Los poderosos con su Estado y el juicio de los condenados de la tierra.

José Venturelli, Vocero Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura, en Cañete 22/09/2011

Desde Cañete, a pocas horas del veredicto de los Juicios Orales contra 17 presos políticos mapuche

El Estado y gobierno persiguen a los presos políticos mapuche y no consiguen demostrar ninguna de las acusaciones: ninguna confirma una asociación ilícita ni intencionalidad y, menos aún, organización terrorista. Las violaciones de los derechos de los detenidos –que el código penal mundial y hasta el chileno exigen- fueron constantes como para invalidar totalmente el juicio. Al final no tienen nada, salvo el odio y la persecución política, para condenar a nadie. Pero siguen pidiendo las mismas penas demenciales y abusivas. El juicio ha sido una farsa llena de montajes sin evidencia alguna. Investigaciones mal hechas y dirigidas de forma fundamentalista y politizada contra el pueblo mapuche. El Estado y el gobierno no respetan ni la ley ni los convenios internacionales que exigen respetar los derechos de los pueblos indígenas, promover su equidad pero prefieren seguir un camino fanático, racista y represivo para condenar a todos los que puedan. Aunque no sea cierto.

Mientras tanto: los criminales conocidos contra el pueblo mapuche, Walter Ramirez, asesino de Matías Catrileo (por orden de sus superiores para poder matar a discreción), o los de Alex Lemun o Mendoza Collío y varios otros siguen muy bien, gracias. ¿Es esta justicia? Ramírez, quien fuera llevado para esconderlo, a Coyaique, fue funado ayer en esa ciudad. Debe saberse, sin embargo, que el pueblo decidió hace mucho tiempo que No habrá olvido y que la justicia debe ser llevada adelante.

Mientras el estado siga preocupado de las ganancias de sus empresarios, del dinero y no de las personas ni del medio ambiente, nada podrá cambiar. El sistema represivo está para mantener este estado de cosas. Para muestra: un presidente que es un magnate, que tiene él mismo un conflicto grave con el pueblo mapuche-huilliche, en Chiloé, donde "compró de modo especulativo 90.000 hectáreas de tierras probadas mapuche de Tantauco, por $25,000 (pesos) la hectárea. Nada ha dicho sobre su violación de los convenios internacionales ni de la justa demanda del pueblo mapuche de recuperar sus tierras ancestrales. Promete, pero sigue en su histórica actitud de los financistas, que nunca son inocentes. Mientras tanto, el "Parque Tantauco” es publicitado en las estaciones del Metro (Metro Universidad de Chile) para que suban los precios y venderlas, como se estila, con enormes ganancias.

La coherencia es total: Una política para mantener el saqueo del país y su destrucción ecológica, la protección de tierras mal habidas en la que el Ministerio Público, de claro corte facistoide, y la represión siempre presente, intentan reinar por sobre los pueblos, la ley y los tratados internacionales. El silencio presidencial, por supuesto otorga... Podemos agregar los casos de Caimanes del grupo Luksic, para que no se olvide.

En Lleu-Lleu, Arauco, tiene tierras mapuche el millonario Farkas -sí, el mismo que regala billetes- quien tiene avanzada la explotación de una mina de Litio que está bajo el lago Lleu-Lleu. Con eso se destruye una zona muy importante de agua. Hay que mencionar que toda la zona, que visité, está totalmente dañada por los bosques de pino y eucaliptos de Mininco (y de otros dueños del país) y que se seca. Se acidifican las tierras y aumentan el daño y miseria de los pueblos de la zona. Perder el agua tendrá repercusiones previsibles. Esta maniobra empresarial, junto con las hechas por Mininco, que se queja de pérdidas de madera que está sobre tierras que no son suyas por haber sido obtenidos de forma ilegítima e ilegal pero "refrendada por el poder y la represión" (tienen un abogado querellante durante todo el juicio contra los PPM's y, junto con el fiscal Cruz, exigen penas inmorales y que resultan de su mentalidades afiebradas y protectoras, no de la ley que ellos si violan, sino de la avaricia. Presiones como estas llevaron a los 17 comuneros a la cárcel… y a que Carabineros acribillara a Rodrigo Cisternas en mayo del 2007, un crimen aún impune.

La coherencia es total: Una política para mantener el saqueo del país, la destrucción ecológica del país, la protección por el "independiente" Ministerio Público de esas tierras mal habidas, y la represión: juntos intentan reinar por sobre los pueblos, la ley y los tratados internacionales. El silencio presidencial, por supuesto, otorga...

