Por una justicia sin condiciones: para todos.
Es una decisión importante, especialmente por ser una de las Cortes más conservadoras del país y haber antes cometido el error de reincorporar a todos los testigos (36) protegidos (falsos) colocados por el fiscal Cruz, ejemplo de un sentido mefistofélico de la Justicia. Esta, al fin del Juicio, demostró su mediocridad y ausencia de sentido profesional. Actuó por matonaje, impuso criterios basados en tortura real, demostrada. En ese momento esta misma Corte apoyó esa aberración legal y permitió la injusticia histórica de los juicios de Cañete que se materializó en ese veredicto viciado que encarceló en forma injusta a los comuneros... Es bueno que ahora sea rechazado. Parece que algo han aprendido porque ahora rechazan los montajes que los condenaran. Es una vuelta de carnero... Los ministros deberán revisar sus códigos éticos porque han promovido y defendido el abuso.
Importante porque todos los análisis hechos sobre los juicios de Cañete, incluyendo el de la Defensora Nacional, Paula Vial, y los sectores de DDHH’s indican que no hubo respeto al derecho del detenido, que se usó el derecho penal del enemigo lo que es una acción monstruosa. Es decir: “No hubo defensa posible, (ergo) No hubo Justicia”, como la misma arbitraria Constitución lo indica (aunque bien puede llegar el Tribunal Constitucional y echar todo por la borda ya que la Constitución de Pinochet da todas las opciones para seguir reprimiendo, para pasar por encima de todos lo poderes y entregar las decisiones a un cuerpo designado y sin valor democrático alguno).
La Corte Suprema no debería tener problemas en aceptar el recurso de anulación y liberar a los presos que llevan dos años y más detenidos por una Ley Antiterrorista que tantos daños causa por todos lados. Además del abuso moral y de los costos en todo orden de cosas para el pueblo mapuche. Porque la ley era injusta y brutal nunca mencionaron la necesidad de establecer mecanismos de reparación a estos abusos.
Ahora el Estado debe ponerse a la tarea de establecer como ley nacional el Convenio 169 de la OIT y usarlo. Sin decretos como el 124 que fue hecho para no aplicarlo. Eso evitará las persecuciones ilegales, ilegítimas y que favorecen a empresarios inescrupulosos que han controlado una abusiva "justicia a la chilena", de tan pésima reputación por el mundo entero, en su favor.
Es una vergüenza la forma como los fiscales han actuado: de forma arrogante, atropelladora e ilegítima. Lo que vemos en las ciudades con los mal llamados casos bombas, también muestran una irresponsabilidad inaceptable. Ese espíritu simplista de persecución política de algunos fiscales fundamentalistas debe ser impedida: y los premios que hayan recibidos por sus “servicios” al poder establecido deben ser retirados. Por ejemplo, el que se les promueva a situaciones de poder donde más daño aún pueden cometer (Caso del Fiscal Alejandro Peña que ejemplifica estas barbaridades) Los fiscales que no saben actuar con ética y rigor profesional deben ser removidos y, por su irresponsabilidad y gastos inmensos que generan a los afectados y al fisco, imponerles los costos de las reparaciones que se deben instituir. Basta ya de llamar a todo lo que se mueve terrorista: estudiantes terroristas, desde la secundaria a los universitarios. Perseguir ideologías es antidemocrático, impedir el manifestar opiniones ante agresiones sociales del Estado, como la promoción de proyectos que benefician a unos pocos millonarios y contra el futuro de generaciones debe terminarse. Intimidar al pueblo en el ejercicio de sus derechos, amenazar con condenas del infierno y, también, llamar eco-terroristas a los que defienden el medio ambiente es promover la sobrevaloración del dinero contra los derechos de las personas. No queremos que prevalezca el criterio de “después de mi, el diluvio”. No más de esto. No más: ¡entiéndalo! porque no es difícil de entender si hay algo de honradez. Cuando la represión es mostrada como sana, como lo hace el Ministro del Interior, el Presidente o Generales de carabineros, debemos concluir que hay algo podrido en nuestro país.
El Recurso de Anulación pedido por el Juicio de los comuneros mapuche debe ser aceptado si queremos movernos hacia una justicia moderna y que sea, simplemente, justa. Más aún, se trata de llevar adelante una Asamblea Constituyente que permita tener una Constitución participativa, democrática y respetable. Muy distinta del mamarracho actual hecho con el único fin de hacer persecuciones políticas para tener una sociedad sin equidad, justicia o respeto por los derechos humanos. Esta nefasta herencia del dictador y de sus ideólogos pretende ser llevada a una fase superior de neo-pinochetismo, una especie de dictadura perfecta.
Esta conclusión de este triste y sórdido episodio de nuestra historia debemos meditarla porque la Constitución actual nada tiene de justa o de democrática. El gobierno debe salirse de su auto-justificación y gobernar con justicia y equidad y ya no más para unos pocos enquistados en su megalomanía. La juventud y el pueblo chileno –todos los chilenos, de todos los rincones del país y pueblos-, tenemos el derecho a tener un país que respete a todos y a cada uno. Todos debemos exigir que la tolerancia social recupere el lugar que merece en una sociedad pretendidamente moderna. Hacer unidad de criterios y proyectarnos hacia una Constitución respetable, es algo que podemos hacer. Para ello los intereses mezquinos y politiqueros deben terminar. Las luchas por los derechos fundamentales deben ser más que toleradas: deben ser promocionadas para que este proceso se haga lo antes posible y se recupere el tiempo perdido. Existen los recursos. ¿Y la voluntad democrática dónde está?
José Venturelli, Pediatra, Vocero del Secretariado de la Comisión Ética Contra la Tortura
Un comentario al partir, por un tiempo, de Chile: 25 de Mayo del 2011
No comments:
Post a Comment