Los nuevos actos terroristas estatales de ayer contra la Comunidad Autónoma Mapuche de Temucuicui confirman que la respuesta
sigue siendo un rotundo NO.
El Estado mismo, en sus bases históricas, siempre ha buscado la forma
de excluir al Mapuche, de mostrarlo como ajeno y como responsable de sus “medidas
de protección ciudadana”, aunque estas lleguen al acoso desmedido contra todo un pueblo. La historia del Estado
chileno contra nuestro pueblo originario se caracteriza por su racismo y la justificación de sus medios de constante
protección a los
sectores que han profitado del despojo. Por pedir justicia y exigir sus derechos se lo llama "enemigo". "No se ejerce violencia sino una
perfecta justicia", dicen. Ni los observadores de los juicios contra el Mapuche o de Derechos Humanos, entre los que me incluyo, como
tampoco los historiadores y el mismo pueblo víctima de esta guerra pueden estar
de acuerdo con este juicio. Como las evidencias se esconden y el Estado
criminaliza todo, no hay sino un causante: tienen que ser los mapuche. Lo
vienen diciendo –mediante sus medios como El Mercurio desde el siglo XIX en sus
editoriales- de que hay que eliminarlos. Se les ha mantenido mediante la fuerza
bruta del Estado en condiciones sub-humanas y se les acusa a ellos mismos de
esa realidad. Ponen a la cabeza de la represión a individuos que luego de la
dictadura y de sus actos execrables, militarizan primero las fuerzas de
Carabineros (General Bernales, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, mantenida
por …Bachelet) y hoy en día, por un
general con turbio prontuario contra los derechos humanos que se jacta de “saber
tratar a los indios” demostrando "como se los debe tratar" (casos de múltiples asaltos a las comunidades
de Chekenko, Wente Winkul Mapu, José Guñón y otras en las que ordena y
autoriza a sus hordas para que hagan temblar la tierra, como el caso de la Comunidad
José Jineo (en Metrenko) donde el país entero vio un video, hecho por una hija menor de la agredida, la valentía e impunidad de un miembro de las Fuerzas especiales golpeando
a una mujer que tenía su hijo
de dos años en
brazos y los tirara a ambos al suelo. Dicha evidencia y otras similares en
Temucuicui, Muko, José Guiñón y Wente
Winkul Mapu (para hablar solamente de ese sector) llevaron a que la Corte de
Apelaciones de Temuco ordenara la prohibición a Carabineros de seguir usando la
fuerza desmedida, abusiva con armas químicas, balines metálicos en cantidades masivas (como
los he visto yo mismo al llegar a esas comunidades poco después de “los
guardianes del orden”).
Pero el Estado es
poderoso y tiene bien organizado y aceitado su aparato: El Ministro del
Interior se ha negado a explicar en múltiples ocasiones en el Congreso
(Comisión de DDHH’s)
lo que es “su represión”. Su
Intendente Molina, su subsecretario Ubilla, su General Iván Bezmalinovic –que tiene ya dos
operativos en que se asesinó impunemente
a Rodrigo Cisternas (obrero de la Celulosa Arauco acribillado en Laraquete
2007) y Jaime Mendoza Collío, comunero
del Lof Chekenko asesinado bajo el gobierno Bachelet. Ambos siguen sin recibir justicia y a los responsables se los
trata de héroes. Para resolver el conflicto con la Corte de Temuco se fueron a
la Corte Suprema donde siempre encuentran oídos receptivos si se trata de
culpar al Mapuche sin evidencias. La colusión del Estado funcionó y, pese a la evidencia y a la enormidad
del crimen, la Corte Suprema entendió este “derecho natural” del Estado
de poder golpear y abusar del pueblo Mapuche. Como era de esperar, un sistema
de Justicia de una sociedad injusta, tenía que ser coherente: les permite
seguir haciendo todo tipo de actos execrables, “a la chilena”, contra “su
enemigo histórico”. Por
eso hacen un nuevo asalto… y se permiten orquestar hasta un “crimen de un
carabinero” y cargárselo al
pueblo Mapuche lo que no logran ni siquiera a pesar de tener una Justicia
Militar (es decir, cero justicia), un establecimiento político amaestrado y a medios como La
Tercera, El Mercurio y la Televisión, completamente serviles a un
Estado pro-lucro. La realidad es que los tres poderes
del Estado y el gobierno, como jefe de orquesta de esta agresión permanente –guerra sucia para ser
más precisos-
creen que Chile es un Estado de derecho, transparente e ideal… Tanta es su
mentira en el actuar que pretenden que somos una isla de paz y justicia en un
mundo convulsionado y amenazado por enemigos fantasmas. El concepto de que es
una sociedad basada en asegurar que las fortunas –y no el ser humano- persiste.
Para ello tiene sus poderes y una Constitución hecha en dictadura y reverenciada
en dictablanda.
Carabineros va sin orden de allanamiento a asaltar nuevamente esa comunidad y
sabe de su impunidad y protección asegurada.
Mientras se juzga a varios comuneros
en juicios ajenos al debido derecho, donde se incluye a menores (que son a menudo
torturados física y
psicológicamente)
se usa aún la Ley
Anti-Terrorista (LAT). Por ausencia de evidencias
en estas causas, las Fuerzas Especiales -que parecen actuar independientes del
Poder Judicial- asaltan brutalmente a dicha comunidad. Es la norma desde ya
varias décadas y nada cambia. Las fuerzas aparecen anunciadas por un helicóptero (que pude ver en Enero 2010 y
fotografié en el campo de René Urban, conocido “dueño” de grandes predios resultado del
despojo al pueblo mapuche. Las cifras del costo de la “protección que recibe de Carabineros” son
del orden de tres millones de pesos
diarios ($1.095.000.000
al año… mucho,
mucho dinero… que podría usarse en
apoyo técnico, retorno de tierras, equidad y justicia en vez de colusión con un individuo racista, matón del sector que quiere poder “vender
sus tierras a buen precio” (como lo hiciera Jorge Luchsinger, otro “compadre”
de los que han recibido, como las forestales, la protección ilimitada y brutal de
Carabineros) En el asalto de ayer usaron el helicoptero y las fuerzas especiales "se retiraron" al campo de Urban donde se las encuentra en forma permanente (el mismo lugar donde tomé esta foto el 12 de enero 2012(
Esta colusión y abuso desmedido de un Estado
basado en sus mentiras y ajeno a los principios de Justicia y Equidad es lo que
sigue confirmando el que Chile es un país que sigue limitando al centro de
la Injusticia, como dijera hace muchas, muchas décadas nuestra Violeta Parra. El mundo de
jauja que parece rodear al Presidente y a sus huestes administrativas es una
pantalla inmoral que no podemos seguir aceptando. Las luchas actuales por los
derechos fundamentales de todos los pueblos y de la sociedad civil van a
establecer una Constitución digna,
legítima y
legal, como nunca antes hemos tenido (y cuya expresión actual es la peor de la
historia). Los derechos humanos que se siguen violando para beneficio de
empresarios y profitadores deben respetarse. Esta tarea es lenta pero avanza.
El silencio que el Estado y sus gobiernos han impuesto está en jaque. La sociedad chilena no
puede seguir siendo la misma y pretender ser respetable si mantiene esta complicidad
que nos debe avergonzar y hacer que Chile cambie. Es tarea de la Corte Suprema entenderlo. Y del gobierno.
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