Nota para recordar la historia. En la zona de Lleu-Lleu, el gobierno de Allende retornó tierras (compradas por CORA) hizo un convenio con las comunidades Mapuche y se plantaron pinos y eucaliptos en un proyecto de trabajo y mejoramiento de ingresos (no con la intención de transformar toda esta región en un peladero cada día peor -ver film Nguenen: el Engaño”) . La dictadura y los años que siguieron de “gobiernos dizque democráticos” entraron por la fuerza, confiscaron las tierras que dieron a antiguos dueños o a las forestales de los grandes. Estos cortaron los bosques como propios para iniciar la maniobra de tierra razada típica de las industriales forestales y productoras de celulosa. ¿Y se sorprenden que las comunidades mapuche protesten? Hoy exigen la represión: el negocio es demasiado bueno para dejarlo perderse. Y el Presidente es sensible a esa música, sabemos. El Ministerio Público simplemente, hace lo que le ordenaron hacer, con una Constitución cortada a la medida de un país de mentiras e injusticias certificadas. En este país tan chauvinista, del escudo chileno, bastante amatonado de por sí, podemos ver que le han quitado “la razón” y sólo practican el “por la… fuerza”, en actos repetidos de atropellos seudo-legales.

El veredicto se viene y, bueno, ya veremos: no va a cambiar la tendencia histórica en lo inmediato, de seguro. Ni la decisión de que justicia sea hecha, para todos.

Los Juicios Orales de los presos Mapuche en Cañete llegan al fin. ¿Se impondrá la justicia?

Hoy asistí a las presentaciones hechas hoy por los abogados Victoria Fariña y Pablo Ortega en el Juicio Oral de los 17 presos políticos Mapuche, en Cañete. Ayer fueron escuchadas las de los abogados Nelson Miranda y Adolfo Montiel. Los Defensores públicos lo habían hecho el Miércoles. Los defensores, desde varios puntos de vista logran llegar a una misma conclusión, y con evidencias de apoyo, tienen el detalle de las razones que permiten demostrar que las acusaciones son totalmente viciadas, ausentes de evidencias, que han sido llevadas adelante en forma ilegal. Sí, ilegal. Incluso en los términos de la ley chilena que aún no puede tipificarse como la de una Constitución democrática. Se han demostrado con claridad indiscutible los antecedentes de estas violaciones que invalidan este juicio costoso, abusivo y donde se hizo gala de gastos y pretensiones seudo-judiciales que nunca lograron ser parte del debido proceso prometido por el gobierno al momento del fin de la huelga de hambre por los presos políticos mapuche. Los detenidos, en muchos de los casos llevaron dos años presos en condiciones carcelarias deplorables. Sus celdas, que visité varias veces, son inhumanas y en ellas solo se puede reconocer que el estado ha mantenido una situación de tortura permanente. Esto es tipificado como forma de tortura cuando los acusados son perjudicados por el sistema judicial, cuando sus acusaciones son injustas y por razones políticas y que se les amenaza con sentencias que llegan a más de un siglo en un caso y en muchos suben a varias décadas. Cuando la injusticia es de esta magnitud y no se ven ni siquiera se ven posibilidades de ser liberados, esto es tortura. En este contexto la defensa de los detenidos Mapuche muestra verdades que deben hacernos reflexionar para exigir verdaderas formas democráticas para todos y no el racismo y sesgo que hemos observado.

Los abogados piden en forma muy clara la absolución de sus defendidos.

Entre las muchas violaciones al derecho penal que cometió el Ministerio Público mediante sus fiscales esta el uso del principio legal del Derecho Penal del Enemigo: (El enemigo es el pueblo mapuche…!)

1. Se niega presunción de principio de inocencia: es decir, no ser culpado sin evidencia probatoria porque si no hay culpa no hay castigo. 

2. Se vulneró el Debido Proceso: hubo irregularidades de todo tipo, incluyendo testigos protegidos, uso de funcionarios de la Policía y del Ministerio Público así como el uso de "victimas" como testigos, todos ellos explícitamente prohibidos en el código penal chileno. Esos testigos deberían haberse inhabilitado como testigos. La participación del mismo Fiscal Mario Elgueta que también violó otros principios como el de arrogarse él la investigación de lo casos cuando él era supuesta víctima y funcionario del Ministerio. Por improcedente e ilegal sus testimonios son inaceptables. Los fiscales no pueden ser citados a declarar por el rol que cumplen. Sus declaraciones no pueden tener valor probatorio en nada de lo que hayan declarado.

3. Se vulneró el principio de tipicidad en el que las acusaciones eran comparadas con ciertas acusaciones históricas y esas, una vez definidas arbitrariamente como terroristas eran entonces consideradas terroristas. Por extensión estos acusados que nunca fueron vistos en los delitos, a los que nunca se les demostró el cuerpo del delito, que no tuvieron derechos procesales respetados no pueden ser sino absueltos completamente de las acusaciones. El principio de reparación para estos detenidos deberá considerarse seriamente por el daño que se les ha hecho, a sus familias y al pueblo Mapuche.

