El EPU (examen periódico universal) que se hace sobre Chile en Naciones Unidas permite revisar los avances que hayan hecho los gobiernos cuyo manejo de los derechos humanos ha sido cuestionado. (Ver artículo http://radio.uchile.cl/2014/01/22/la-ley-antiterrorista-esta-bajo-la-lupa-y-el-pueblo-mapuche-va-a-concentrar-la-mayor-atencion )
Por varios años y gobiernos, Chile ha dejado una pésima impresión en ese sentido. Tuve la oportunidad de observarlo directamente en Naciones Unidas, en Ginebra cuando fue el turno del gobierno Bachelet. Los gobiernos de Chile no han cumplido lo que prometen ni reconocen los abusos contra los DH´s que en el país se han hecho. Especialmente con el pueblo Mapuche al que siguen criminalizando, reprimiendo brutalmente, usando la Ley Anti-Terrorista -LAT- sin implementar ninguno de los acuerdos o convenios que han sido firmados al respecto. Recientemente, en el lanzamiento por el INDH, presentado por su directora, Lorena Fries del informe sobre el 2013, el mismo presidente Piñera (que sin ser invitado como orador) se tomó 45 minutos para hablar de sus "enormes resultados" en Derechos Humanos. Hizo caso omiso de las denuncias hechas por Lorena Fries y de la situación explicitada en el libro-informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entregado en ese momento. Terminaba mal lo que había empezado también mal. Peor ha seguido con la frenética actividad acusatoria (siempre sin evidencias pero bien orquestadas por el Ministro Chadwick).
Este año 2014 se ha iniciado con una preparación de violencia y represión enorme por parte del gobierno y los juicios iniciados han sido basados en la LAT, con violación del DEBIDO PROCESO incluso en caso de menores que han pasado ya largos períodos de encarcelamiento "preventivo" en cárceles de menores. Las condenas injustificables obtenidas en las "cruzadas antimapuche" del ministro del interior contrastan con la reacción fundamentalista de que se anule la absolución del Werken Rodrigo Melinao que fue liberado por ausencia de evidencias que, el ministro y el Mercurio, no logran aceptar. Incluso claman que debe ser arrestado porque era "el acusado" de una muerte anunciada y hecha por carabineros en un asalto contra una comunidad, la de Wenke Wilkun Mapu.
La presidenta Bachelet, cuando tuvo "su EPU", no lo hizo bien. De hecho quedó grabado su comentario de que "no había presos políticos Mapuche y que los Mapuche presos eran todos delincuentes" cuando, en una visita a Suiza, fuera enfrentada con la realidad de los más de cien presos políticos Mapuche. Se negó la verdad y la guerra sucia continuó y aumentó. La oportunidad de hacerlo ahora no se materializa ni siquiera en promesas o en preparación de posibles negociaciones. Para ello deberá de conversar directamente con el pueblo Mapuche. Eso significaría reconocer exactamente el Convenio 169 de la OIT que su gobierno manipuló con un decreto que impedía su uso.
Pero no ha habido intentos o promesas que pudieran ser consideradas serias y potencialmente eficientes para hacerlo de parte del gobierno que se inicia el 11 de marzo. El juicio contra el Machi Celestino Córdova, único acusado SIN EVIDENCIAS, SE INICIA EL 3 DE FEBRERO Y SE BASA EN LA LEY ANTITERRORISTA. El pueblo mapuche ya lo ha denunciado y el encarcelamiento del machi es solo la confirmación de que se sigue con la misma represión de siempre. Es más, las víctimas del crimen de Vilcún (el matrimonio Luchsinger-Mackay) está siendo usado políticamente por el gobierno que ha sido incapaz de ofrecerles la verdad y un juicio honrado. Es una manipulación que se basa en exclusiones históricas. La orquestación que se hace de que DEBE SER CONDENADO es vergonzosa y es un mal augurio para este año. Lo que ofrece el gobierno es un linchamiento histórico, clasista y racista, pero no es justicia para nadie.
Si hay la intención de resolver el "conflicto impuesto contra el pueblo Mapuche" -aún no confesada con planes concretos- el gobierno que se inicia debe hacerlo ya porque la violencia y la exclusión siguen y nadie podrá perdonar que esto se mantenga en la indolencia represiva que favorece a forestales y magnates. Los incendios que El Mercurio, la TV y las autoridades del gobierno, como en el pasado, siguen acusando a las comunidades de terroristas e incendiarios. Nada mencionan de los múltiples incendios que sí han sido demostrados como hechos por las forestales para cobrar seguros y de los enormes incendios en las comunidades mapuche (Temucuicui) que afectaron bosques nativos que ellos protegen.
Es un trabajo urgente para el nuevo gobierno que no puede postergarse. De encubrirse a los responsables y seguir con la eterna rutina de acusar al mapuche de ser el "enemigo-terrorista" volveremos a ver que los interesas que dominan la agenda no cambian y que Chile seguirá siendo el paraíso para el lucro y la represión de quienes exijan sus derechos. No será con silencio, sonrisas ni represión que Chile va a salir adelante. El pueblo Mapuche es cerca del 15 de la población nacional: olvidarlo no será posible.
La presidenta deberá desandar caminos de acciones y silencios cómplices del pasado con la represión del pueblo Mapuche. Y también deberá tomar otros nuevos que sean eficientes y justos.
Chile, dijo la presidenta, "debe recorrer los caminos que no se centran en el lucro sino en que los derechos sean cumplidos. Esta promesa debe ser enfrentada eficientemente desde el primer día para que sea cierta. La destrucción del mundo Mapuche por las políticas mercenarias no debe continuar.
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