequidad y exclusión… Persiste el que la mayoría tenía su mirada en un futuro que posible, parecido a esos cielos de la Araucanía que se viven y sobrepasan siempre su descripción.
Infancias tomadas por asalto: Fui a ver un menor mapuche que hace menos de un año vio su casa asaltada por unos 30 vehículos de la PDI y del GOPE, con cerca de 100 represores, armados hasta los dientes. Entraron al alba en su casa, pobre pero fraterna. También desprotegida… como casa mapuche. El niño tenía 15 años, junto con un hermano de 18 años y otros más de las casas vecinas, luego de la golpiza rutinaria –de la que a las dos semanas aún tenía las marcas del maltrato que Chile le puede dar a sus niños. También estaba su hermana menor, que vio con horror que le incautaban incluso sus medicamentes anti-rechazo de su trasplante renal. Al intentar, entonces, reconstituir con la familia la escena del crimen cometido contra ese grupo humano, la menor, al apuntarla con una rama gruesa, a modo de fusil, entró en una crisis de llanto, aterrada: recordó los fusiles amenazantes contra su cabeza y la de su madre.
Varios meses de arduo trabajo de abogados y de solidaridad permitieron que el arresto domiciliario total de “este terrorista”, palabra con lo que justifican la brutalidad y montajes que nos avergüenzan fuera modiificado: el menor entró a estudiar con apoyo familiar, de profesores y de más solidaridad. Y con su propia fuerza y razón. La brutalidad sucedida, al pedírsele explicaciones al Ministerio del Interior y al General de Carabineros de turno de la IXa. Región, como en casos anteriores (y posteriores!), todo fue categóricamente negado. Categóricamente, como de costumbre. Allí no había pasado nada. Las mentiras perpetuas. Cuando inocentemente me dijeron en el colegio “no se preocupe, hay mucha gente preocupada por el menor, Carabineros viene con frecuencia”… por supuesto que me preocupé. Un oficial había ido a tratar de enlodar el presente y el futuro de este menor que ya habían brutalizado tanto. Declararon al director, profesores y, por ende, a los compañeros, que este menor “era un terrorista peligrosísimo”… Negar un futuro, impedir las sonrisas y juegos normales entre esos estudiantes y cambiarlas por actitudes de sospecha, temores, opacarle los cielos para siempre, negar la posibilidad de fraternidad y amistad, ese es el objetivo virulento, torpe, que en Chile puede violar todos los principios que las naciones tienen para con sus niños. No basta firmar tratados y jurar a los cuatro vientos: hay que parecer y ser honrados: decirlo no basta. Es la infamia institucionalizada. Curiosamente, el menor es un buen alumno. Pero por criminalizarlo como otro “mal chileno” (¡a sus 15 años!), lo hace asesinable a mansalva, encerrarlo, acosarlo, y en impunidad… como a nuestro hermano Arturo y muchos más. Y así, era encerrado en su domicilio por sus cancerberos –similares a esos perros de tres cabezas de viejos cuentos de horror que cuidaban el infierno- que aplastan a su pueblo. No dejarlo educarse: otra violación a un derecho fundamental.

Sigo hasta Angol…lugar conocido, al pie de esa Cordillera de la Nahuelbuta, desde donde se ve el mar, la Isla Mocha. una isla históricamente de población mapuche, lafkenches, hasta los confines de la cordillera andina, donde están los pehuenches y el plano del Walmapu. Pero, yo iba a ver a cuatro condenados por una Estado represor, que con montajes, violencia, “cárcel preventiva” (que en realidad para el mapuche es permanente, solamente que para unos es presidio adentro y la mayoría, queda en la sala de espera de un presidio prometido, nada prometedor) Usaron con ellos la Ley anti-terrorista en toda la investigación, violencia, torturas demostradas, testigos fabricados, -varios testigos, delincuentes ellos mismos- y muchas coimas de diverso tipo, pagadas con dinero de los explotados y de los que trabajan en el país. E intimidación.

Renové conversaciones ya tenidas en las cárceles de Concepción –El Manzano- o en Lebu antes y durante las huelgas de hambre y los juicios viciados. Ese circo pseudo-legal hecho en Cañete por prevaricadores, como calificaran los observadores extranjeros al fiscal y a algunos jueces. Hoy sabemos que el Juez que presidía sabía ya desde antes de los casos, violando las normativas más elementales, porque había sido fiscal hasta hacía muy poco. Se había cortado el traje a la medida.
Condenados en procesos inmorales y que negaron la misma esencia de la justicia: “Sin defensa no hay Justicia”, dice el logo de la Defensoría Nacional. De esos juicios, una mujer joven, instruida y valiente, la Defensora Penal Pública Nacional, Paula Vial, ha dicho desafiante que el juicio fue represivo e ilegítimo, basado sólo en una Constitución sin ninguna base moral. Indicó que ese juicio, precisamente, no permitió una defensa debida ni respetó derecho alguno de esos presos políticos. Una huelga de hambre que hoy llega a los 50 días y de la que ya el estado (Gendarmería y el Ministro del Interior) empiezan a preocuparse y a posar como bondadosos salvavidas pidiendo un Recurso de Protección por los mismos detenidos. Este recurso de protección quiere simplemente decir, que el Estado, con sus cancerberos, los va a asaltar, encadenar y brutalmente impedirles expresar su única voz posible por ausencia de justicia. Es la tercera huelga de hambre. Esa protección ya la hicieron con otros presos, Patricia Troncoso, entre varios. “Fuí encadenada y torturada, entre los golpes juraban querer salvarme alimentándome”, me lo dijo personalmente. Una acción represiva simple de resolver: los personajes represores, que son la causa de la injusticia y exclusión, son quienes criminalizan al pueblo mapuche, se pretenden verdaderos santos, piadosos. Ellos podrían simplemente terminar la huelga de hambre terminando los encarcelamientos injustos, los tratos vejatorios, las mentiras y violaciones de tratados múltiples. Pero prefieren condenar a todo un pueblo y podrirlos, sin justicia de por medio, con su justicia violada, en esa cárcel sub-humana de Angol. La Asociación Médica Mundial rechaza categóricamente este crimen ético.

