La Tercera,
diario que ha apoyado a la dictadura y al poder
económico, sorprende al publicar que en Chile hay sobre 400 miembros de las
fuerzas armadas (que incluye policías uniformados y civiles) que siguen
simplemente en sus cargos pese a haber sido juzgados por diversos delitos (http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/03/680-570786-9-informes-revelan-que-400-uniformados-condenados-siguen-en-servicio-activo.shtml)
Es raro que se impresione porque los miembros de las fuerzas policiales o
armadas no cumplen sus penas… cuando ha sido un promotor de la impunidad
tristemente célebre que existe desde el año 1973. En realidad, esos 400 no incluyen, ni de lejos, a todos los que
han cometidos delitos. Especialmente no incluye a los de lesa humanidad y,
raramente los crímenes que implican abusos económicos que significan estafas
inmensas.
La represión en
Chile siempre ha necesitado de sus esbirros: que sean los asesinos de Mapuches,
o los que asaltan bancos o se quedan con la droga incautada en sus
operativos. O, peor aún, los grandes magnates, que siempre terminan tranquilos
y siguen engordando. El que el ex-presidente, antes de ser elegido, haya hecho
un fraude en el Banco de Talca por sobre 250 millones dólares y su proceso haya
sido escondido por orden de Pinochet mismo no es para sorprenderse. Tampoco que
se haya "comprado" 115.000 hectáreas en Tantauco (Chiloé) y jamás haya
aceptado discutirlo con el pueblo Huilliche, propietarios históricos de esas
tierras. Los crímenes de Mapuche o estudiantes han sido "juzgados"
por la justicia militar que no es otra cosa que el timbre de la impunidad total
dada la Constitución que nos dejarán Pinochet y que Ricardo Lagos haya firmado
sin democratizarla para nada. Los ministros del Interior se han dado el lujo de
exigir cierto tipo de condenas, de imponer la ley anti-terrorista y, sobre
todo, de asegurar la impunidad de los crímenes del Estado. Todo esto pese a que
Naciones Unidas y las organizaciones de Derechos Humanos siguen condenan al
país por esos actos
La opinión del
nuevo Intendente Francisco Huenchumilla, interesante y valiosa como es, lo va
ser realmente si se mantiene en el tiempo y se traduce en actos reales de
justicia y respeto para el pueblo Mapuche. No en frases de compromiso o en consideraciones que quieran
sobrevalorarse cuando solo sean limosnas.
Sin embargo, el proceso seguido “para
este perdón” es inadecuado. Debería de haber seguido un curso diferente: es curioso que sea un Mapuche el que
pida perdón al pueblo Mapuche por los crímenes del Estado y no el Estado mismo
que es el que ha dirigido la represión contra este pueblo hermano. Sin
pretender que la situación de los pueblos indígenas de Australia o de Canadá
sea realmente una vida democrática y de equidad para sus pueblos porque en sus
respectivos países son los más pobres y excluidos de todos. Pero allí han sido
los jefes del gobierno los que pidieron perdón.... Así, dejada la declaración
del Intendente aislada, como la opinión de un Mapuche que no es respaldado por
la Jefa del Estado, bien podrá pasar sin ser eficaz, por bien intencionada que,
creo, pueda ser. Es muy posible que al Intendente en Temuco,a quien bien pueden
sacarlo porque se cumple el principio de que "el mejor Mapuche es el indio
muerto" (o descarrilado, preso o ignorado, y siempre el que vive en la
miseria y recibe los peores servicios. El gobierno debe actuar en forma
responsable y la presidente debe confirmarlo, apoyarlo y hacer los actos
correspondientes. Las buenas razones serán las que se hagan y no aquellas por
las que solo se lamenten algunas personas.
Por eso, nada hay de extrañarse en que a los peones
represivos los dejen en libertad y se intente que estos sean olvidados. Pero, siguiendo en este tema, el oficial Pedro Fernández Dittus,
quien fue el jefe de la patrulla que quemó vivos a Carmen Quintana y a Rodrigo
Rojas de Negri (este fue asesinado) lo hayan nombrado en el gobierno anterior
de Bachelet, como sostenedor de un Colegio en La Reina, en calle Arrieta, y que
este se mantenga como un absceso en la frente, igual que las estatuas de los
"próceres" de la dictadura... Y este criminal de lesa humanidad sigue
muy tranquilo, impune y haciendo negocios con la educación. Los más de 180.000
personas que desfilaron ayer en la marcha de todas marchas, exigiendo una
verdadera democracia, respeto a los derechos humanos, una educación y salud,
así como el respeto al medio ambiente y al futuro, el de los niños, de las
mujeres y el de trabajadores por todo el país. Que El Mercurio diga que fueron
"25.000" no debe extrañarnos... pero el nuevo gobierno tiene un
mensaje muy claro del pueblo. ¿A quien va a escuchar y que es lo que va a
hacer?
Un ejemplo
adicional: desde 1993 existe una ley de protección para resguardar los derechos
indígenas para el uso de las aguas (Ley 19.253) Nada se ha avanzado y hoy las comunidades han
perdido no solo sus tierras y viven bajo una guerra sucia, sino que han perdido
sus ríos, lagos y lagunas, canales de agua y ni siquiera tienen agua potable
para su consumo diario. Invito a que se recorran lo campos y caminos de nuestro país, especialmente todo el mundo Mapuche para verificar el crimen del agua. Ahora, cuando la Unión Europea ha declarado un derecho
inalienable el acceso libre al agua, como se va a implementar este derecho en
un país que se lucra con el agua y mineras y forestales destruyen los recursos
de agua y la tierra? Ante los crímenes de lesa humanidad, como se ha demostrado en el mundo y sigue avanzando en Argentina, deben ser actualizados con juicios justos y jamás esconderlos en los mecanismos inmorales de la impunidad que otorga este país con la "justicia militar" que es una vergüenza nacional.
La ley del embudo sigue siendo el centro de la justicia en Chile y este gobierno debe delimitar sus campos y llevar este país hacia la justicia y la equidad. Las demandas populares y el futuro no van a permitir que se les ponga de lado para mantener un equilibrio político como el que hemos visto por ya más de 23 años.
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