Se demostró que fuera de la ilegalidad de los juicios hubo ausencia de delitos y que sin delitos ni participación demostrada no puede haber crímen. Los testigos usados eran groseramente inadecuados: una persona sorda que demostró ser sorda en el tribunal acusaba de haber oído a uno de los acusados -a quienes no conocía ni había visto- avisando a una distancia de 40-50 metros a sus supuestos cómplices (tampoco positivamente identificados). No se presentaron evidencias y no demostraron delito, ni participación. No pudieron demostrar daño específico de los supuestos delitos que se les atribuían.

Las acusaciones presentadas de este modo improcedentes han sido de todos modos consideradas por el Fiscal como terroristas y de asociación ilícita con penas totalmente improcedentes y exageradas. Se mencionó que la Corte Suprema de Chile, cuando en el año 2009 estableció los juicios a la DINA estableció que las múltiples, persistentes y gravísimas violaciones comprobadas cometidas por esa entidad nunca habrían sido terroristas sino que simplemente de asociación ilícita. Las sentencias pedidas contras los miembros de la DINA son sólo fracciones de las que se solicitan hoy contra los presos políticos mapuche. Estos juicios contra el pueblo mapuche pueden definirse como una vergüenza.

Con pruebas contextuales el Ministerio Público ha buscado producir prejuicio y perjuicio a los detenidos alterando su situación desde la partida.   Se trató de intimidar de manera que el imputado no se atreviese ni a defenderse. Así no se cumplen los tratados legales. El derecho penal no solo debe ser objetivo en lo penal sino que debe también asegurar el respeto de los derechos del imputado. El Ministerio Público inventó un delito (Homicidio frustrado terrorista) y al hacerlo vulneró el principio tipicidad ya mencionado.

Se mencionó que Héctor Llaitul de los últimos 10 años ha pasado 5 en la cárcel y los otros siempre amenazado, con su vida intervenida. Todo esto solamente por sus ideas.  

En resumen:

¡Como no hay delito ni objetivo ilegitimo demostrable es lógico entonces aceptar que nunca hubo asociación ilícita!

Sin delitos probados, sin participación demostrada, sin juicios en que se hubiese demostrado respeto por el debido proceso, con los abusos de violencia a los acusados y a sus familias, con todas las ilegalidades del ministerio no han sido capaces de demostrar culpabilidad. Por ello TODOS LOS PRESOS DEBEN SER ABSUELTOS.

El Juicio Oral continuará el Lunes 21 con la réplica de los querellantes y un tiempo de adicional para la defensa. El Martes 18 se debe entregar un veredicto por los jueces. De ser declarados culpables la sentencia debe ser entregada un mes después del veredicto. Compleja situación en un país donde el Ministerio Público no pudo demostrar en el juicio más largo de su historia, y en el que no se demostró delito ni culpables y donde las asociaciones ilícitas sólo fueron cometidas por el sistema estatal y donde el terrorismo fue siempre el del Estado. Los veredictos ahora quedan en el campo de que si se respetan por parte del estado y del muy débil sistema judicial los principios legales, los derechos humanos del pueblo mapuche sólo deberían ser absueltos todos los detenidos Desafío inmenso para el gobierno y para un sistema de justicia que ha sido considerado por los observatorios internacionales como el de típicos prevaricadores. Quienes cometieron estas groseras violaciones deberán ser ellos mismos juzgados.

Desde Cañete,

José Venturelli, Pediatra
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura  CECT-SE
Asistiendo como observador Internacional a los Juicios de Cañete.

La estrategias del gobierno y del Estado chileno no cambian frente al abuso contra el pueblo Mapuche.

 La sentencia debe ser entregada el jueves 17 de febrero en lo que es el Juicio Oral más largo de Chile. La justicia chilena, en la forma como se ha hecho, es tan absurda y ajena a lo que se debe, que podemos esperar que va a persistir la política de mantener a los dirigentes presos de modo prolongado.

Siguen usando la puerta giratoria (detenciones repetidas, por lo que se les antoje, con montajes, mentiras, brutalidad, etc) y así mantienen a los dirigentes importantes fuera de circulación. por largos períodos. En este ciclo que está terminando en Cañete, vemos que la conducta del Ministerio y del Gobierno es deplorable. La parodia de Justicia ha sido tal que los Observadores Internacionales han concluido que los jueces y fiscales actúan como prevaricadores que engañan y abusan de su poder sin contribuir para nada a las normas fundamentales de justicia. (Jurista francesa, Mireille Fanon)

El Estado no muestra signo alguno de querer negociar de manera seria, madura, democrática y responsable los temas claves que ha presentado el pueblo mapuche. Los conflictos de interés, por las ganancias enormes que sacan de la usurpación de tierras y atropellos al pueblo mapuche, bloquean el avance (ver nota).