Regresando a Santiago: me llega la noticia de que en Temucuicui, donde el estado y gobierno pretenden que viven terroristas, (que no lo son: son mapuche que piden justicia). detienen a un niño de 16 años, Patricio, que ya antes habían baleado, detenido varias veces, perseguido y que tuvo su golpiza, la que los menores mapuche reciben “la necesiten o no la necesiten”. Son muchas las denuncias a nivel internacional sobre esto. Cerca de tres años este menor ha vivido entre cerros y matorrales, para evitar la violencia reiterada del sistema. (Esta es la odiosa forma como un Chile cree respetar los derechos de los pueblos de Chile y de sus niñez) Patricio es sobrino de un Lonko y ha sido formalizado con la Ley Anti-Terrorista. Ahora es el encierro domiciliario total –sin derecho ni a ir a la escuela- mientras “lo investigan” con la ley que el Presidente y su Ministro del Interior pretendieron haber “erradicado” para los niños. Fue otra promesa incumplida por este gobierno. Discutido el caso en la Comisión de DDHH´s de la Cámara, esta decide denunciarlo y parar este horror.

Ya en la zona central, espero algo de tranquilidad… Paso por Talca y la veo aún en el suelo por el terremoto y sin reconstrucción: esa promesa tan ausente. Me esperaba la realidad de la Ley Anti-Terrorista, LAT, en Santiago. Los mal llamados “Caso Bombas” me traen a una realidad de este país que se permite encarcelar adentro y afuera con la LAT, usando fiscales que montan evidencias para construir esta dictadura perfecta que algunos quieren asegurar.

Confirmo una vez más de que nuestro paisito sigue pretendiendo ser lo que no es. Un país justo, nos dicen, mientras violan la justicia y encierran las ideas. País hermoso como ninguno, repiten, en un esfuerzo chovinista y con sonrisas presidenciales vacías: Pero escucho desde todo Chile “Aysén sin represas”, “Por un cobre chileno” (que lo fuera y ahora es 80% privatizado y aumentando), “Agua para todos” cuando es controlada por los mismos que quiebran el medio ambiente y el futuro del país. "Justicia y Libertad" aunque al Clan Luksic y a otros les incomode. Estos días hemos escuchado a un oscuro ex-presidente del Senado (binominal, por cierto, ergo poco legítimo) criminalizar a un luchador histórico por los derechos humanos. Lo hizo también cuando temprano, Pinochet exigía humillar a quienes lucharan por los DDHH´s. Este es el país que siguen vendiendo como normal, futurista, dicen, pero en el que empresarios de todo orden, exigen represión para aumentar ganancias y seguir con “su paz a la chilena”. Cuando el Ministro del Interior dice que “todo lo prometido (a los presos políticos mapuche, entonces en huelga de hambre sin posibilidades de juicios justos) les fue cumplido” vemos, sin embargo, que las huelgas de hambre se reanudaron por los ahora condenados en juicios viciados; cuando los niños son violentados y acusados por leyes anti-terroristas trogloditas, producidas por mentes inestables y malsanas, y que ahora sus fiscales “a la Mefistófeles” se refocilan reprimiendo todo lo que piense, viva, quiera vivir y deje vivir… Bueno, cuando esto sucede confirmamos que este país está muy lejos de la pretendida democracia que no es.

Pero los cielos siguen mostrando esperanzas que estimulan a nuestros pueblos, a personas, a jóvenes y viejos de que es necesario atreverse a tener derechos y de que sólo uniendo voces y acciones podremos hacer desaparecer el humo y las mentiras que quedan de ese infierno represivo que tuvimos y que no se quiere ir. La democracia y las esperanzas se mueven juntas. Y se van a encontrar a pesar de todo, para escribir otro futuro, donde todos, sin discriminaciones de tipo alguno, ni de género, tendremos una sociedad justa y que merecemos. Porque la Justicia, aunque a algunos no les guste, va a llegar.

Seguimiento caso menor mapuche Patricio Queipul Millanao

Continúa en Chile la violencia contra menores Mapuche

El menor mapuche Patricio Queipul Millanao, fue detenido el viernes 29 de abril, en forma violenta por la PDI y se le mantuvo escondido sin mencionar su paradero, pese a que fue detenido con testigos.

Hemos sabido de que este joven, sobrino del Lonko Víctor Queipul, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui (Comuna de Ercilla - IXa Región) como varios otros familiares de este Lonko, ha sido detenido en el pasado. Esta comunidad ha sido históricamente acosada y eliminada de cualquier beneficio social o económico porque varios gobiernos han decidido que "se portan mal y no merecen nada" (excepto represión, pareciera)

• El diputado Accorsi ha solicitado participar a una reunión del miércoles 4 de Mayo a la Comisión de DDHH's de la Cámara.
• También hay una posible reunión con el Ministro Hinzpeter.

Hace unos días el Ministro dijo a la prensa que "el gobierno cumplió en todo lo prometido (en sus negociaciones con los presos políticos mapuche cuando estaban en huelga de hambre"...  sin embargo,

A Patricio Queipul, de 15 años, se le formalizó el sábado 30 de abril y se le acusa de:

• Incendio terrorista
• Asociación Ilícita Terrorista
• Homicidio Frustrado Terrorista
• Robo con Intimidación
• Se le aplica la Ley Anti-Terrorista 
• Y quedó en arresto domiciliario TOTAL, lo que le impide continuar con sus estudios, violándose todos sus derechos de menor. Las acusaciones son bajo testigos protegidos y con todas las irregularidades ilegales e ilegítimas conocidas de la Ley Anti-Terrorista.
  

El Juicio habría sido suspendido y la preparación -bajo Ley Anti-Terrorista- sería para el 13, 14 y 15 de Junio. Hay 8 adultos adicionales en esta causa. 

Las fechas de los juicios, cuando se les acusa bajo la Ley Anti-Terrorista LAT son tentativas. Debemos recordar que en el caso de los Juicios de Cañete estos demoraron dos años y en los casos de los juicios que se vienen para los que estaban presos en Angol y Temuco -que también hicieron la huelga de hambre y estarían bajo los mismos acuerdos con el gobierno Piñera- se hacen bajo la LAT y llevan ya más de dos años detenidos. Los 4 condenados presos en Angol, fueron condenados con testigos protegidos y en base a una declaración obtenida de un joven, arrestado en forma similar a la del menor Queipul.
Nada le importa al Estado y Gobierno el impacto que las acciones de represión tienen en los presos, en las familias e hijos, que siguen siendo acosados y detenidos.

• Por supuesto, todo esto se contradice totalmente con las declaraciones del Ministro Hinzpeter... y viola varios tratados: El de los Derechos del niño y adolescente / de los pueblo indígenas / de la Tortura así como los acuerdos y promesas del gobierno mismo.
  

Se sugiere:

Buscar apoyo en sus lugares de trabajo, con amistades y personalidades y grupos de DDHH's o sociales denunciando y exigiendo que el gobierno cese sus mentiras y el acoso a los niños mapuche.
Las promesas del gobierno chileno se hacen ya una constante: prometen todo y no hacen nada de lo prometido. Sólo vemos que la represión persiste y se hace más violenta que antes.

