El uso de infiltrados y
provocadores por parte del Ministerio del Interior y de sus agentes
administrativos y locales, como son los intendente y Carabineros con sus
fuerzas especiales, es muy conocido. Y eso por todos lados. Los encapuchados
por los que los ministros del interior juran que justifican nuevas leyes
represivas, cuando son detenidos terminan siendo de las mismas fuerzas
represivas. Esto, sabemos, ha sucedido muchas veces con los estudiantes en las
ciudades donde para desvirtuar en la justeza de sus luchas hacen aparecer encapuchados.
El infiltrado actual, Raúl
Castro Antipán, que participó en acciones violentas y en las que él mismo
reconoce su participación de infiltración, su cercano contacto con las fuerzas
especiales de carabineros y el que fuera informado por los mismos Carabineros
de actos violentos antes de que ellos sucedieran es prueba adicional de lo que
ya se sabía. Ha participado armado y haber
disparado, reconoce desde por lo menos el año 2009. Y, por las formas como se
detiene y acusa sin evidencias, esto lógicamente, sucede en diversos sectores.
La enorme mayoría de los detenidos con estas intervenciones ilegales
patrocinadas por el Ministerio Público y favorecidas por el Ministerio del
Interior son absueltos. Y eso es parte del acoso y persecución constante contra
el pueblo Mapuche. Esto es también típico dado el enorme número de detenidos
sin evidencias y que deben ser liberados. Indica Castro Antipán que a él “no le
pagan sueldo pero que le dan un Departamento”… “A confesión de partes”, como se
dice, y dicho en forma tan clara es obvio que tanto Carabineros como el
ministerio Público (o el Ministro jefe de orquesta de los montajes, Andrés
Chadwick) nada dicen y solo hablan vaguedades, lanzándose la pelota de un lado
a otro. Ellos son parte del problema pero no de la solución. (Oriana Miranda, de Radio Universidad de
Chile y del Diario Electrónico lo ha detallado en sus ediciones de los días 15
al 17 de febrero. Otros medios también lo mencionan y, algunos, buscan
minimizarlo y justificarlo).
La denuncia del Lonko Víctor
Queipul, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, es muy importante. Da
transparencia en lo que son las conocidas violaciones del sistema policial,
gubernamental y de la misma Fiscalía y constata que las denuncias hechas por
los dirigentes Mapuche, las que son constantemente criminalizadas por la
“autoridad”, son verdaderas. El Ministerio del Interior, por ya varios años usa
la táctica de acusar y lanzar la Ley Anti-Terrorista (LAT) en todas las
direcciones. Basa sus acusaciones aún antes de iniciar sus acciones y previene
las verdaderas investigaciones que los casos ameritan, pidiendo penas y
condenas por razones políticas, sin evidencias y poniendo montajes y usando
estos provocadores e infiltrados que tenemos muy claramente al frente. La violación
de las normas judiciales y seguridad es una constante y esto incluye la
persecución de menores.
En el caso de la inmediata
demanda de anulación hecha por el ministro Chadwick, en el reciente juicio que
absolvió al Vocero Mapuche de la Comunidad Wente Huincul Mapu, Daniel Melinao,
el ministro demuestra seguir los pasos de su inspirador, el mismo dictador
Pinochet, quien nunca aceptaba perder la oportunidad de reprimir o que le
limitaran su capacidad de condenar a sus enemigos. Es importante relacionar que
ese dirigente es perseguido con furia. Hace poco, en octubre 2013, un sobrino
de él, Rodrigo Melinao, fue asesinado y nada ha hecho el gobierno ni el
ministerio público para resolverlo. En el caso de Luis Melinao, quien fuera
acusado junto con Patricio Queipul, se condenaba a dos menores que llevaban
largo tiempo presos y perseguidos por dos bien conocidos casos-montajes: el
“asalto al Peaje de Quino” y el “incendio del TurBus”. Solo los menores fueron
mantenidos bajo persecución. Pero ahora fueron absueltos por falta absoluta de
pruebas. Ambos jóvenes son familiares de
dirigentes importantes Mapuche y de comunidades que luchan por sus derechos y
que sus demandas se ajustan a las normas del Convenio 169 de la OIT.