La noticia-opinión de Wichan al día, que sigue al fin de este comentario, es interesante. Se anuncian mayores problemas por la irresponsabilidad del gobierno y su persistencia en no respetar las instancias legales mundiales, la Convención 169 de la OIT y la lista vergonzosa de promesas hechas por este prometedor incansable que usa el sistema en beneficio personal y en el de sus asociados en el abuso a un país entero. (Esto toca todas las áreas: salud, educación, minería, forestales, el agua que se ha privatizado y se usa de modo fraudolento aunque le cargan la mano al pueblo con las medidas restrictivas y que no tocan a los que sacan millones de litros de agua por hora en sus operaciones mineras y de las que Ministro de Minería es parte culpable por omisión, por lo menos, energía, gas…)

Quienes mantienen una postura por la democracia y la Justicia deben identificar su rechazo a esta situación y exigir libertad incondicional del pueblo mapuche por luchar por sus derechos fundamentales, avalados por la justicia internacional y los principios de las Naciones Unidas sobre los pueblos originarios. Es un circo de encarcelamiento. No olvidemos que los presos son mantenidos en condiciones inhumanas que hemos comprobado y que se pueden tipificar como tortura en las definiciones de lo que tortura es. Las puertas giratorias quieren usarlas eternamente y creen que se puede hacer sin gasto político porque se hace contra los excluídos de nuestra tierra debe terminar. Todos somos parte de que esto cambie. Porque mientras esto no cambie el daño al pueblo mapuche, a sus comunidades, menores, ancianos, cultura, derechos siguen adelante y no se lo puede seguir tapando con la farándula ni con el dedo ni la represión.

José Venturelli, Pediatra
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura  CECT-SE

13 de febrero 2011, Desde Chile.

NOTA: Un ejemplo de conflicto de estas violaciones: Quienes entren a la Estación Universidad de Chile pueden ver que hay un gran anuncio del Parque Tantauco, como mravailla de la Naturaleza... El Presidente Piñera hace su campaña comercial sobre esas tierras que, dice, "compró" (claro que en forma especulativa a US$50 por hectárea y a sabiendas que eran tierras mapuche. Es decir hizo un acto ilegal e ilegítimo, como sucede frecuentemente en las especulaciones financieras) El próximo paso será luego, venderlas de modo especulativo, buscando grandes ganancias, como siempre. Esa ha sido su única contribución de sus negocios: especular. Por eso no quiere hablar del grave problema de las tierras. Pero el impacto político y humano en la política del país no lo quiere ver. Busca distraer la atención en más viajes, con reyes y hasta con el Papa...

Wichan Info al Día <infoaldiawichan@gmail.com>
Date: 2011/2/14
GOBIERNO CHILENO ENTRE LA ESPADA Y LA PARED …O SE ABSUELVE, O SE CONDENA POR LEY ANTITERRORISTA

En su parte final está el Juicio Oral que se lleva en Cañete en contra de 17 comuneros mapuche.

La estrategia de la Defensa, finalmente, se centró en entregar antecedentes de contexto referidas a la historia y cosmovisión mapuche, la que fue abordada por intelectuales y autoridades tradicionales, así como con la declaración del dirigente de la Comunidad de Choque Ramón Llanquileo, quien reivindicó la lucha histórica de su comunidad y el derecho de ésta sobre las tierras ocupadas hoy por las forestales. Puesto, que  fue innecesario demostrar coartadas, porque la acusación presentada por el Ministerio Público careció de fundamentos, en tanto, que las pruebas fueron, evidentemente, débiles y viciadas por lo que no mereció mayores descargos.

Podemos asegurar que nos encontramos frente a un juicio claramente irregular y viciado, basado en el falso testimonio de  “testigos sin rostro”, algunos de ellos ex imputados,  y en “testigos de oídas”, estos últimos,  carabineros, PDI y guardias de empresas forestales.

Otro hecho, de extrema gravedad, es que ha quedado de manifiesto que algunos de estos “testigos” tienen muchas más responsabilidades delictivas, en los hechos que se imputan,  que cualquiera de los acusados.  Por ejemplo, un “testigo secreto” que reconoció frente al Tribunal,  haber sustraído madera nombró, además,  a varios compradores de madera robada, incluyendo a ex miembros de carabineros,  pero estos jamás fueron investigados.

Estos antecedentes sólo dan  cuenta de una realidad que desde un principio hemos venido planteando, y que es que este proceso y juicio está claramente direccionado hacia algunas personas, hacia los militantes de la CAM.

Dicha direccionalidad se va dando desde las primeras etapas de la investigación, cuando la Fiscalía deja de perseverar en la acusación contra  algunos comuneros, dejándolos en libertad, y transformándolos en informantes o “testigos secretos”.  Otros en tanto, rechazaron dicha utilización por lo que fueron imputados y se encuentran actualmente encarcelados.  Todas estas maniobras fueron realizadas en el marco de la mal llamada Reformalización,  realizada en Marzo del 2010.