Lo gobiernos del mundo tienen la responsabilidad, especialmente en el contexto mundial antojadizo, de insistir al gobierno de Chile que deben respetar los derechos humanos y eliminar leyes represivas inmorales como la Ley Anti-Terrorista. Se sugiere pedir a los ministros, jefes de gobierno y miembros del Parlamento a que apoyen la defensa de los DDHH's en Chile



José Venturelli, Pediatra
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura  CECT-SE

Menor mapuche de 16 años es detenido ayer a las 15 horas por PDI en Temucuicui y esconden su paradero

Patricio Queipul Millanao, menor de 16 años

Detenido ayer a las 15 horas por PDI

en Comunidad Autónoma de Temucuicui, IXa. región

Fui informado a mediodía de hoy de que Patricio Queipul Millanao, sobrino del Lonko Víctor Queipul. Fue detenido ayer, cuando andaba a caballo en los caminos en torno a la Comunidad. No hay antecedentes penales ni de detenciones o imputaciones anteriores.

Luego de detenido por la PDI, se negó a familiares y dirigentes, hasta hoy, donde se encontraba. Como es siempre inquietante el arresto de un joven mapuche, familiares y dirigentes lo buscaron intensamente, siendo negado por PDI y carabineros. Este tipo de arresto  muchas veces llevan a violentas golpizas con las que los obligan firmar acusaciones que los inculpa a ellos y a dirigentes. Más arrestos siguen, como lo vimos en los Juicios de Cañete, donde terminaron condenando por LAT a cuatro dirigentes. Estos fueron acusados sin poderles demostrar que tuvieron participación y bajo testigos falsos. Carabineros confirmó su detención pero no el lugar. Se indicaba que sería por la Ley Anti-Terrorista, lo que es, una vez más, una violación de la llamada modificación a la LAT que NO SE APLICARIA A LOS MENORES, promesa hecha por los poderes Ejecutivo y Legislativo pero que es rechazado por el Fiscal Nacional.

Luego de intensos trámites, que incluyeron contactar diputados y organismos de DDHH’s, y búsqueda hemos sabido, en trámite hecho ante la Intendencia de la Araucanía por el Defensor Autónomo Mapuche, Werken Antonio Cadin, de que el joven Queipul estaría en Victoria y que hoy lo formalizarían.

Lo que no sabemos es por qué detienen a este menor, cuales son las imputaciones que se le atribuyen, el grado de violencia que haya sufrido, será detenido y enviado al Penal de Menores de Chol-Chol o enviado a su casa en arresto domiciliario o, como debería suceder, ser dejado en libertad incondicional. Además, se debe denunciar, si se confirma, que se le sometería a la Ley Anti-Terrorista. Y cuáles son las razones para hacerlo, dado que la historia es siempre antojadiza y usando testigos protegidos, lo que en sí es una violación legal y corresponde a la Ley Anti-Terrorista.

El Lonko Víctor Queipul ha ido a Victoria para estar presente en esta formalización.

La Comunidad de Temucuicui es una de las comunidades a las que el Estado, Carabineros y PDI acosan constantemente, son criminalizados. He visto personalmente como en “las tierras del latifundista René Urban” –conocido violentista contra los comuneros mapuche, existen, instalados de modo permanentes vehículos blindados de carabineros, con personal del GOPE y perros de ataque que son usados para amenazar y perseguir a los comuneros y sus niños cuando andan por los caminos públicos de la zona. Hay varios casos en que el mismo René Urban y su familia asaltan grupos en los caminos, apoyado por Carabineros y los detienen bajo el montaje de que son los comuneros los que los atacaron… En esa zona solamente, 50 casos de niños sometidos a violencia, tortura y acoso repetido, con daños físicos y psicológicos fueron presentados a la CIDH (Comisión Inter Americana de Derechos Humanos) el 23 de Marzo pasado porque el estado y Gobierno chilenos no hacen cumplir los convenios de protección a la Infancia y Adolescencia.

Se pide que personas, grupos de Derechos Humanos y personas exijan del Ministerio del Interior, de la SEREMI de la Xa. Región y de las autoridades correspondientes que sigan de cerca esta situación. El abuso al pueblo mapuche no ceja y demuestra que lo que el Estado busca es tener siempre al pueblo mapuche bajo la amenaza de encarcelamientos y así evitar discutir sus justas demandas históricas y sociales.

El Convenio 169 de la OIT, que debe ser ley del Estado sigue siendo violado y el gobierno pretende usar sus propias normas violando el Convenio mencionado.

El Estado de Chile debe hacer un compromiso de dar término absoluto a los asaltos a las comunidades y, especialmente, contra los menores, por parte de los cuerpos policiales que, en esa región, funcionan como represores y que desarrollan una guerra de baja intensidad que son inaceptable. El gobierno debe cumplir ahora. Nada se ha hecho con la violencia, que incluye muertos y el desaparecimiento de un menor de 15, José Huenuleo, cuyos raptores son carabineros conocidos pero aún intocables por el viciado sistema de Justicia vigente. (Los imputados, libres aún, son los carabineros Juan Ricardo Altamirano Figueroa, Patricio Alejandro Mera Hernández y Cesar Antonio Vidal Cárdenas). Ver: http://notascect.wordpress.com/2011/03/14/alfonso-podlech-michaud-sigue-su-juicio-en-roma-por-crimenes-contra-la-humanidad/

El Presidente y su Ministro del Interior deben tomar cartas en estas violaciones y ponerles término de inmediato. No han servido sus promesas y deben actuar en pro de la justicia. Ni más ni menos. No pueden dejar que se siga aplicando incluso a otros menores, la LAT.

La familia del Lonko Víctor Queipul ha visto ya varios de sus miembros, adultos y menores acosados, golpeados, detenidos y perseguidos. Es la forma del estado para intimidar e impedir que se avance en las negociaciones por cumplir los mandatos de los tratados firmados y de Naciones Unidas que deben respetar los derechos fundamentales del pueblo mapuche en Chile. Las condenas de los cuatro detenidos en Angol, con quienes conversé esta semana, han sido basadas en montajes y en medio de violaciones procesales y de tortura que todos debemos denunciar y detener.

Dr. José Venturelli, Vocero, Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura, desde Chile.

¿La vía chilena a un paraíso infiernal?

Condenas inmorales al pueblo Mapuche y tortura a los disidentes políticos

+ Abusos con el medio ambiente para beneficio de pocos…

¿La vía chilena a un paraíso infiernal?

