La tradición de violencia de los gobiernos de Chile es responsable de la no solución del mal llamado "conflicto mapuche".

Una historia de abusos y despojo no se resuelve con más violencia, atropellos y actos represivos. El papel de los gobiernos muestra una incapacidad obsesiva de injusticia y racismo.

La historia de la relación con el pueblo Mapuche, desde los inicios del Estado chileno, el que sólo se limitó a heredar el país y a reprimir a los que designó, en forma ciega y deshumanizada como "sus enemigos" no ha permitido un crecimiento fraternal. Los decires y voluntarismo del Presidente y de sus ministros del Interior han demostrado sesgo y actitudes terroristas a cada momento. No han respetado los mecanismos internacionales de negociación, reparación y estímulo social que entregan Convenios como el 169 de la OIT.  El uso hoy de cuerpos de choque con acciones históricas vergonzosas como las de Cornelio Saavedra y del "héroe" Trizano, que sembraron el terror y la muerte en el siglo XIX, refuerzan con más violencia los ataques de grupos de choque institucionalizados que amenazan y golpean a las comunidades. Se usa, incluso, sectores lumpen al servicio de las forestales que vemos en los caminos. Las enormes compras de armas de las forestales y el despliegue violentista con el que chantajean a un gobierno que se deja chantajear, reflejan la ausencia de una mentalidad de justicia. Los incendios de las comunidades y crímenes impunes de Mapuche -que incluyen 13 personas desde el 2002, de menores que han sufrido torturas y los asaltos a las comunidades y encarcelamientos inmorales son una vergüenza que hasta en Europa hoy se conoce y que se la enrostraron con razón al Presidente Piñera en el Parlamento Europeo. El Ministro del Interior no sabe qué es la democracia ni quiere saberlo. Su historia es la de haber sido peón del dictador y de seguir imitando sus "ejemplos".  Acusa a las víctimas, a los extranjeros que vienen a observar las violaciones y no tiene ni la menor capacidad de auto-evaluarse.  Su capacidad de dirigente estudiantil en la U Católica le fue entregada por el dictador mismo. La violencia de hoy lo muestra como es. Y esa violencia es atributo de cobardes. Su diseño de la violencia del Estado ha permitido también arrinconar a otros sectores en un callejón sin salida. La inaceptable y dramática muerte de la pareja Luchsinger-McKay, con la que nadie solidariza, se origina en ese esquema infame y sectario de nosotros contra el enemigo.  

Mientras no se incluya una voluntad democratizadora, de justicia, Chile seguirá preso de un sistema inconstitucional, pro-lucro y de rasgos racistas que destruyen a nuestros pueblos. Las leyes anti-democráticas como la anti-terrorista, los Estados de Sitio y de excepción son parte de la misma y fracasada actitud. Cuando el Presidente habla de criminales –y sobre lo que la misma Corte Suprema, que nunca hizo regalos al pueblo Mapuche, lo desmintiera hace dos meses- determina poner un cerco de espionaje y violencia contra todo el pueblo Mapuche y expone su pobre expresión pro-democrática y refuerza su tendencia autoritaria. El lucro, para él y su gobierno, todo lo justifica. En los gobiernos de los últimos años se ha dado sumas exorbitantes de "compra" por predios a algunos "agricultores en conflictos demostrados" que no los valían pero nunca se ha propuesto un apoyo real a los Mapuche para que logren recuperar su calidad de vida. Desde el año 1973 hasta ahora, el despojo ha sido de sobre 7 y medio millón de hectáreas en las que se destruye el medio ambiente. Vanagloriarse de haber "entregado" a algunos Mapuche de su gusto, 31 mil hectáreas es un mal chiste. 

No es con medidas anti-democráticas que el Presidente y su ministro, Sr Chadwick, quienes podrán construir la paz que el país necesita. Demonizar a los organismos de derechos humanos y volver a culpar a colombianos y otros países, poner controles en los campos porque todos son terroristas, muestra el camino errado... como siempre, "a la Pinochet". Es un grave error no incluir en sus decisiones a los Mapuche para poder desarrollar sus escuelas, su idioma, su visión del mundo y su sentido del respeto por la naturaleza. Ellos deben ser considerados. Desarrollo humano y social no es sólo amasijar fortunas y defenderlas con acciones violentistas y más armamentos. Eso es impedir la expresión democrática de un pueblo entero que no es ni ha sido violento. Las muertes, a manos de la represión institucionalizada, siguen impunes y el Estado no hace sino atacarlos más y más y seguir funcionando con su tradición racista. La voluntad de Justicia y leyes que lo permitan son necesarias con urgencia.