Pero las cartas ya están echadas y el escenario para el veredicto está claro, si el Tribunal Oral condena,  está obligado a hacerlo sobre la base de la Ley Antiterrorista, es decir,  validando el testimonio de los “testigos secretos”.  Lo que pone en aprietos al Gobierno Chileno frente a los compromisos adquiridos y frente a su imagen internacional.  Sobre todo, en estos momentos, en que el Estado Chileno debe responder a la Corte Interamericana de DDHH por la aplicación de la Ley Antiterrorista en el caso Poluco-Pidenco, Loncos y Ancalaf.

LA CAIDA DE LA TEORIA DE LA ACUSACION

Como se sabe el Juicio Oral de Cañete no es más que  judicialización y criminalización de la lucha mapuche, es decir,  es la expresión judicial de la persecución política al movimiento mapuche evidentemente direccionada, nuevamente, a castigar a la CAM.  Por este motivo ha existido  solo una línea investigativa, apuntada al logro de este objetivo político que es el desgaste, aislamiento y finalmente, el aniquilamiento de la CAM.

El centro del montaje es la llamada “emboscada al Fiscal Elgueta”, operación de inteligencia en la cual se encuentran involucrados dicho  Fiscal, quien viajó a Estados Unidos a recibir adiestramiento de parte del FBI, el Ministerio Publico y la PDI, contando con el apoyo mediático  de la prensa derechista y fascista, principalmente, del diario El Mercurio y sus expresiones regionales y también de Canal 13 de TV, a través del Programa Contacto.

No obstante, durante el desarrollo del Juicio Oral, dada las contradicciones de los  peritajes técnicos y por las declaraciones de los carabineros que eran parte de la caravana aquella noche,  y de sus jefaturas, quedó de manifiesto que dicha emboscada nunca existió. Esto se suma a lo absurdo que significa realizar una “emboscada de aniquilamiento” al interior de una comunidad mapuche y a metros de las viviendas de los comuneros.

La Fiscalía elaboró este montaje para poder dar un golpe definitivo a la CAM, es decir, justificando la existencia de una organización terrorista o Asociación Ilícita Terrorista, la cual debía cumplir con una serie de requisitos para que fuese legalmente considerada como tal (estructura, liderazgo, financiamiento, permanencia en el tiempo, etc.). Por este motivo realizó la Reformalizacion en Marzo del 2010,  incorporando  hechos de violencia ocurridos desde el año 2003 al 2009, cuestión que finalmente se dio vuelta contra ellos.

Para demostrar que esta organización tenía financiamiento para funcionar, crearon la Asociación Ilícita para el robo de madera,  una verdadera mafia con fines de lucro, a la cual se le responsabilizó del robo de madera de miles de hectáreas forestales, en diferentes predios,  cuyas ganancias fueron de, aproximadamente, 2.000.000 de dólares  y que operó durante los mismos años.

Efectivamente, esta organización terrorista y mafia para el robo de madera, no resiste análisis.  Las contradicciones fueron surgiendo una a una, puesto que les fue imposible manejar todas las variables existentes durante estos seis años, finalmente, su Reformalizacion resultó un fiasco y más temprano que tarde significó su derrota.

Cabe recalcar que los cinco militantes de la CAM, los cuales continúan doblemente juzgados por los mismos hechos (Corte de Apelaciones de Concepción), resulta que nunca estuvieron en dicha zona durante esos años.

Como señaláramos, anteriormente, Jonathan Huillical estudiaba en el Liceo de Lonquimay;  Luis Menares Chanilao terminaba su enseñanza media en el Liceo de Chol Chol,  realizó su practica y trabajó en Temuco; José Huenuche estaba casado y trabajando en Cañete;  Ramón Llanquileo vivía en Traiguen y luego,  estuvo cerca de dos años en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, compartiendo experiencias con otros pueblos originarios; en tanto, que Héctor LLaitul estaba el año 2003 y 2004 detenido en la cárcel de Temuco y en El Manzano de Concepción, luego clandestino y nuevamente,  preso desde el año 2007 al 2008 en las cárceles de Temuco y Angol.

Sin embargo,  así como se planteo la Acusación de parte del Ministerio Público, en  este Juicio Oral no puede haber un resultado intermedio, es blanco o es negro, se absuelve o se condena por la Ley Antiterrorista.

Wichan Info al Día <infoaldiawichan@gmail.com>

Justicia (¿al fin?), para el pueblo Mapuche... ¿Y reparación, también?

¿Como podemos ser parte de la justicia?