22 de abril de 2011

El contexto de los Derechos humanos, especialmente en el campo de la necesidad de erradicar la tortura sin ambigüedades de ningún tipo, aún no se implementa en Chile. El Estado no ha respetado ni puesto en acción el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Este decir sin hacer, “tan chileno”, es hoy en día, precisamente por esa falta de compromiso estatal y gubernamental, la razón del por que persiste un sistema de justicia ilegítimo que niega el Debido Proceso a los derechos de los detenidos políticos. Esto es el Derecho Penal del Enemigo, como ha sido rotulado por los abogados de los presos mapuche condenados y permite que Fiscales y Jueces actúen como prevaricadores estableciendo culpabilidades y condenas injustificadas e inhumanas. Ese fue el informe de una Observadora Internacional a los Juicios de Cañete. http://periodismosanador.blogspot.com/2011/01/jurista-mireille-fanon-acusa-juez-de.html

Desgraciadamente, las prácticas de tortura las hemos visto con los presos políticos mapuche, con los menores mapuche cuya evidencia ha sido denunciad ante Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de Derechos Humanos internacionales. Lo hemos hecho evidente como CECT ante el gobierno, en el Parlamento, ante el Ministerio de Justicia, Carabineros y Gendarmería en forma repetida. No hemos visto, sin embargo, implantación de los cambios urgentes que se requieren. Los presos del mal llamado “casos bomba” han tenido un trato que está tipificado como tortura por cuanto se trata de presos políticos a quienes se les monta evidencia, se les criminaliza y se les define, ante los medios de Prensa y TV como criminales: esas son las pretendidas acusaciones frenéticas de un Fiscal que se mueve políticamente y no en el campo de la Justicia. De hecho, estos jóvenes viven una situación de tortura por los montajes inconcebibles, el uso de testigos protegidos, sin rostro y muchos delincuentes usados por los fiscales. Además, al amenazarlos con condenas a penas perpetuas por el mero hecho de disentir políticamente sólo les queda recurrir a las huelgas de hambre. Huelgas que, a pesar de que el Ministro de Salud y varios personeros de gobierno las denigren, y el Presidente incluido por su silencio culpable, son el único recurso que el Estado chileno deja a los perseguidos políticos.

Las detenciones “preventivas” y los términos de su detención son brutales e inhumanas: se los tiene encerrados en una celda de máxima seguridad por 22 horas diarias por 8 meses y recientemente han pasado a Alta Seguridad. Pero el regimen de condiciones inhumanas, a menudo iniciado por iniciativa de jefes de gendarmería, persiste. Estos detenidos de Santiago han sido literalmente asaltados para sacarles muestras de sangre en una violación de la ética médica: ante el rechazo de los detenidos han sido llamados los equipos “técnicos” de Carabineros para que se cumplan las órdenes que el Tribunal ordenó, según el Alcaide. Esto es una violación adicional inadmisible, condenada por la Asociación Médica Mundial. La salud y los derechos sobre su propio cuerpo son exclusivos de cada persona. No respetarlo es tortura. El Alcaide pretende ser él quien decide si necesitan médicos y quienes deberían ser estos… ¿Es este el nuevo, moderno y ejemplar sistema carcelario que nos ofrece el director de Gendarmería? La carta abierta al Presidente Piñera de la Comisión Ética Contra la Tortura es muy clara y debe ser escuchada. (http://notascect.wordpress.com/2011/04/21/cect-pide-al-presidente-pinera-preocuparse-personalmente-de-presos-en-huelga-de-hambre/ )

Esta violencia debe terminar ahora y el Presidente debe cumplir personalmente para que Chile cumpla en la práctica, con los términos de referencia correspondientes, los Tratados firmados contra la Tortura, por el respeto a los Derechos Humanos y confirmados por Naciones Unidas. Repetimos nuevamente, con el Obispo Salvadoreño asesinado, “No a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto y en nombre de nada”. Y que esto debe ser de inmediato, sin tiempos administrativos de espera. El contexto ilegítimo y las personas que la ejercen deben ser puestas en juicio ahora para que dichas prácticas de tortura no se repitan. Las leyes chilenas, y la Ley Anti-Terrorista (LAT) en especial, que persisten en una Constitución de origen dictatorial, deben ser cambiadas por una Constitución Democrática. La derogación o suspensión inmediata de la LAT es un primer paso humano hacia la eliminación de normas anti-democráticas. La permanencia de la Ley Anti-Terrorista, que el mundo rechaza sin ambigüedades, permite el abuso denunciado y debe terminar. Un gobierno que permite la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes a su pueblo practica actividades criminales contra la humanidad. Conozco estas cárceles y he visitado a los presos políticos que son afectados por tanta inmoralidad: allí se confina a los presos mapuche a cumplir condenas inmorales o se encierra a quienes se criminaliza como enemigos por pensar distinto.

Por ello se deben anular los juicios que permitieron las condenas de los dirigentes mapuche por fiscales que no respetan la Justicia. Del mismo modo, sólo el Debido Proceso, en términos de Justicia respetable, justa, debe ser implementado ahora. Los jóvenes anarquistas llevan ya más de 8 meses y sus juicios se eternizan, como hizo el dictador y han hecho sus seguidores hacia esta dictadura perfecta. No necesitamos más Fiscales prevaricadores que cada día manipulan las leyes con fines personales y por prebendas políticas. El Estado de Chile al olvidar al ser humano y solo ocuparse de las ganancias de los empresarios que destruyen el medio ambiente, aumenta la inequidad. Para hacerlo usa esta “Constitución” de generación enfermiza. ¿Por cuánto tiempo más?

En resumen el país democrático que queremos requiere:

1. Libertad incondicional para los presos mapuche que han cumplido, mediante la puerta giratoria de los fiscales, muchos años detenidos y de maltratos sin evidencia.

2. Libertad y juicios justos, con el término de prácticas de tortura y abuso sostenido para los presos de los montajes de los “casos bomba”.

3. Suspensión de todos sus efectos y pronta derogación de la Ley Anti-Terrorista.

4. Establecer el proceso para una Asamblea Contituyente, para que Chile tenga justicia, igualdad ante la ley y equidad. Así podremos tener un país que tenga un futuro para todos, sin la destrucción de éste y la alienación para las generaciones futuras que al protestar y expresar sus ideas, son hoy día criminalizadas a diario.

El Presidente debe cumplir con actos democráticos y no con palabras y manipulación.

Hacerse el desentendido no ayuda a nadie,

ni siquiera a sus propias ambiciones.

Dr. José Venturelli,
Profesor Emérito, Universidad de McMaster, Canadá
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura.

Diez años de la Comisión Ética Contra la Tortura: la historia de por qué existe y debe seguir existiendo.

DIEZ AÑOS TRABAJANDO POR “TORTURA NUNCA MÁS…”

Lucía Sepúlveda Ruiz.