Hemos visto como desde enero
del 2013, inmediatamente luego de que sucediera el crimen de la pareja
Luchsinger-Mackay, el Ministro exigía el uso de la LAT y pedía cadena perpetua
para el Machi Celestino Córdova. (En esos meses fueron cinco los/as Machi que
fueron detenidos, incluyendo a la Machi Millaray que exigía que la Central de
Pilmayquén fuera mirada bajo el Convenio 169 de la OIT, con la participación de
las comunidades Mapuche porque dañaba a su comunidad en forma grave. Incluso un
Machi ciego, de Chol-Chol fue detenido. Era un ataque contra otro grupo de
autoridades Mapuche, que es la forma como criminalizan todas las justas
peticiones del pueblo Mapuche. Fueron muchos los meses durante los que esa
Machi estuvo detenida: las razones son siempre las mismas… El gobierno ha
criminalizado a todo un pueblo y no sabe salirse de esa posición. Pero al hacer
eso, tampoco busca soluciones objetivas y de acuerdo con los convenios
internacionales y que, por haber sido firmados por el gobierno de Chile, deben
ser parte de las leyes chilenas que deben resolver estos litigios. Las “pruebas” que esgrimen el Ministerio
Público y los tres fiscales que tienen en el juicio, más la constante
orquestación que el gobierno y los medios de información hacen (El Mercurio, la
3a. Y los canales de Televisión) no logran demostrar el carácter de terrorista
ni de articulación evidente con la violencia que pretenden. Tampoco de que el
Machi estuviese en el lugar del crimen. Tampoco logran explicar las incontables
vainas y cartuchos encontrados en el lugar del crimen o de que la bala que él
recibió fue efectivamente disparada en el lugar que se dice, ni que provenía de
una pistola del Sr. Werner Luchsinger. Un año entero han tenido para investigar
con seriedad este brutal caso. Sin embargo, nada han avanzado. Repetidamente
utilizan políticamente el justo y comprensible dolor de la familia pero nada
hacen por investigar en forma correcta. Cuando el abogado querellante del
gobierno insiste en repetir de que el “ataque de Vilcún iba dirigido contra en
contra del estado chileno” intenta crear el temor y el racismo como un
mecanismo que promueva apoyo al Estado y, al mismo tiempo, el dejar al Mapuche
como el “enemigo”. (El Austral www.australtemuco.cl - Martes 4 de
febrero 2014, página 2 a la 5) Es decir, quieren hacer creer que todo proviene
de un pueblo criminal y al Machi le atribuyen todas las maldades del mundo pero
no son capaces de investigar y encontrar evidencias o cómplices que podrían
confirmar la tesis del “terrorismo”. El gobierno adolece de la peor falla
legal: no se ha atrevido a que sus investigaciones se basen en evidencia y
sigan mecanismos legales justos y de acuerdo al debido proceso. Las lesiones sufridas por el machi no han sido
consideradas. “Si está herido tiene que
ser el criminal”. Y eso no es suficiente para condenarlo, especialmente cuando
se sabe de los montajes y de las intervenciones que el gobierno y carabineros
hacen para luego acusar a sus “enemigos políticos”. No olvidemos que el Machi
fue herido a bala con la intención de matarlo y la golpiza sufrida al momento
de su arresto le ha hecho perder la visión en un ojo. Ha habido intento de matar al Machi porque
eso habría permitido al gobierno acusar a un Mapuche más y reforzar el
concepto del "enemigo" del que tanto habla el gobierno. De haber muerto al Machi éste no
habría podido ser defendido y la acusación habría sido puesta como
indiscutible. La tesis del gobierno habrá salido perfecto. Pero la presencia de los
provocadores e infiltrados de Carabineros no solo no resuelve el caso
del crimen de la familia Luchsinger –Mackay, sino que lo complica y pone la
actitud del gobierno muy lejos de lo que debe ser, es decir, buscar hacer
justicia. Además, en el caso de esta pareja, no existen los elementos de que
hubiese litigio por esas tierras tampoco. El gran conflicto del pueblo Mapuche
es con las empresas forestales, las que son apoyadas con las fuerzas especiales
dado que las forestales han invadido todo el territorio de las regiones VIII y
XI. En los incendios de bosques, fuera de “acusar a los terroristas Mapuche
nada dice sobre los incendios que afectaron a comunidades Mapuche” el gobierno se negó por días en asistirlas en
contener el fuego. Estos incendios, como
en los del año 2012 cuando el gobierno acusaba incluso a los detenidos en las
cárceles antes y durante esos incendios, terminaron con el silencio del
gobierno. Fueron usados para mantener el terror de la población y promover el
miedo a los Mapuche.
La denuncia del lonko
Queipul, de Temucuicui trae nuevas argumentaciones contra el quehacer del gobierno
en su guerra sucia contra el Mapuche: la manipulación de las familias con el
uso de los infiltrados y provocadores (incluso delincuentes usados en otros
juicios y que son pagados por Estado)
Carabineros y la Fiscalía se culpan entre sí pero no resuelven nada que
sea eficiente. Los gobiernos de Chile, por ya mucho tiempo, al hacer estas
manipulaciones demuestran que las violaciones del Debido Proceso y el manejo de
la información van a apoyar a los sectores que se benefician con la guerra contra
el pueblo Mapuche. Así empujan a las familias a mantener un odio artificial
promovido por el Estado y por empresas impúdicas que lo controlan. ¿Qué va a decir el Ministro Chadwick cuando
la inmoralidad no puede sino salir de su escritorio? ¿A quién va a culpar ahora,
o va “a morir piola”, como también acostumbra?
La situación de la Araucanía y la destrucción del medio ambiente y de la tierra por las forestales: un drama nacional
Acabo de hacer un viaje por
amplios sectores del WallMapu (Araucanía según el Estado) y veo con tristeza e
inquietud como todas las tierras de la VIIIa. y IXa Regiones están totalmente
invadidas por las forestales y que el daño que se le hace a la tierra y al
medio ambiente es gravísimo. La tierra se ha secado, se la destruye. Los ríos y
lagos han sido polutados y tanto la flora lacustre como la vida se han perdido.
Los ríos se han embancado para mayor daño de nuestro país. Vayan a ver los ríos Bio-Bio, Maule, que son de los
mayores del país y verán que la pérdida de la tierra y del agua, incluso para
beber, en esas zonas son fabricadas por la escala criminal de querer vender la
madera a todo el mundo y mantener las ganancias inmensas de miles millones de
dólares para unos pocos poseedores de las forestales y de las plantas de
celulosa. Y todo esto sucede cuando el Convenio 169 de la OIT define claramente
–y eso lo hace parte de la legislación chilena- del derecho a la protección del
agua del pueblo Mapuche. Chile firmó dicho Convenio en el 2009 aunque el
gobierno impide su aplicación a cada paso. (Ver
libro: “Los pueblos Indígenas y el Derecho”, J Aylwin, M Meza, N Yáñez, y
referencia 171 de una decisión de la Corte Suprema, página 180. Ediciones LOM
2013 )
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