José Venturelli,       Santiago, Chile – 12 febrero 2011

Una buena historia es la que nos llega en el material de Taller Cicatriz (ver al final resumen y sitios adicionales, video incluido), que muestra como se van desarrollando ciertas etapas en los juicios contra el pueblo mapuche. La vergüenza de los Juicios Orales de Cañete ha sido muy reveladora. Lo que vemos ahora es parte de esta discusión. Las audiencias en Temuco van mostrando una tendencia interesante pero que debemos mirar de modo crítico. Juicios y sentencias se vienen y el poder se mantiene hermético.

Las luchas históricas del pueblo Mapuche han sido siempre reprimidas y debemos cuidarnos de caer en el triunfalismo... Esto no quiere decir que lo que escuchaos y vemos ahora no sean logros de las luchas del pueblo Mapuche (y que con frecuencia han llevado a promesas incumplidas). Pero, como siempre: el Estado llega muy tarde y entrega demasiado poco: el mínimo para persistir en ventajismo rutinario. Su carácter clasista y defensor de los sectores que se hicieron de tierras y riquezas que no les pertenecía persiste. Para hacerlo, usaron todo tipo de herramientas, especialmente las leyes y las fuerzas represivas que han violentado al pueblo e impuesto cárcel, tortura, abusos, miseria, inequidad, sufrimientos y muertes que han seguido quedando impunes.

Es tiempo de recapacitar y poner los términos de referencia en la que el mismo pueblo mapuche las ha puesto en sus luchas justas y democráticas. Especialmente en su huelga de hambre que ha sido un ejemplo de compromiso y de valentía. Mostraron que el “derecho a tener derechos” es algo que nunca debe ser dejado de lado. Chile lo está entendiendo. Y no han aceptado la persecución de menores a los que también se les ha torturado. El mundo esto lo sabe: los informes han sido entregados a organismos legales internacionales y a Naciones Unidas.

Por ello se les debe devolver su libertad sin condiciones, especialmente cuando en los juicios se ha comprobado que la "justicia del Estado chileno" fue manipulada. Se debe reparar el daño que se les ha hecho en su vida, en su formación mediante la violencia y amenazas contra sus familias.

El tiempo en las cárceles inhumanas y el trato violento, con tortura, con persecución de las familias no será olvidado. El Estado, si llega a tener algo de ética debe impedir que vuelva a suceder y debe implementar medidas de prevención. Son muchas pero, para ponernos en perspectiva debe incluir, por lo menos, inicialmente:

1.     Impedir que a los niveles locales se hagan asaltos contra las comunidades con violencia inusitada. Quien de la orden debe ser responsable y plausible de ser llevado a juicio por daño y violencia indebida. Esto debe ser formulado como ley y reglamentos vinculantes para el gobierno y para las fuerzas policiales y militares que son usadas en la represión.

2.     La policía no debe estar al servicio de privados, como es el caso de latifundistas en la zona de Temucuicui ni de cualquier otro empresario (industria de la celulosa, agua, hidroeléctricas, etc)  a los que se les antoje reprimir llevando a violencia, incluso a muertes que siguen impunes. (Lleu-Lleu, Munko, Cunco y otros)

3.     El estado deberá negociar directamente con los líderes mapuche sobre las demandas hechas por los presos políticos mapuche y sus comunidades:

o   Implementar a todos los niveles el Convenio 169 de la OIT que, precisamente, si es respetado,  va a prevenir los conflictos de tipo represivo, racista y de exclusión socio-económico que hemos visto en Chile.

o   Mejoramiento (con discriminación positiva, es decir, aumentar el valor y la calidad de los programas al pueblo mapuche) en todos los aspectos humanos: salud, educación, vivienda, infancia y adultos mayores, empleo, pensiones de vejez y desempleo, problemas de agua y basura, formación profesional y apoyo para el trabajo eficiente del agro. Y tantos otros.

o   Hacer justicia y juzgar a quienes han sido parte de abusos contra el pueblo Mapuche. Los que los ordenaron deben ser incluidos.

4.       Establecer sistemas de participación y de leyes en los que ellos participen y que se den en un contexto que permita democratizar sus vidas en sus términos. Esto, debe ser parte de una demanda nacional que debe corresponder a la formulación de una Nueva Constitución: Democrática, participativa y ética, donde el ser humano sea el centro de su quehacer y las ganancias de los sectores empresariales que han aumentado la inequidad en los 20 años post-dictadura no lo sean. Es decir, hacer un país más humano, capaz de corregir sus errores.

5.     Esto implica fin al uso de leyes anti-terroristas que son de carácter anti-democrático, injustificables, discriminatoria  y que son aplicadas sólo en defensa de los sectores que se creen dueños del país y de su futuro.

6.     Fin del uso de una Justicia Militar que no tiene razón de ser (impresión también del Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica) y que sólo permite reprimir de modo más brutal y asegurar la impunidad de los crímenes cometidos.