(Reporte. Stgo. 1/4/011) La Comisión Ética contra la Tortura (CECT www.contralatortura.cl ) es una entidad de defensa y promoción de los derechos humanos que ha ido generando un espacio propio desde su fundación diez años atrás, por personalidades, sacerdotes y religiosas ligados al mundo obrero y poblacional, que trabajan junto a ex presos políticos, a ex militantes de la resistencia a la dictadura, organizaciones sociales y de derechos humanos y profesionales de profundas convicciones democráticas.
Nació cuando a nivel oficial no se hablaba en Chile de la tortura y prisión política, ya que la transición negociada sólo fue capaz los primeros años de reconocer a las víctimas de desaparición forzosa y a los fusilados y ejecutados (Informe Rettig), invisibilizando la prisión política y la tortura y protegiendo a los perpetradores.
Actualmente la Comisión continúa demandando del Estado la puesta en práctica del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura para que se pueda construir un mecanismo nacional de investigación y prevención de este flagelo,  y evitar que sigan muriendo personas tras atropellos infligidos por agentes del Estado. La Comisión Etica Contra la Tortura participó en las actividades de conmemoración del 31ª aniversario del martirio de Monseñor Arnulfo Romero (San Romero de América) que tuvieron lugar el 23 y 24 de marzo pasado.

Por la Buena Memoria.
La primera gran tarea que se dio la Comisión Ética Contra la Tortura, fue llevar adelante una campaña que se llamó “Tortura Nunca Más” y apuntaba a exigir del Estado de Chile la creación de una instancia de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de tortura de la dictadura militar. Un masivo acto por la Buena Memoria se realizó el año 2003 en el Edificio  Gabriela Mistral – la ex UNCTAD de tiempos de Allende-, en el que participó como invitado especial, entre otros artistas, el cantautor uruguayo Daniel Viglietti.
Allí solidarizaron públicamente con las demandas de la entidad, destacados diplomáticos extranjeros como Frode Nils (ex embajador de Noruega) que había estado en Chile durante la dictadura, y otras personalidades que habían sido claves en la solidaridad desde Europa, a quienes se les rindió homenaje por primera vez.
En ese acto se rindió además el primer tributo público a todos los luchadores de la resistencia, los anónimos y los conocidos, los vivos y los muertos, con un video de la Buena Memoria que iba mostrando las fotos de los caídos para seguir también mostrando los nombres de quienes ayudaron en Chile y en el exterior, en la lucha de resistencia. El invitado “estrella” era el pastor luterano Helmut Frenz, de nacionalidad alemana, quien regresaba al país por primera vez desde su expulsión por la dictadura en octubre de 1975, cuando era miembro del Comité Pro Paz. El trabajó a la cabeza de Amnistía Internacional en Alemania, desde donde siguió apoyando la lucha contra la dictadura pinochetista.
La Comisión Ética Contra la Tortura considera fundamental el tema de la memoria para mostrar a las nuevas generaciones por qué lucharon los caídos en los años de la represión y cuáles eran los valores que defendían.
Como parte de las actividades que se realizaron al cumplirse 30 años del golpe de Estado, la Comisión Ética instaló junto a la corporación Ayun –que dirigía Carlos Liberona, integrante de la Comisión, ya fallecido- una placa en reconocimiento a la solidaridad internacional en el local de calle Santa Mónica, donde se inició el Comité por la Paz en Chile. Luego tuvo lugar el seminario “La memoria como fuerza de la historia: Chile a 30 años del golpe de Estado” en el museo Vicuña Mackenna, y las ponencias se publicaron en un libro del mismo nombre. Allí testimonió públicamente el actor Igor Cantillana – que había viajado especialmente desde Suecia con su grupo de teatro Sandino- su experiencia de tortura y detención en Chile. El poeta Oscar Aguilera publicó “Con los ojos vendados”, centrado en el paso por los centros clandestinos de tortura y detención. Por primera vez se hablaba en voz alta de la tortura y de los torturadores, rompiendo el ambiente de censura y temor imperantes.
Aprovechando una visita al país del Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel,  se realizó el lanzamiento público del “Pacto Moral contra la tortura” con el lema “Tortura Nunca, en nombre de nada… acuñado por Monseñor Romero, y comenzó una masiva recolección de firmas ciudadanas en plazas y en todos los actos que se realizaban a lo largo del país para suscribir el pacto, a lo largo de todo ese año.
La Comisión Ética exigió entonces al gobierno la formación de una Comisión gubernamental que estudiara los casos de prisión y tortura ocurridos en dictadura, demanda que cuajó poco después, cuando el entonces Presidente Ricardo Lagos – que recibió a la delegación internacional integrada por Helmut Frenz y el ex embajadores de Noruega, Frode Nils, entre otros– anunció la creación de la llamada Comisión Valech, que abordó finalmente el tema de la prisión política y la tortura.
Sus resultados fueron importantes pero insuficientes según estos luchadores por los derechos humanos, que sobre todo criticaron la prohibición gubernamental de dar a conocer públicamente los nombres de los torturadores, establecida en el decreto que creó esa instancia y refrendada  posteriormente por los tribunales chilenos.
Hervi Lara destaca que en el museo Vicuña Mackenna la entidad desarrolló un seminario con el destacado teólogo de la Liberación, Joseph Comblin –fallecido en marzo de este año- sobre ‘Ética, Política y Derechos Humanos’
La reciente reapertura de la Comisión calificadora de Prisión Política y Tortura que recibió miles de nuevos casos, respondió también a una demanda levantada firmemente durante estos años por la Comisión Ética, que ha denunciado al mismo tiempo el carácter secreto que el gobierno de la Concertación dio a los testimonios sobre tortura y prisión política y ha insistido en la necesidad de lograr verdad, justicia y reparación.
La lucha contra el indulto a los criminales ha sido una tarea que la Comisión retoma  con fuerza en las nuevas condiciones políticas.
Al pasar revista a estos diez años de trabajo, Hervi Lara, coordinador de la Comisión Ética sostuvo que hoy en Chile, la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes constituyen una práctica cotidiana de carabineros en respuesta a las movilizaciones sociales, que se ejerce en las cárceles y en los allanamientos a comunidades mapuche y en la cual también están involucrados instructores del personal de las Fuerzas Armadas, todos los cuales operan dentro de la más completa impunidad, ante la inexistencia de mecanismos de investigación y prevención de ese flagelo, y la falta de tipificación legal de la tortura.
La Comisión ha denunciado la formación –en realidad la deformación- que reciben los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y participa de la campaña por lograr que se detenga el envío de uniformados chilenos a cursar estudios en la ex Escuela de las Américas, responsable de la “capacitación” de 195 miembros  de las Fuerzas Armadas en 2008, bajo el mismo sistema que formó a los oficiales torturadores de la DINA y CNI.

Alto a la Violencia Policial.
La visión de la Comisión Ética respecto del uso de la tortura hoy en Chile  se basa en un trabajo llevado adelante en temas que hasta hace muy poco no eran asumidos por otras organizaciones de derechos humanos, como por ejemplo, la represión a las comunidades y luchadores sociales del pueblo mapuche; la criminalización de la protesta social, y la utilización de montajes político-policiales para intimidar a sectores movilizados.
En 2008 la Comisión Ética llevó adelante una campaña bajo el lema “Alto Ahí, Basta de violencia policial”, junto a Amnistía Internacional y organizaciones sociales y sindicales, orientada a denunciar la creciente violencia ejercida por carabineros contra jóvenes estudiantes y trabajadores.
En esa oportunidad, la Comisión analizaba que en Chile se estaba aplicando la lógica de la "guerra preventiva", la que de manera real o virtual "divide al mundo en enemigos y amigos". Denunciaba ya hace tres años, que en Chile han sido declarados “enemigos” los jóvenes que expresan su descontento por la ausencia de perspectivas de futuro; los estudiantes que se oponen a la mercantilización de la educación; los trabajadores sindicalizados que luchan por condiciones laborales dignas y los mapuche que exigen la restitución de sus tierras ancestrales.
El pastor Helmut Frenz sostenía entonces (gobierno de Michelle Bachelet) que tenía la impresión de que los gobernantes "aceptaron la herencia del sistema pinochetista, al comienzo por fuerza mayor, pero se dieron cuenta que es más fácil gobernar dentro de un sistema casi dictatorial que dentro de una verdadera democracia”.
En esa oportunidad se denunció como inaceptable que en Chile haya que pedir autorización para realizar marchas públicas y que Carabineros pueda disolver las manifestaciones amparándose en un decreto publicado en dictadura, bajo el número 1.806 de 1983.

Informes Anuales.
Anualmente la Comisión publica un documentado informe relativo al estado de situación del país en relación a la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes, así como a los pasos dados en relación a la reparación a las víctimas y el castigo a los victimarios.
Estos dossiers entregados a los sucesivos gobiernos han alcanzado vasta difusión nacional e internacional en organismos como la Federación Internacional Contra la Tortura y las comisiones de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, entre otros. Listados de prisión política mapuche y de muertes por tortura elaborados por la Comisión Ética Contra la Tortura, y documentos de análisis sobre la violencia institucional, y las demandas no resueltas de importantes sectores de la población chilena, se han constituido en valiosos elementos de apoyo a la lucha de los movimientos sociales, que han sido retomados posteriormente también por otras organizaciones sociales y de DDHH.
En Europa se ha constituido una sección Exterior de la Comisión Ética Contra la Tortura que cumple un rol de vocería y lobby ante las instancias internacionales. El Dr. José Venturelli asistió como observador internacional al juicio realizado en Cañete contra luchadores sociales mapuche, elaborando un informe sobre las irregularidades, vicios y contravenciones al debido proceso que se registraron allí, posibilitando la condena de cuatro dirigentes indígenas.
La Comisión ha formulado varios llamamientos públicos y recolectadas firmas de centenares de personas para exigir el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista y la reforma de la justicia militar para que no sea aplicada a civiles y para que los uniformados que cometen actos delictuales sean juzgados por tribunales civiles.
En ese marco, la Comisión ha recordado que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha planteado al Estado de Chile la necesaria integración de la definición de tortura al Código Penal, de tal manera que se ajuste a la Convención de la ONU con el fin de garantizar la investigación imparcial.

Organizarse contra la impunidad.
La Comisión Ética ha expresado asimismo su voluntad de acoger “a los familiares de quienes han sido víctimas de abusos policiales, que hayan sufrido acosos y torturas, que han perdido la vida a manos de agentes policiales y militares, y a las personas y organizaciones sociales que han sido víctimas de montajes de parte de funcionarios del Estado en complicidad con la prensa ligada a los dueños del poder económico”, con el fin de denunciar estos hechos ante los tribunales nacionales y organismos internacionales de derechos humanos, para identificar y sancionar a los victimarios, pidiendo fin a la tortura.
Asimismo considera indispensable  la investigación de las acciones violentas que han comprometido la integridad física, psíquica y moral de las personas afectadas, especialmente de quienes son hoy objeto de “montajes”, como es el caso de los presos políticos mapuche y de los presos del llamado “Caso bombas” que se encuentran en huelga de hambre desde hace varias semanas.-

Lucía Sepúlveda Ruiz. www.periodismosanador.blogspot.com

Libertad a todos los presos políticos y derogación de la Ley Anti-Terrorista. ¡Ahora!

Complicado el asunto de la promoción del Fiscal Alejandro Peña, quien ha estado envuelto en los mal llamados "casos bomba", y desde donde ha demostrado total desprecio por el Debido Proceso y por los derechos de los detenidos. Se confirma la colusión desde el Ministerio del Interior con este personaje a quien ahora "premian" con la responsabilidad de la Seguridad. Estas son malas noticias: confirman que el gobierno se sigue alineando con las violaciones de los DDHH's. Obviamente el Fiscal Peña ha estado haciendo carrera (y vaya que corre bien y tiene quienes le aplauden) cuando el Ministerio del Interior lo premia con un cargo de tan alta responsabilidad.

El problema es que funciona sólo con su imaginación y su virulencia persecutoria, dispuesto a humillar y a abusar de todos aquellos que no le agraden ideológicamente. La persecución política es lo que el Ministerio parece haberse acostumbrado a hacer y, habiendo sido formado bajo la Constitución anti-democrática que nos rige, seguramente seguiremos escuchando de sus  reiteradas violaciones. El gobierno debe recapacitar y parar este total contrasentido social de atropellos "legales".

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados escuchó hoy atentamente a familiares y a organismos de DDHH's en estos casos y reconocen que la situación de los DDHH's sigue siendo grave y de que el mundo identifica en Chile a un país que no cumple los tratados firmados sobre  DDHH's. La Ley Anti-Terrorista, que permite y fomenta esta irracionalidad represiva debe ser derogada. Hay que apaciguar la imitación que continúa de querer eliminar, por razones políticas, a quienes no sean del gusto del poder político. Chile actúa de modo anti-democrático. También la Comisión Constiucional reprueba la relación entre el Ministerio del Interior y su apoyo a medidas represivas del fiscal Peña.