Las condiciones mencionadas, que no son excluyentes de otros aspectos que se deberán ir dando - por ejemplo, control por los mismos pueblos originarios de sus propias estructuras administrativas, policiales y judiciales, como se viene haciendo en otros países - deben estar abiertas al diálogo según las propuestas que se vayan dando en un trato de respeto y justicia para todos.

La apertura del diálogo va a implicar que los conflictos de interés existentes, en los que tierras, bosques, ríos, mar, minas, etc, deberán ser enfrentados con responsabilidad y justicia. Esto implica, entre otras cosas, por ejemplo, incluir los conflictos del mismo presidente en lugares como Tantauco, Chiloé, donde tiene tierras malhabidas y basado en ventajas inaceptables con la transparencia y ética que se pretende. Sólo con el ejemplo puede un gobierno y sus gobernantes mostrar una cara democrática. Los que han sido los “condenados de la tierra” ya no pueden ni seguirán siéndolo para siempre.

Chile se abre a un nuevo camino si se cumplen las promesas de los gobiernos y los convenios internacionales que son ley de esta tierra y que deberán cumplirse. Todos los sectores, personas, parlamentarios, y cada uno de nosotros debe identificar que cada persona tiene un papel en la búsqueda de la justicia social y la equidad. El pueblo mapuche avanza en su unidad y en su capacidad negociadora. Todos debemos ayudar a que esta oportunidad histórica no nos pase por el lado porque seguimos preocupados con agendas mercenarias heredadas de la dictadura.

José Venturelli, Pediatra
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura  CECT-SE

Información recibida de varias fuentes informativas mapuche, entre ellas, Wichan al día, Mapuexpress (http://www.mapuexpress.net/ ) y del Taller Cicatriz www.discoscicatriz.blogspot.com  LINK PARA EL VIDEO: http://www.vimeo.com/19855219

Wall- mapuche, hoy viernes 11 de febrero de 2011, a las 9 de la mañana comenzó en la corte de Apelaciones de la Ciudad de Temuco, los alegatos de cambio de medida cautelar de prisión preventiva que pesaba desde hace mas 1 año y medio en contra de los hermanos Felipe Huenchullan, Camilo Tori, Víctor Queipul Millanao, Jose Queipul Huaiquil, Luis Marileo y Cristian Cayupan miembros de las comunidades mapuche de Temucuicui autónoma y cacique José Guiñon, preso en las cárceles Angol, Cholchol y Temuco. Tomando en consideración las contundentes pruebas que demuestran la verdadera inocencia de los hermanos, la Corte de Apelación de Temuco revoco la medida cautelar de prisión preventiva por la libertad.

Los Juicios injustos de Chile: un reflejo de su historia reciente.

En un artículo reciente - http://radio.uchile.cl/noticias/101283/ - Vivian Lavín discute la persecución en contra de Víctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Indica una verdad que el estado chileno esconde y cuyas bases manipula para mantener la represión contra el pueblo Mapuche. Los juicios basados en montaje han seguido y Chile aparece a nivel mundial como la antítesis de una verdadera justicia. Los múltiples artículos y vídeos que existen en los medios alternativos son evidencia de que la justicia en Chile debe ser respetada y que una nueva Constitución es fundamental para pretender que somos un país democrático.
Les envío copia de una carta abierta que incluyo [y de la que he enviado copia a los más amplios sectores sociales chilenos y de grupos de DDHH's en Chile y el extranjero.]

Señores,
Sebastián Piñera, Presidente de la República de Chile,
"Sr. Felipe Bulnes Serrano", Ministro de Justicia
"Patricio Powell -Cónsul General de Chile"
"Sr Roberto Ibarra G - Embajador de Chile"
"Chilenos en Quebec"
"Gastón Ancelovici"
"Protach Canadá",
"Sol Media Canada"

De mi más alta consideración,
Para que el cuerpo diplomático tenga alguna información distinta de los montajes del Ministerio Público, me permito hacerles llegar esta información de familiares, medios de comunicaciones alternativos (Chile, es conocido, no respeta la plena libertad de informar y de ser informado) y de personas/grupos de defensa de los presos políticos mapuche. Sus juicios Orales en Cañete se hacen en forma sesgada y al margen de cualquier justicia que se aprecie de ser legítima y acorde con los patrones mundiales de Justicia. El Presidente Sebastián Piñera y su gobierno prometieron justicia, trato humano y respeto a sus derechos fundamentales a los huelguistas de hambre. Pero nada de eso fue cumplido.

En comunicaciones anteriores les he expresado mi experiencia directa de haber visitado a los presos políticos mapuche en las cárceles y de ver directamente las deplorables condiciones en las que se les mantiene y que no cumplen con las más mínimas condiciones humanas. Llevan más de un año y medio sin ser procesados adecuadamente y, cuando se les enjuicia, no hay debido proceso y sus juicios son un insulto a la verdad y a los principios humanos más elementales.