Los jóvenes perseguidos por el Ministerio Público llevan ya casi 8 meses detenidos en Alta Seguridad. Son 8 hombres y dos mujeres. Cuatro imputados adicionales están con medidas cautelares fuera de prisión. Las amenazas del Fiscal Peña ofrecen prisión a perpetuidad a dos “líderes” (El Mercurio, con su clara forma de sugerir y ordenar represión, como lo ha hecho con los dirigentes mapuche, ya los ha condenado y no es capaz de ejercer ni la más mínima capacidad crítica o de duda cuando se trata de las violaciones de los DDHH’s. Una tradición vergonzante en un país donde no existe el derecho real de informar o de ser informado sobre la realidad política). Se les acusa de asociación ilícita sin haber demostrado nada. No hay evidencia participativa tampoco y, simplemente, se trata de culparlos por un pasado anarquista que, bajo ninguna norma internacional judicial o de DDHH's puede justificar las condiciones inhumanas en que se los tiene y que los ha forzado a esta huelga de hambre para que sus derechos sean respetados.

Ninguno ha estado en acciones terroristas -pese a haber sido investigados por cinco años y con los medios persecutorios ilegítimos que usan los cuerpos políticos policiales. Lo que procede es dejar de torturarlos con estas formas de detención y de negación de su libertad de modo prolongado.  Tres de los detenidos estuvieron once años presos por sus ideas. Pero de ahí a acusarlos de ser líderes terroristas es la evidencia misma de que la represión sigue siendo rutina en estos poderosos mandamases que aún siguen en un pasado inmoral.

El gobierno acepta que se sigan usando métodos anti-democráticos de Testigos Protegidos, de detenciones preventivas con castigos prolongados y de una permisividad  irresponsable, abusiva, contra los detenidos. La forma como esta ha sido usada con los dirigentes mapuche por simplemente ser dirigentes de su pueblo en la defensa de los derechos fundamentales y a quienes tampoco lograron demostrarles ni una sola evidencia, debe hacer capacitar al gobierno de que los tiempos de la represión abusiva ya pasaron y que en Chile, como en el mundo, el rechazo a esos métodos crece. La dictadura perfecta y el pinochetismo sin Pinochet no son tolerables.  Esta actitud se confirma en el despido de la Defensora Nacional, Paula Vial quien ha denunciado estas mismas violaciones a la Justicia. La eliminación de los presupuestos a las acciones de apoyo a la construcción de una Memoria Histórica y el desmantelamiento del equipo de Derechos Humanos en el mismo Ministerio del Interior forman parte de la única asociación perfectamente ilícita del Estado. El Presidente debe dejar de esconderse: aún no cumple lo que prometiera a los huelguistas de hambre mapuche. Estos han retomado su huelga por la mantención de la Ley Anti-Terrorista a la que sólo le pintaron la cara diferente pero se sigue usando a todos los que se atrevan a denunciar la realidad y a luchar por sus derechos. Esta Ley Maldita se está usando hasta con los menores Mapuche y con otros sectores de la sociedad.  Las huelgas de hambre proliferan por la incapacidad de entender que la democracia, los derechos humanos y una justicia verdadera deben ser para todos y cada uno de los ciudadanos de este país. La salud de los detenidos se deteriora y Gendarmería agrega su propia violencia y falta de cumplimiento en lo que corresponde a su responsabilidad de protegerles su salud y derechos carcelarios. Sumarse a esta represión es inquietante e ilegal. La salud obedece a patrones éticos que no están siendo considerados y en Gendarmería se pretende que “ellos deciden” cuando y a quien llamar para que atiendan a sus presos. Ignorancia y violación de los preceptos éticos van de la mano: Gendarmería tiene la obligación de que esos preceptos sean respetados. La atención de la salud es un derecho inalienable, especialmente en personas a los que no se les ha juzgado y que están presos por el carácter permisivo y abusivo de la Ley Anti-Terrorista.

Una exigencia creciente está ante nosotros: Libertad a todos los detenidos  y derogación de la Ley Anti-Terrorista. Ahora, para terminar con la brutalidad que está ocurriendo. 

Varias declaraciones de organismos de Derechos Humanos (Comisión Ética contra la Tortura, CODEPU, Familiares de los presos políticos y de noticias denuncian estas situaciones: 

• http://radio.uchile.cl/noticias/109441/ ;  
•  http://www.biobiochile.cl/2011/04/06/alejandro-pena-renuncia-a-fiscalia-sur-para-ocupar-alto-cargo-en-ministerio-del-interior.shtml ; 
• http://www.elciudadano.cl/2011/04/06/por-la-libertad-de-todas-y-todos-los-presos-politicos-contra-la-represion-de-la-protesta-social/ 

Carta al Presidente de la Corte Suprema de Justicia por las condenas a los presos mapuche injustamente condenados.

 

Buin, 2 de Abril de 2011

Sr. Milton Juica Arancibia
Presidente de la Corte Suprema de Justicia,

Santiago, Chile

De mi más alta consideración: Sobre la represión sostenida contra el pueblo Mapuche

Respetado Ministro de la Corte Suprema,

Como lo he expresado en varios artículos e intervenciones en que se discute la violación constante de los derechos de los presos políticos mapuche y a quienes se les han violado las más elementales garantías y derechos procesales, me adhiero en forma total a la demanda (anexa) hecha por los detenidos y familiares que exigen la anulación de los juicios a los que fueron sometidos y que sólo por razones políticas, sin demostrar participación ni asociación ilícita, han sido sentenciados con condenas inmorales. Mis impresiones provienen también de haber visitado varias veces los diferentes centros de detención de estos presos, cuyas condiciones son infra-humanas en grado máximo e incompatibles con los principios de justicia más elementales.

Mi impresión como Observador de los Juicios de Cañete coincide con la de muchos observadores chilenos y extranjeros, incluído el de la Defensora Nacional, Paula Vial, de que la Ley Anti-Terrorista LAT no fue ni derogada ni eliminada de sus juicios. Peor, los Juicios Orales fueron llevados adelante bajo el “beneficio” para un Fiscal, Andrés Cruz, profundamente sesgado contra los imputados, a imponer sus condenas y permitía un “fiscal informal”, en el juicio mismo y que representaba a la empresa forestal, en la petición de esas condenas.  Tales conductas abusivas del Ministerio Público están claramente coludidas con los intereses que dañan específicamente al pueblo mapuche en  su medio ambiente, en su espacio vital, su cultura, en el uso de recursos naturales, agua y sobrevivencia económica y, sin duda, del bien más preciado por todo pueblo, su libertad. El carácter de prevaricación de algunos jueces y del sistema fue denunciado por la Magistrada Mireille Fanon Mendès-France, de Francia, con amplia experiencia internacional quien asistiera a los Juicios de Cañete.

Existe una concentración del poder estatal y del gobierno, como objetivo único de su gobierno, los beneficios de un sector de empresarios –nacionales e internacionales que destruyen el medio ambiente y que obtienen ganancia abusivas inmensas- por una parte. Por otra, se mantiene al pueblo Mapuche todo en torno a su defensa de los encarcelamientos y abusos de justicia. Esto permite que el gobierno no negocie los principios que Naciones Unidas y los mismos Mapuche han insistido por décadas (para hablar sólo de los tiempos post-dictadura). Me refiero a sus derechos fundamentales. Los conflictos de intereses, que incluyen hasta al Presidente Piñera, no permiten que se hable de las restituciones de tierras, de recursos para trabajarlas, de los recursos para salud, educación y calidad de vida que deben ser considerados procesos de “discriminación positiva” para una reparación formal, necesaria, urgente y justa.

Dado que los detenidos cumplieron en torno a los dos años de prisión “preventiva” y que esta fue solo conseguida por la LAT, creando además un grado de miseria familiar, a la que se agregan los acosos y violencia contra las familias y niños –de las que hay evidencia y que se ha presentado a nivel internacional- es necesario que la Corte Suprema considere no sólo la anulación definitiva de sus Juicios, sino la libertad incondicional de los presos y que se tomen las medidas de reparación a todos y cada uno de los presos políticos mapuche. Estas medidas deben considerar el enjuiciamiento de  quienes abusaron de sus prerrogativas y han causado tanto daño a las familias, al pueblo mapuche y al país en sus fundamentos cívicos y de relaciones fraternales.

Procede la libertad incondicional porque los juicios orales no aportaron un ápice de evidencia a los montajes denunciados. Demostraron sólo el carácter represivo de un sistema que se quedó en los sueños represivos.

Reciba mis saludos y aprecio más considerados,

 

Dr. José Venturelli B. Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura

Profesor Emérito de Pediatría, Universidad de McMaster

Hamilton, Ontario – Canadá / Domicilio Permanente: Hamilton, Ontario – Canadá / Domicilio secundario: Buin, Chile /

CARTA DE LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS MAPUCHE CONDENADOS

AL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA

Sr. Milton Juica

Presidente de la Corte Suprema de Chile,

Santiago

Los familiares de los presos políticos mapuche enjuiciados recientemente, en la ciudad de Cañete, región del Bío Bío, queremos hacer llegar a Ud. nuestra profunda preocupación por la situación de vulneración sufrida durante todo el desarrollo del proceso judicial y que concluyó, finalmente, con una sentencia condenatoria, razón por la cual nuestros familiares mantienen una huelga de hambre líquida, desde el día 15 de marzo.

Como Ud. sabrá ellos formaron parte del grupo de 34 mapuches que estuvieron más de 80 días en huelga de hambre para pedir, entre otras cosas, que no se les aplicara la ley antiterrorista (18.314), es decir, tener la posibilidad de un juicio justo. Sin embargo, pese al acuerdo con el gobierno, entre los meses de noviembre y febrero se desarrolló un juicio oral en contra de 18 comuneros mapuche, a quienes se les aplicó dicha normativa por parte del Ministerio Público y los querellantes particulares: empresas forestales y representantes del gobierno, éstos últimos a través de su adhesión a todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, incluyendo a los testigos secretos que la ley antiterrorista faculta.

En la sentencia condenatoria conocida el día 22 de marzo, los miembros del Tribunal Oral en lo Penal, los Sres. Carlos Muñoz y Jorge Díaz, expresaron haber formado su convicción de la supuesta participación en los hechos investigados y juzgados principalmente a través del testimonio de un testigo secreto (denominado “testigo Nº26”). Sin embargo, en la sentencia se rechazó la calificación de terrorista de los hechos, lo cual resulta una evidente contradicción.

Una situación alarmante es que los Sres. Jueces consideraron en su sentencia el “testimonio de oídas” de un policía de investigaciones quien habría escuchado la declaración “voluntaria” de uno de nuestros familiares (igualmente imputado y condenado), quien supuestamente se habría auto inculpado e incriminado a otros comuneros mapuche. Al respecto, queremos insistir que este hecho fue denunciado ante la justicia y la opinión pública, pues dicha declaración fue obtenida bajo tortura constando con la certificación médica de las lesiones producidas. Sin embargo, en un hecho sin precedentes, la Fiscalía de Temuco decidió no perseverar la querella, archivando la causa, y no investigando los graves hechos de tortura denunciados por el comunero mapuche.

Por otra parte, la aberración jurídica más grande la constituyó el hecho del doble juzgamiento al que fueron sometidos nuestros familiares, quienes por el mismo hecho fueron procesados por la justicia civil y militar al mismo tiempo. A pesar de que el Juzgado Militar de Valdivia, el 16 de diciembre de 2010, resolvió absolver a nuestros familiares por no encontrar creditados los hechos investigados. Actualmente la causa se encuentra radicada en la Corte de Apelaciones de Concepción, sin que se tenga conocimiento de cuál será su siguiente tramitación. Nos produce consternación la situación de que si el fallo absolutorio no fuera ratificado y tuviera un retroceso, es decir, volviera a procesar a cada uno de nuestros familiares se generaría de este modo, nuevamente, un doble juzgamiento, ya que este mismo hecho fue visto, juzgado y absuelto por la Justicia Militar, y ahora juzgado y condenado por  en el Tribunal de Cañete.

Ud. tendrá conocimiento que el Estado chileno ha recibido un informe por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre del 2010, en el cual se constata la violación de los derechos humanos de los dirigentes y miembros del pueblo mapuche que han sido juzgados y condenados mediante la Ley 18.314, particularmente por el uso de testigos “sin rostro” (Informe CIDH 176/10). Hoy el Estado arriesga una condena internacional por parte de un Tribunal Internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no puede ser sino motivo de preocupación para esta Excelentísima Corte.

Nuestros familiares, todos ellos luchadores sociales de nuestro pueblo, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman, Jonathan Huillical Méndez fueron condenados a 20 años de prisión y Héctor Llaitul Carrillanca a 25 años. Estamos convencidos de que fueron vulnerados derechos garantizados por la constitución, estos son: un debido proceso y un juicio justo.

Por lo tanto, demandamos la nulidad del juicio y la realización de un nuevo juicio con un tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista. Además, exigimos la ratificación inmediata de la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Militar de Valdivia.

Queremos presentar además a Ud. algunas de las personas y organizaciones que nos acompañan en esta petición de justicia y se solidarizan con nuestro justo reclamo.

Atentamente,

Familiares de los Presos Políticos Mapuche condenados en Cañete.

31 DE MARZO DE 2011