Les ruego, al igual que las personas que apoyan la defensa de los derechos humanos del pueblo Mapuche desde Chile y acá, en Canadá, que informen al público canadiense y a las autoridades canadienses de esta nueva información que sí se basa en evidencia. Es decir, pido que cumpliendo con lo que es su función como diplomáticos entreguen información de las distintas partes de este conflicto represivo que mantiene el estado de Chile con el pueblo Mapuche. La información entregada en Septiembre del 2010, tanto por la Embajada Chilena en Ottawa y por el Consulado General de Toronto, durante la huelga de hambre de los presos políticos, ha quedado claro que no eran sino resúmenes de montajes y justificaciones represivas conocidas. La declaración hecha entonces de que Chile es un país con justicia transparente y que garantiza Juicios Justos, es muy claro que nadie lo puede creer: la evidencia es contraria a eso. (Ver artículo de Lucía Sepúlveda sobre Declaraciones de Jurista francesa Mireille Fanon, observadora internacional a los Juicios de Cañete).

Los materiales que van en este correo incluyen un vídeo y varios artículos, que incluye uno de Juan Pablo Cárdenas, Director de Radio Universidad de Chile y uno de los periodistas más prestigiosos del país. También el artículo de Lucía Sepúlveda que va en anexo.

Dado que ustedes son representantes de Chile espero esta información la hagan llegar a quienes corresponde en Canadá.

Agradece y saluda respetuosamente,

Dr. José Venturelli,
Profesor Emérito de Pediatría, Universidad de McMaster - Canadá
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura CECT-SE
Miembro, Grupo Ontario por los Derechos Humanos y Solidaridad con el Pueblo Mapuche

Incluyo
1) 01-02-2011 - Video sobre Juicio de Cañete a 17 PPM - Enero 2011 que se encuentra en sitio de Mapuexpress: http://mapuexpress.net/?act=publications&id=4694

2) Jurista Mireille Fanon acusa: “Juez de Cañete incurre en prevaricación y abuso de poder” http://periodismosanador.blogspot.com/2011/01/jurista-mireille-fanon-acusa-juez-de.html

Nota: Las direcciones que el gobierno entrega de sus ministros y del mismo Presidente, en muchos casos, son direcciones sin valor alguno: los mensajes “rebotan” y raramente son contestados. Esto es así con este gobierno y con todos los de la Concertación. Las respuestas son la excepción.
ANEXO: Es interesante ver la referencia 16 de Mireille Fanon en lo que se refiere a algunas de las violaciones específicas que se violan en los juicios de Chile y que están en Wichan Info al día: https://mail.google.com/mail/?shva=1#search/infoaldiawichan%40gmail.com/12dc572bcc66de84
16 Violaciones del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos
Artículo 14
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y las cortes de justicia. Toda persona tiene derecho que su causa sea escuchada equitativa y públicamente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, que decidirá lo bien fundado de toda acusación en materia penal dirigida contra ella.
2. Toda persona acusada de una infracción penal es supuestamente inocente hasta que se establezca legalmente su culpabilidad.
3. Toda persona acusada de una infracción penal tiene derecho, en plena igualdad, al menos a las siguientes garantías:

• a) a ser informada, en el plazo más breve posible, en una lengua en la que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de los motivos de la acusación presentada contra ella;
• b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa y a comunicarse con el asesor de su elección;
• c) a ser juzgada sin un retraso excesivo;
• d) a estar presente en el proceso y a defenderse a sí misma o a tener la asistencia de un defensor elegido por ella; si no tiene defensor, a ser informada de su derecho a tener uno y cada vez que lo exija el interés de la justicia, a verse atribuido de oficio un defensor, sin costas, si no tiene los medios de remunerarlo;
• e) a interrogar o a hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparación y el interrogatorio de los testigos de la defensa en las mismas condiciones que los testigos de la acusación;
• f) a hacerse asistir gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia;
• g) a no ser obligada a testificar contra sí misma o a confesarse culpable

5. Toda persona declarada culpable de una infracción tiene derecho a hacer examinar por una jurisdicción superior la declaración de culpabilidad y la condena, conforme a la ley.
6. Cuando una condena penal definitiva es ulteriormente anulada o cuando se concede la gracia porque un nuevo hecho o recientemente revelado demuestra que se ha producido un error judicial, la persona que ha sufrido la pena en razón de esta condena será indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que la no revelación en tiempo útil del hecho desconocido le es imputable en todo o en parte.
7. Nadie puede ser perseguido en razón de una infracción por la que ya haya sido absuelto o condenado por un veredicto definitivo conforme a la ley y al procedimiento penal de cada país.